Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129196
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular de Leandro Eduardo o Leonardo Eduardo Fernández (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.196-RQ, caratulada: "Fernández, Leandro Eduardo o Fernández, Leonardo Eduardo s/ Recurso de queja en causa n° 69.484 y su acumulada N° 69.482 seguida a Vera, Oscar Nahuel del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, el 6 de junio de 2017, declaró -en lo que aquí interesa destacar- la inadmisibilidad del recurso extraordinario de nulidad presentado por la defensa particular de Leandro Eduardo Fernández contra la resolución de ese mismo órgano que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de San Isidro que lo condenó a la pena de cinco años de prisión, ocho años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de abandono de persona agravado por haber causado un grave daño en la salud de la víctima, amenazas coactivas y falsificación de documento público, todo en concurso real entre sí (v. fs. 57/64).
II. Frente a lo así resuelto, el señor defensor particular del nombrado -doctor Daniel Héctor Medi- dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 65/69).
En primer lugar, discrepó con los argumentos brindados por el a quo para desestimar la vía extraordinaria. Sobre el punto, entendió que en el caso no se había fundamentado la efectiva existencia de los elementos subjetivos requeridos por las figuras penales atribuidas a su asistido, ni la aplicación de las reglas de la coautoría funcional (v. fs. 65 vta./66). Agregó que la mera invocación de los arts. 45, 106 segundo párrafo, 149 bis segundo párrafo y 293 primer párrafo del Cód. Penal, no alcanza para desvirtuar la denuncia de ausencia de fundamentación (v. fs. 66 vta.).
De seguido, se ocupó de lo expresado respecto de cada uno de los delitos endilgados a su defendido, concluyendo que no se acreditó en la causa la existencia de por lo menos una de las dos variables que permiten determinar cuando la concreción simplemente fragmentada del delito posee entidad suficiente como para dominarlo funcionalmente y calificar a los sujetos actuantes como coautores funcionales, no encontrándose probado en qué consistió el presunto aporte de Fernández en la ejecución de los hechos (v. fs. cit./68 vta.).
III. Más allá de las consideraciones que pudieran formularse respecto al modo en el que la parte acompañó las copias necesarias para su análisis, la queja formalizada es improcedente (arts. 486 bis y 491, CPP).
1. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de nulidad.
Para arribar a tal decisión, afirmó que pese a que la denuncia de ausencia de fundamentación normativa habilitaría la vía del art. 491 del rito, el recurrente incumplía la carga técnica que impone el art. 484 del Código Procesal Penal. Ello, en razón de que la fundamentación normativa que se dice omitida aparece citada a fs. 139, 140 vta., 143, 144 y 145 vta. (v. fs. 63). Sumó a lo expuesto que si la sentencia se abocó al tratamiento de los agravios, analizando prueba y citando expresamente los artículos en los que se asienta el sistema de valoración probatoria empleado, la mera afirmación en contrario no resulta suficiente para tener por cumplido el requisito de motivación mínima (v. fs. 64).
Por último, expuso que si el recurrente pretendía con su agravio denunciar una fundamentación insuficiente debió haber canalizado su reclamo por la vía del art. 494 del CPP (v. fs. cit.).
2. Frente a lo así decidido, la defensa particular no logró remover con eficacia los fundamentes en base a los cuales se desestimó la vía del art. 491 del Código Procesal Penal, en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario local.
Cabe recordar que la decisión denegatoria (la que no concede el recurso) es el exclusivo objeto impugnable y la motivación de la presentación directa no puede tener otro que no sea la censura a la errónea inadmisión del recurso.
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular de Leandro Eduardo o Leonardo Eduardo Fernández (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. -
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Registrada bajo el n°2784
Fin de la sentencia