Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 126972
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Kogan, de Lázzari , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 126.972, "Altuve, Carlos Arturo (Fiscal). Recurso de queja en causa n° 69.435 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI, seguida a Nadeo, Eduardo Jorge".
La Sala Sexta del Tribunal de Casación mediante el pronunciamiento dictado el 31 de agosto de 2015, rechazó por improcedente el recurso fiscal deducido contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza que absolvió a Eduardo José Nadeo respecto del delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego por el que fuera acusado. Sin costas en esa sede (v. fs. 70/75).
Frente a lo así resuelto, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 77/92), que declarado inadmisible por dicho órgano intermedio (v. fs. 90/92), motivó la interposición de la queja pertinente (v. fs. 144/148 vta.), a la que esta Corte hizo lugar concediendo la vía extraordinaria deducida (v. fs. 152/153).
Emitido el dictamen de la Procuración General, que mantuvo el recurso fiscal y aconsejó su procedencia (v. fs. 165/168); dictada la providencia de autos (v. fs. 169), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor fiscal denuncia que la decisión del Tribunal de Casación de confirmar la absolución decretada respecto de Eduardo Jorge Nadeo, resulta arbitraria por desentenderse del plexo cargoso reunido, valiéndose de fórmulas genéricas que no se ocupan de los agravios planteados por esa parte y consagrando un argumento que contradice la doctrina legal según la cual, la aplicación del principio de la duda debe ser el resultado de un razonar correcto, derivado de la racional y objetiva valoración de las constancias de la causa.
Sostiene que el tribunal revisor llegó a la conclusión sobre la falta de prueba de la autoría del imputado en la tentativa de homicidio que se le reprocha, a partir de "...un análisis abstracto y conjetural con relación a la percepción que la víctima [Jorge Alberto Mascia] tuvo respecto del autor del hecho" (fs. 79 vta.).
Recuerda que el nombrado declaró que estando en el comercio denominado EMAUS, ingresó Nadeo apodado "el pirata" y le dijo, "...'te vengo a matar', le arruinaste la vida a mi hijo, a mi me queda poca vida"; que "...tenía un '38 largo empavonado' y le tiró los primeros tiros y luego cinco tiros más, [...] llegó la policía y lo llevaron al hospital. Que Nadeo se retiró corriendo y había un pibe que cuidaba los coches y también se asustó. Que siempre le dijeron el 'pirata' porque tiene un ojo mal" (fs. 80). Que también contó que "...el hijo de Nadeo -de nombre Jorge [...]- había sido su socio por varios años (más de veinte) [...] en la fábrica de aluminio. Que los conflictos se comenzaron a suscitar porque Jorge Nadeo sufría de depresiones y se llevaba todo..." (fs. 80 vta.).
Según el recurrente, los dichos del damnificado se encuentran corroborados por los de Jorge Omar Ostratiqui, quien dijo que el que estaba armado "...'era una persona adulta', y que al salir y acercarse a Mascia, éste -estando herido- le dijo: 'fue el pirata metalero'"; y lo relatado por el funcionario policial Carlos Alberto Méndez en cuanto a que al arribar al lugar y acercarse a la víctima, "...ésta le manifestó que lo había agredido un tal 'metalero'" (ibíd.).
Refiere que el acusado expresó "...que la víctima le arruinó la vida tanto a él y su familia y que por [su] culpa [...] habrían despedido a más de dieciocho personas de su familia que trabajaban en su negocio"; que reconoció ser apodado "el pirata" y aprendió a usar armas de fuego en el ejército (v. fs. 80 vta. y 81).
En el parecer de la fiscalía, es absurdo lo resuelto por la casación respecto a que el testimonio de cargo prestado por la víctima no alcanza para establecer la autoría de Eduardo Jorge Nadeo, en atención al aludido conflicto comercial de mediana data existente entre aquella y el hijo del imputado.
Argumenta que dicho razonamiento es abstracto y conjetural, ya que "...si la victima simplemente lo hubiera sindicado a Nadeo sin expresar razones o motivos que avalen la agresión, su testimonio hubiera sido valorado sin repisas y no le hubiera quitado imparcialidad" (fs. 81 vta.); además de contradecir la doctrina de esta Corte sobre el punto que cita, conforme la cual, la condición de víctima no impide, por si sola, que su testimonio pueda ser valorado en calidad de hábil, sin que se hubiese evidenciado que la circunstancia apuntada afectase la credibilidad de Mascia; y por el contrario, no resultase el motivo por el cual el acusado efectuó los disparos para terminar con la vida del referido afectado.
Estima por tanto que la prueba ha sido valorada de forma absurda y arbitraria, pues si lo expresado por la víctima fue corroborado por el imputado, no es posible arribarse a un veredicto absolutorio por aplicación del in dubio pro reo , sino a través de similar dogmatismo en que incurriera también el tribunal de grado.
Asimismo destaca que el a quo analizó parcialmente la declaración de Ostratiqui, al detenerse en que había dicho que "...el sujeto activo tenía más de treinta o cuarenta años de edad", siendo que el enjuiciado era una persona casi octogenaria; pues de tal forma habría dejado de lado su referencia a que el agresor estaba "...como apoyado en el parante de la camioneta Grand Cherokee -propiedad de la víctima-"; dato que en su opinión, permitiría inferir que el procesado, en virtud de sus limitaciones físicas y de visión, buscó apoyarse en dicho vehículo para poder efectuar los disparos; según especula, si se hubiese tratado de una persona con plena disposición física que porta un arma de fuego de grueso calibre, no habría fallado en su cometido, incluso con menos disparos de los efectuados en el caso (v. fs. 84 vta.).
En función de lo expuesto, el señor fiscal concluye que la absolución decretada se asienta en un descontextualizado estudio de los elementos de cargo que descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional válido, solicitando el reenvío de las actuaciones a la instancia anterior para que, a partir de la comprobada autoría del imputado, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 85).
II. Adelanto que en mi opinión el recurso resulta infructuoso, no obstante lo que dictamina el señor Subprocurador.
De acuerdo con la materialidad ilícita acreditada en firme por el tribunal que llevó adelante el juicio, "...el día 24 de marzo de 2012 siendo aproximadamente las 09:30 horas, en la vereda del local comercial denominado 'Emaus' sito en la Ruta Nacional nro. 3 (Km. 21) esquina Colonia de la localidad de Isidro Casanova, Partido de La Matanza, un sujeto de sexo masculino efectuó al menos cinco disparos de arma de fuego -no habida a la fecha- contra la humanidad de Jorge Alberto Mascia, con claras intenciones de darle muerte, provocándole heridas en el brazo izquierdo, en el rostro y en la región tora[xi]coabdominal izquierda, las cuales pusieron en riesgo su vida, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad" (fs. 8 vta. y 9).
Puesto a examinar lo concerniente a la participación del imputado en el hecho, la judicatura entendió que la acusación no aparecía sostenida en medios de prueba incontrovertibles y por ende, resultaba dudosa la autoría atribuida a Nadeo.
Tuvo en cuenta que el nombrado había sido incriminado por la víctima que, según declaró, mientras se encontraba en el local comercial EMAUS se hizo presente el acusado y le dijo "te vengo a matar"; que cuando se dirigió a su camioneta estacionada frente al galpón del referido negocio, Nadeo lo siguió y al llegar al rodado le disparó en el lado derecho del rostro con un "38 largo empavonado"; que se bajó de su vehículo y aquél volvió a dispararle en la parte toráxico abdominal izquierda, que "...Nadeo se retiró corriendo" (v. fs. 9 y 12).
Los señores jueces consideraron, sin embargo, que esa relación del suceso aparecía empañada por las dificultades físicas del imputado -pérdida de un ojo e imposibilidad de correr- certificadas por el informe médico de fs. 657 y vta., y sobre las que testimoniara Claudio Daniel Gómez, empleado de Nadeo que en razón de sus referidas limitaciones, lo traslada "...en su automóvil '206' de su casa al lugar de trabajo -Ruta Nacional no. 3, a escasas cuadras de EMAUS- y lo regresaba cotidianamente" (fs. 12). El testigo de mención declaró también acerca del día en que dos funcionarios policiales habían llegado al negocio de Nadeo en busca de su hijo Alejandro Nadeo, "...expresando que le habían dado un tiro a Mascia y el [...] hoy imputado [...] dijo que no estaba; buscaban a un tal pirata y dijo que era él" (fs. 11).
De igual modo el órgano de grado descartó que los restantes testimonios sindicados de cargo por la parte acusadora pudieran aportar información contundente sobre la cuestión, pues a pesar de haber sido prestados por quienes se situaron en el lugar de los sucesos, Jorge Ornar Ostratiqui y Rubén Darío Enrique, ambos habían negado de manera reiterativa haber visto lo que aconteciera.
Advirtió, respecto del primero, que no pudo describir cabalmente al sujeto activo aun cuando dijo haberlo visto en dos oportunidades: apoyado sobre la camioneta de Mascia y luego cuando se retiraba, dando "...una somera descripción que no se ajusta al acusado", la que por tanto no podía avalar los dichos de la víctima, toda vez que Nadeo "...es una persona casi ochentosa y el testigo ha dicho que [la persona que vio] tenía más de treinta o cuarenta años de edad"; y del empleado de seguridad Enrique que "...paradójicamente reiteró que nada vio, y en varias oportunidades de su testimonio" (fs. 12).
Hizo referencia a que durante la audiencia el acusado había dicho que la víctima le arruinó la vida a su familia y a su hijo. "Que fueron dos policías a su negocio a buscar a su hijo Jorge Alejandro Nadeo como 'el pirata' y así se enteró que Mascia acusó a su hijo. Que por su culpa despidieron a más de dieciocho personas de su familia que trabajaban. Que a su negocio lo lleva y lo trae Daniel Gómez, que trabaja hasta las seis de la tarde [...] Que 'el pirata soy yo', porque hace 50 años que se accidentó y perdió un ojo. Que aprendió a manejar armas de fuego en el ejército pero que no usa armas" (fs. 12 vta. y 13).
Con lo que llevaba examinado, la judicatura originaria reputó que "...la existencia de un conflicto comercial de mediana data entre la víctima con el hijo del imputado [...], quita al testigo único la prolijidad e imparcialidad necesarias para que se alce como prueba única inhesitable que basamente el reproche penal, lo que bien podría haber acontecido, de no existir las variadas circunstancias dubitables valoradas" (fs. 13).
Aclaró que la cuestión no residía en que existiera un testigo único, ya que ello no constituye óbice legal para su empleo como fundamento de la condena; sino que en este caso, el problema era lógico jurídico, en la medida que se carecía de una explicación o motivación adecuada para destruir el principio de inocencia. Esto así, justificó el sentenciante, porque ninguno de los tenidos por la acusación como testigos de cargo permitía corroborar la versión incriminante del damnificado, cuya credibilidad resultaba mermada por la aludida situación verificada (v. fs. 13 y vta.).
En definitiva, en el razonar del tribunal de juicio, "...las circunstancias negativas de las pruebas, impiden arribar a la certeza necesaria para reprochar penalmente autoría respecto de Nadeo", lo que torna aplicable el principio in dubio pro reo receptado en el art. 1, párrafo 3 del Código Procesal Penal. (v. fs. 14).
III. El veredicto absolutorio fue recurrido ante casación por la señora fiscal actuante, con reclamos similares a los aquí traídos sobre la errónea valoración de la prueba en transgresión de las reglas de la sana crítica, que habría derivado en el dictado de una sentencia arbitraria, sin motivación suficiente para concluir en la absolución del acusado (v. fs. 21/33 vta.).
IV. El Tribunal de Casación Penal principió su decisorio con una serie de consideraciones sobre los alcances de su competencia revisora cuando, como aquí acontece, es excitada por el recurso fiscal, que, a diferencia de la garantía constitucional que esa vía importa para el imputado, en caso del acusador se trata "...solo de una prerrogativa legal, [...] [por lo que] no corresponde apartarse de los motivos enunciados por el art. 448 inc. 1º del C.P.P. justamente porque es la ley la que lo ordena; de [...] manera [...] que las cuestiones de hecho y prueba queda[n] [...] fuera de [...] control, salvo absurdo o arbitrariedad" (fs. 71 vta.).
Con tales limitaciones objetivas determinadas por la ley procesal, y las surgidas directa y únicamente de la inmediación, el a quo revisó la apreciación de la prueba y descartó los vicios que le atribuyera la fiscalía, por considerar que sólo exhibían una opinión subjetiva discrepante del temperamento adoptado por el tribunal de juicio de absolver al acusado al amparo de la duda beneficiante, decisión que contaba con motivación suficiente y resultaba producto de una ponderación razonable de las constancias de la causa, que compartía por no merecerle objeción alguna.
A esos fines, precisó que si bien el sistema probatorio consagrado por el Código de Procedimiento Penal no establece ninguna formalidad para sostener una imputación, en estos autos, se contaba con una única versión incriminante del damnificado que aparecía "parcializada" por las disputas mantenidas con el hijo del imputado, conflicto del cual se había tomado conocimiento en el curso de la audiencia; con lo cual se mostraba insuficiente para establecer la autoría de Nadeo, sin confluir otros elementos de prueba que permitieran forjar convicción a ese respecto (v. fs. 73).
Convalidó de tal forma las conclusiones determinadas en la sentencia de juicio en cuanto a que Jorge Omar Ostratiqui y Rubén Darío Enrique, aunque presentes en el lugar de los sucesos, no habían aportado en sus respectivas declaraciones certeza alguna sobre el extremo en discusión; el primero porque su estimación acerca de la franja etaria -"treinta o cuarenta años"- en la que podía ubicarse a la persona que dijo haber visto en dos ocasiones, no se correspondía con la circunstancia de que el acusado era por entonces una persona casi octogenaria; mientras que el empleado de seguridad había mantenido en todo momento sus dichos de que "nada vio" (v. fs. 73 vta.).
De allí que para la casación, el análisis de ese complejo probatorio impedía alcanzar el grado de convencimiento necesario para sustentar un pronunciamiento de condena, poniendo de resalto que su antecesor, "...con los beneficios que acarrea la inmediación, invocó circunstancias relativas a la persistencia, concordancia, superación y coincidencia de estos testigos, quienes mantuvieron [...] su versión durante el juicio, [y] nada pudieron aportar a la hipótesis acusatoria en orden a la autoría" (fs. 74).
De tal modo, sentenció, ni lo fallado se apartaba de las reglas valorativas previstas en los arts. 210, 373 y concordantes del Código Procesal Penal, ni los argumentos de la fiscal alcanzaban para rebatir el principio rector contemplado en el art. 1 de dicho digesto, confirmando el pronunciamiento atacado como acto jurisdiccional válido (fs. íd.).
V. Tal como adelanté, el recurso no prospera.
Ante las conclusiones en materia probatoria que fueron puestas de manifiesto por el tribunal recurrido, en el marco de la revisión que estimó de su incumbencia al resultar su competencia abierta por la impugnación de la parte acusadora, el recurrente no demuestra que el razonamiento empleado para convalidar el veredicto absolutorio de la instancia de juicio adolezca de falta de fundamentación suficiente o de apreciaciones que por su dogmatismo autoricen a descalificarlo como acto jurisdiccional válido, ni que lo resuelto contradiga de manera palmaria las reglas de la lógica o la experiencia (art. 495, CPP).
La fiscalía critica que no se le haya dado valor cargoso a elementos de prueba que, según interpreta, permitiría sustentar la autoría de Nadeo en el ilícito que damnificó a Mascia, y para ello formula reparos que solo reflejan su discordancia con aspectos que, por regla, constituyen materia ajena a la instancia federal que es de estricta aplicación, pues se vinculan con cuestiones probatorias, sin que se logre demostrar que la decisión del a quo no haya dado adecuado tratamiento a la controversia planteada, de conformidad con las constancias de la causa.
Que la versión incriminante de la víctima se encuentra corroborada por la testimonial reunida es una afirmación indemostrada de la parte, que tampoco halla correlato en la circunstancia de que los declarantes nada más refirieron lo que aquella les dijo. Que Ostratiqui expresara haber visto a una persona -de una edad que estimó distante en décadas de la del imputado-, apoyada en la camioneta de la víctima no permite presumir válidamente que se tratase del acusado; máxime si a pesar de sus dificultades para trasladarse, el testigo mencionado nada advirtió a ese respecto, por el contrario declaró que vio a la persona en cuestión retirarse del lugar "caminando de manera normal"; punto en el que la fiscalía tampoco atiende que según lo relatado por la víctima, Nadeo lo hizo "corriendo" (fs. 10 y 9, respectivamente).
Por otra parte, es inadmisible la hipótesis planteada de que Mascia no habría visto mermada su imparcialidad si hubiese escogido no expresarse con total sinceridad, frente al juramento prestado de decir la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado; siendo en ese marco en el que aquél además aclarara los términos de su declaración de fs. 64 vta. que fue a tal fin incorporada al debate por la decisión unánime del tribunal. A resulta de ello, la víctima reconoció su firma allí insertada y "...[a]claró que lo que dijo es que le compraron el auto al hijo en fábrica, pero él nunca dijo eso que está escrito; el auto era de Claudio, pero a él no lo vio" (fs. 12 y vta.).
Descartado entonces que esas declaraciones pudieran producir convicción sobre la cuestión a dirimir, la fiscalía no evidencia tampoco que el testimonio del damnificado no haya sido evaluado con el criterio que resulta apropiado a tenor de las circunstancias acreditadas de la causa.
Pues según quedó indicado, las instancias previas no pusieron en entredicho que el único testimonio de la víctima, reunidas ciertas condiciones, tiene virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado; sino que del examen riguroso de esa declaración no surgía posible reconocerle la imparcialidad necesaria para que sirviera como única prueba de cargo del reproche penal.
En suma, las conjeturas y particulares elucubraciones que ensaya la impugnación, no son aptas para desbaratar el mérito que la casación atribuyó al conjunto probatorio cuyo examen lo llevó a ratificar la absolución del imputado con sustento en el principio del beneficio de la duda, generada en su convicción sobre la falta de certeza necesaria para concluir de otro modo, conforme las razones que al respecto expuso; y salvo demostración de absurdo o arbitrariedad que, tal como quedó dicho, aquí no ha tenido lugar, se trata de una actividad propia de los jueces de grado, que no puede ser suplida por la Corte en el acotado margen de revis
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