Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129170
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por improcedente, la queja interpuesta por la señora Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Sergio Daniel Romero, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129.170-RQ, caratulada: "Romero, Sergio Daniel s/ Recurso de queja en causa N° 69.618 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 1° de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de Sergio Daniel Romero contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Martín que había condenado al nombrado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por hallarlo autor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego (v. fs. 57/60).
Para decidir de tal modo, juzgó que -ausentes en el caso los requisitos previstos en el art. 494 del CPP- el reclamo dirigido contra la decisión de no abordar los planteos novedosos expuestos por la defensa en la oportunidad prevista por el art. 458 del Código Procesal Penal, no habilitaba vía alguna de excepción, pues versaba sobre la interpretación y aplicación de las normas que regulan la instancia casatoria (arts. 451 y 458 CPP), por lo cual constituían una temática procesal ajena a la competencia federal, de conformidad a inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Agregó que si bien la recurrente había intentado asignarles naturaleza federal, sus apreciaciones no superaban la exposición de su particular interpretación acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento en crisis le habría provocado (v. fs. 57/60).
II. Frente a ello, la Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo queja (v. fs. 62/67 vta.).
Alegó que el argumento en función del cual el a quo denegó la vía extraordinaria no resultaba oponible pues en el caso se hallaban en juego agravios de naturaleza federal (v. fs. 64).
Esgrimió que en el carril extraordinario se explicitó la cuestión federal que se sometía a conocimiento de esta Corte, que surgió a partir del dictado de la sentencia que rechazó por extemporáneos los planteos introducidos ante la instancia casatoria, lo que derivó en la afectación de la garantía del debido proceso legal y la defensa en juicio, imposibilitando el acceso a la revisión amplia del fallo de condena (arts. 18 de la Const. nac., 8.2.h y 14.5 del PIDCP) -v. fs. 64-.
Destacó que lo resuelto atentó contra la utilidad de la defensa pública y afectó, en consecuencia, la posibilidad de una revisión integral de la condena. En abono de su postura, trajo a colación el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 64 y vta.).
Consideró que el Tribunal de Casación, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por esta Corte y la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena (v. fs. 65).
Expuso que el órgano revisor encubrió su propia omisión. De seguido, citó la causa P. 85.977 de este Cuerpo y estimó comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 65/66).
Finalmente adujo que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional propia de la competencia del Tribunal de Casación (v. fs. 66/67.).
III. La vía directa deducida es improcedente (art. 486 bis CPP).
Ello por cuanto la parte insiste con el planteamiento de una cuestión federal, haciendo caso omiso a los argumentos expuestos por el a quo que derivaron en la inadmisibilidad de tal extremo de la impugnación (v. reseña del acápite I de la presente).
En definitiva, dejó indemostrada la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la supuesta afectación del derecho de defensa en juicio y de la garantía prevista en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P.78.901, sent. 7-XI-2001; P. 75.534, sent. 21-XI-2001; P. 77.329, sent. 10-IX-2003; P. 81.725, sent. 16-IX-2003; P. 83.841, sent. 9-X-2003; P. 89.368, sent. 22-XII-2004; P. 99.549, sent. 8-VII-2008; P. 128.269-RQ, resol. 3-V-2017, e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
De otro lado, las alegaciones en torno a la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la CADH) no merecen mayor análisis, desde que los argumentos desarrollados en sustento del reclamo resultan genéricos y no logran demostrar su relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
En consecuencia, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por la señora Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Sergio Daniel Romero, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia