Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128170
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída por la defensa particular de Alberto Darío González, con costas (arts. 484, 486 bis y concs. del CPP).
2Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Lucio Jorge González ante ésta instancia, a los fines regulatorios (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"GonzáleZ, ALBERTO DARÍO S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 69.177 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA VI".
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P: 128.170-RQ, caratulada: "González, Alberto Darío s/ Recurso de queja, en causa n° 69.177 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI",
I. La Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de septiembre de 2016, denegó, en lo que aquí interesa destacar, el recurso extraordinario de nulidad incoado por la defensa técnica de Alberto Darío González, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora, que lo había condenado a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego (v. fs. 21/23).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular -doctor Lucio Jorge González- articuló recurso de queja (v. fs. 24/27).
Dijo que el tribunal intermedio al declarar inadmisible el recurso de nulidad afirmó que solo se vislumbraban cuestiones de ley adjetiva que no resultaban susceptibles de ser abordadas a través del remedio intentado (v. fs. 25 vta.).
Sostuvo que contrario a lo afirmado por la sala sexta en el caso "sí se encuentra involucrada [una] cuestión federal" referida al debido proceso y la defensa en juicio y se vincula directamente con el derecho a obtener un examen integral de la sentencia condenatoria (fs. 25 vta./26).
Agregó que la decisión impugnada, mediante afirmaciones genéricas, sostuvo la ausencia de fundamentación suficiente que involucrase una cuestión federal (v. fs. 26).
Concluyó que el a quo "omitió pronunciarse categórica y circunstanciadamente sobre la observancia de los requisitos sustanciales y formales del conducto recursivo incoado por la parte en el particular en torno a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva" (fs. cit. y vta.).
III. La queja formalizada es improcedente.
1. Para arribar al pronunciamiento desestimatorio la Casación recordó los supuestos en que procede el recurso contemplado en el art. 491 del Código Procesal Penal, situación que no observó cumplida en el caso. Para más, indicó que los embates formulados por la parte se dirigieron a cuestionar el acierto o profundidad de lo resuelto, temas que se encuentran detraídos del remedio intentado (v. fs. 22).
En ese discurrir, precisó que "el pronunciamiento atacado se ha abordado la cuestión que se denuncia como omitida, si bien en un sentido contrario a lo pretendido por el impugnante, esto es, el planteo en torno a la calificación legal correspondiente al hecho ilícito imputado a su asistido [...] con lo cual la materia introducida por la defensa deviene ajena al recurso en tratamiento" (v. fs. cit.).
2. De lo reseñado, se aprecia -más allá de cualquier consideración que pudiera efectuarse en torno a la técnica utilizada por el a quo para concluir en la desestimación del recurso extraordinario de nulidad incoado- que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad del mismo.
En definitiva, la defensa no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio denegó el recurso extraordinario, dejando incontrovertidos sus fundamentos, en tanto se limitó a señalar que se encontraba inculcadas cuestiones federales (defensa en juicio y debido proceso y la revisión amplia).
De este modo, incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y concs. del CPP).
IV. Lo decidido precedentemente importa la declaración de inoficiosidad de la labor profesional del letrado interviniente.
En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-17).
Lo expuesto es atinente más allá que en la concreta situación de autos se arribe a tal temperamento aplicando el régimen anterior o la nueva regulación (vid. art. 30 de ambas legislaciones).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar la queja traída por la defensa particular de Alberto Darío González, con costas (arts. 484, 486 bis y concs. del CPP).
2. Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Lucio Jorge González ante ésta instancia, a los fines regulatorios (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°164
Fin de la sentencia