Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 126897
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Negri, Genoud, de Lázzari, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P . 126.897, "G. J., F. A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 69.983 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 27 de octubre de 2015, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad presentado por el señor defensor oficial adjunto del Departamento Judicial de Morón, doctor Gustavo Giachino, contra la resolución del Juzgado de Garantías n° 4 departamental que estableció el "plazo máximo" de la medida de seguridad impuesta a F. A. G. J. en veintiséis años -7 de noviembre de 2030-, tomando como parámetro el monto máximo de la escala penal en abstracto de los delitos de homicidio en concurso real con lesiones de los que fuera considerado autor (v. fs. 57/61).
Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 65/71), que fue denegado por la mentada Sala IV el 23 de febrero de 2016 (v. fs. 80/82 y vta.).
Contra lo así decidido, la mencionada defensa articuló recurso de queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 160/168 y vta.).
Esta Corte, el 15 de junio de 2016, admitió la queja y concedió la vía contemplada en el art. 494 del ritual. En tal sentido, estimó que las cuestiones federales planteadas relativas a la vulneración de las garantías del debido proceso, legalidad, igualdad ante la ley, proporcionalidad, razonabilidad, defensa en juicio, tutela judicial de las condiciones de encierro forzoso y arbitrariedad por apartamiento de la doctrina de la Corte nacional (CSJN, Fallos: "Antuña" y "R., M. J. s/ insania" -v. fs. 65/71-), se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (v. fs. 169/170 y vta.).
Oído el señor Subprocurador General a fs. 177/180 y vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 181) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurrente denunció arbitrariedad por apartamiento de los precedentes "Antuña" y "R., M. J. s/ insania" del Máximo Tribunal nacional y violación de las garantías del debido proceso, igualdad ante la ley, proporcionalidad, razonabilidad y tutela judicial de las condiciones de encierro forzoso (arts. 14, 16, 17, 19, 33, 41, 43 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 25, DDHH; 11, DADH; 7, 8 y 25, CADH; 7, 9, 10 y 14, PIDCP y 12, PIDESC -v. fs. 151-).
Explicó que la defensa oficial al momento de solicitar la cuantificación de la medida de seguridad, estimó necesario realizar un juicio hipotético de pena para el caso en que el imputado pudiera haber sido considerado capaz de culpabilidad, para luego y a partir de dicho juicio de probabilidad, cuantificar la pena que podría haberse aplicado en el caso, y luego trasladarla a la duración de la medida de seguridad, de conformidad con las pautas de mensura de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 151 y vta.).
Alegó que el Tribunal de Casación Penal, al confirmar el temperamento adoptado por el Juzgado de Garantías por el cual se estableció que la medida de seguridad no podrá exceder los veintiséis años de privación de libertad (tomando para ello como referencia la pena máxima en abstracto con que el Código Penal sanciona los delitos por los cuales se inició la causa penal), se apartó del fallo "Antuña" de la Corte nacional a través del cual se resolvió que la medida de seguridad debe durar el tiempo mínimo e indispensable (v. fs. 151 vta. y 152).
Agregó que en dicho precedente, se señaló que "’el Tribunal que dispone una medida de seguridad de naturaleza penal debe fijar el plazo máximo hasta el que la medida podrá extenderse asegurando una razonable proporcionalidad entre el ilícito cometido y la medida ordenada’, como la que aseguraría al limitar la pena que sería aplicable al caso si el imputado no fuera incapaz de culpabilidad" (fs. 152 vta.).
En función de ello, expuso que de una interpretación armónica de los precedentes jurisprudenciales citados surge que el plazo de una medida de seguridad debe tener una duración mínima e indispensable que debe guardar proporción con el monto de pena que se le hubiera aplicado en concreto al insano en caso de ser pasible de sanción penal por el hecho imputado (v. fs. 152 vta.).
Destacó que fijar el límite de duración de la medida en el plazo máximo de la pena en abstracto, además de apartarse de los fallos de la Corte nacional, quebranta las garantías de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, igualdad, defensa en juicio y tutela judicial de las condiciones de encierro forzoso (v. fs. 152 vta.).
Resaltó que al haberlo fijado en veintiséis años, sin haber tenido en cuenta pauta alguna de mensura, se abandonaron arbitrariamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad, circunstancia que evidencia el apartamiento de los citados fallos (v. fs. 153).
De seguido, explicó que los principios de igualdad y tutela judicial de las condiciones de encierro forzoso también se quebrantaron. En su apoyo, citó extractos del caso "R., M. J. s/ insania" (v. fs. 153/154).
Concluyó que al no establecerse un plazo determinado de duración de la medida de seguridad impuesta a G. J., circunscripta al caso en concreto, se violaron las garantías de proporcionalidad y razonabilidad (v. fs. 154).
Por todo lo expuesto, entendió que el Tribunal de Casación Penal dictó una sentencia arbitraria por apartarse de los precedentes mencionados (v. fs. 154 y vta.).
II. El señor Subprocurador General emitió su dictamen a fs. 177/180 vta., propiciando el rechazo del recurso. Adelanto que disiento con ese parecer tal como lo explicaré en lo que sigue.
III.1. Los hechos que fueran materia de la investigación preparatoria llevada a cabo en este expediente dan cuenta que el día 19 de octubre del año 2004, alrededor de las 18 hs., F. A. G. J. quien "...llevaba en su cabeza una galera negra de copa muy alta, barba de cuatro o cinco días, rostro sucio, lentes para sol grandes con marco rojo y vestía un pantalón negro, remera negra con una estrella blanca en la espalda y otra más pequeña en el lado derecho del pecho, mientras que en el izquierdo llevaba colocada una cinta blanca y otra color negro y un crucifijo de metal, que portaba en una de sus manos un maletín y en la otra una varita negra con sus puntas blancas, que se encontraba de pie sobre el césped de la plaza 'Roche' [...] de la localidad de y partido de Morón, tras mantener una discusión con el cuidador del lugar Sebastián Carmelo Ferreyra, quien le indicara previamente que no estaba permitido pisar el césped, se abalanzó sobre éste y con un arma blanca le infligió a Ferreyra cuatro puñaladas, tres en el pecho y una en su espalda, causándole heridas de tal gravedad que a la postre determinaron su muerte. [Ante] tal evento y al advertir esa circunstancia fue en auxilio de Ferreyra su primo Leonardo Emanuel Pantoja, quien a resultas de su intervención recibió por parte del mismo sujeto agresor dos heridas de arma blanca, una en el muslo derecho y otra en el brazo izquierdo, las que resultaron de carácter leve" (descripción que surge a fs. 19/20 del legajo casatorio).
III.2. El juez a cargo del Juzgado de Garantías n° 4 de Morón, consideró comprobados, con los elementos obrantes en la investigación penal preparatoria, la existencia del hecho y la autoría del imputado, encuadrando los injustos en las figuras de homicidio simple y lesiones leves en concurso real -arts. 55, 79 y 89 del Código Penal-. A su vez, estimó que el accionar del imputado en el hecho se vio alcanzado por las previsiones del art. 34 del Código Penal, por lo que en consecuencia, dictó el 10 de febrero de 2005 el sobreseimiento de F. A. G. J. por aplicación de lo dispuesto en el art. 323 inc. 5 del Código Procesal Penal.
Asimismo, tomando en consideración entre otros elementos, el dictamen practicado por la doctora Mirta Glustron, médica psiquiatra de la Oficina Pericial departamental, y el examen llevado a cabo por el doctor Enrique Gallego, médico de policía quienes concluyeron que el imputado es demente en sentido jurídico y revestía un peligro para sí y para terceros, mantuvo la internación en la Unidad n° 34 a fin de que se le brindara un adecuado tratamiento terapéutico (v. fs. 213/214 de la causa n° 9.681).
III.3. La defensa oficial de G. J., el 21 de agosto de 2014, invocando los parámetros expuestos en el precedente "Antuña" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitó la cuantificación de la medida de seguridad impuesta y a tal fin requirió la realización de un juicio hipotético de estimación de pena para el caso de que el imputado hubiera sido considerado capaz de culpabilidad (v. fs. 2/3 del legajo casatorio).
El Ministerio Público Fiscal adhirió al planteo de la defensa (v. fs. 4 y vta. del legajo casatorio).
Con fecha 10 de febrero del año 2015, el Juzgado de Garantías n° 4 de Morón, resolvió fijar el tope máximo de la medida de seguridad en veintiséis (26) años de privación de libertad. Para ello tuvo en consideración la pena máxima establecida en abstracto para los delitos de homicidio simple y lesiones leves en concurso real.
En consecuencia y con cita del precedente de la Corte Suprema invocado por la defensa, estimó que la medida de seguridad podrá extenderse hasta el 7 de noviembre de 2030, lo que interpretó que permitía "...asegurar una razonable proporcionalidad entre el ilícito supuestamente cometido y la medida de seguridad ordenada" (fs. 37/38 del legajo casatorio).
III.4. Contra dicha decisión la defensa interpuso recurso de casación (v. fs. 41/45 del legajo casatorio), en el que se agravió por la falta de fundamentación del resolutorio en el que se estableció el límite máximo de 26 años, solicitando se declare su nulidad por no contener explicación alguna del modo en que se había llegado a dicha mensura ni qué pautas se tuvieron en cuenta para precisarla. A su vez que estimó erróneamente interpretado el precedente "Antuña" citado por el juez de la instancia, solicitándole al a quo la cuantificación de la medida tomando en cuenta el juicio hipotético de estimación de pena para el caso en que el imputado pudiera haber sido considerado capaz de culpabilidad, conforme las pautas determinadas en los arts. 40 y 41 del Código Penal.
El 27 de octubre de 2015, el tribunal intermedio, a través del voto del juez Kohan (al que adhirió el doctor Natiello), rechazó la pretensión de la defensa. El órgano revisor sostuvo que la petición era "netamente improcedente" desde que el control jurisdiccional de la medida de seguridad correspondía al juez de Ejecución Penal (conf. arts. 25 inc. 6, 517 y 519, C.P.P. y la ley 26.657) -ver fs. 58 y vta.-.
En cuanto a la pretendida falta de fundamentación respecto de la duración de la medida de seguridad planteada, estimó que no prosperaba por cuanto expresó adherir -con cita de doctrina- al criterio según el cual la internación "...soporta las limitaciones temporales de la pena del delito que se le imputa al sujeto, rodeándose de idénticas garantías que esta última, y que su prolongación sea determinada por el castigo máximo que hubiese correspondido en caso de aplicarse condena" (fs. 58 vta.).
Agregó que la medida prevista en el art. 34 inc. 1 del Código Penal debe depender y ser "...proporcionada a la peligrosidad (riesgo para sí o para terceros)" y no sólo a la escala penal del delito, por lo que "...su duración en concreto dependerá del grado de evolución del destinatario de la misma" (fs. 59).
En particular, sostuvo que el lapso fijado por el magistrado interviniente debía entenderse como "...plazo máximo de duración de la medida de seguridad que pesa sobre G. J.", siendo que dicho temperamento encontraba correlato con lo resuelto por la Corte nacional en el precedente "Antuña", "...pudiendo dicha medida contingentemente, de verificarse determinadas circunstancias, cesar con antelación al periodo establecido por el juez, de verificarse determinadas circunstancias" (fs. cit.).
Hizo referencia a los arts. 518 y 519 del ordenamiento procesal y expuso que conforme ellos, se podrá, en un momento posterior, dar intervención a la Justicia Civil o disponer la cesación de la internación (v. fs. 59 vta.).
Finalmente, luego de aludir al fallo "R., M. J. s/insania" del Máximo Tribunal nacional y a la normativa constitucional que rige la cuestión, juzgó que al realizar el control el juez de Ejecución, el agravio de la defensa se diluyó.
IV. Comencemos por precisar que en nuestro sistema penal las medidas de seguridad encuentran su regulación en el art. 34 (conf. inc. 1, párrs. segundo y tercero del Código Penal), y si bien no se establecen parámetros expresos para su determinación o limitación temporal, lo cierto es que su delimitación, ejecución y control, deben respetar el cumplimiento de un conjunto de derechos mínimos receptados en la normativa constitucional e infraconstitucional, tal como lo reconociera el a quo .
Es que no puede soslayarse que estas medidas se ejecutan sobre personas con discapacidad, es decir sobre un grupo especialmente vulnerable, que son objeto de tutela a través de distintos instrumentos. Entre los diferentes instrumentos que gozan de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac.), el más relevante en la materia es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) -que adquirió jerarquía constitucional mediante la ley 27.044 (promulgada el 11 de diciembre del 2014)-.
A su vez, aún sin gozar de la misma jerarquía, las "Reglas Nelson Mandela" ( Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, resolución aprobada por la Asamblea General el 17-XII-2015) establecen, en su regla 109, bajo el título "Reclusos con discapacidades o enfermedades mentales" que " No deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se considere penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará trasladar a esas personas a centros de salud mental lo antes posible" . Cabe agregar que el valor de estas reglas ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (conf. Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, sent. de 15-IX-2005. Serie C n° 133, párr. 99), y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ( in re "Verbitsky, Horacio s/Hábeas corpus" causa n° V.856.XXXVIII, sent. de 3-V-2005).
A nivel nacional, la Ley Nacional de Salud Mental (ley 26.657, promulgada el 2 de diciembre de 2010, a la cual adhirió la Provincia a través de la ley 14.580), considera como parte integrante del marco normativo nacional a los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental , adoptado por la Asamblea General en su resolución 49/119 del 17 de diciembre de 1991 que resalta el derecho a ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador posible que corresponda a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros.
Asimismo, el principio 16 refiere a la admisión involuntaria y la necesidad de que se constate que debido a esa enfermedad mental existe un riesgo grave de daño inmediato o inminente para esa persona o para terceros.
Los "Principios y Buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas", adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución 1/08, del 13 de marzo de 2008, resaltan que La privación de libertad de una persona en un hospital psiquiátrico u otra institución similar deberá emplearse como último recurso, y únicamente cuando exista una seria posibilidad de daño inmediato o inminente para la persona o terceros .
V. Desde mi punto de vista, el fallo objeto de embate, si bien declama el reconocimiento del marco normativo antes reseñado, parece desatender en el caso concreto los lineamientos fijados en los propios precedentes en los que sustentó su decisión.
Veamos. La Corte nacional, en el antecedente de "Antuña" (Fallos: 335:2228, por remisión al dictamen del Procurador) sostuvo que la disposición de una internación coactiva, sin la indicación de su límite temporal máximo, contraviene la doctrina expuesta en el precedente de Fallos 331:211 (causa "R.M.J. s/insania", cons. 14°). Y si bien en el caso que nos ocupa ese límite máximo se encuentra determinado (el juez de Garantías lo estableció en 26 años), corresponde precisar que en el antecedente al que se hizo mención (Fallos: 335:2228) se afirmó que "... el tribunal que dispone una medida de seguridad de naturaleza penal debe fijar el plazo máximo hasta que la medida podrá extenderse, asegurando una razonable proporcionalidad entre el ilícito cometido y la medida ordenada, como la que aseguraría al limitar la pena que sería aplicable al caso si el imputado no fuera incapaz de culpabilidad".
Al confirmar lo actuado en la instancia con pretendida base en el fallo antes indicado, el a quo se desentendió del puntual argumento de proporcionalidad que la defensa venía propugnando en base al plazo durante el cual la persona podría haber estado sometida a una pena privativa de la libertad si hubiera sido capaz de culpabilidad (punto VI del dictamen del Procurador, "Antuña").
De ese modo, desoyó la queja del recurrente que había objetado la ausencia de fundamentación en el procedimiento mensurativo, exigiendo a su vez una cuantificación concreta que partiera de la pena -hipotética- que habría recaído para el caso de que el encartado fuera capaz de culpabilidad. Al así resolver, el fallo impugnado prescindió de dar una respuesta adecuada conforme al agravio que había sido llevado a su sede y que resultaba conducente para la decisión (CSJN Fallos: 247:111; 249:37; 301:978; 314:737, 1366 y 1434 y 318:2678, e.o.; conf. causa P. 126.256, sent. de 26-X-2016).
A su vez, el mayor estado de vulnerabilidad en que se encuentran las personas con padecimientos mentales genera la obligación de realizar un escrutinio meticuloso del cumplimiento de los parámetros constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad que deben regir a las medidas de seguridad penal.
Es que, al momento de ejecutar una medida de seguridad sobre una persona con discapacidad mental, los magistrados intervinientes deben tener presente los fines curativos y preventivos que tornaron necesario el dictado de la misma, por lo tanto su mantenimiento o prolongación debe ser respetuoso de aquellos. Al mismo tiempo, frente al deber de protección que pesa sobre este sector específicamente vulnerable de la población de personas privadas de la libertad, debe reforzarse la regla del debido proceso, la que incluye al contradictorio y el derecho a ser oído.
En esa línea de pensamiento, la Corte Suprema tiene dicho que la regla del debido proceso contenida en el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica debe observarse "... sobre todo en las causas en las que se verifica una hospitalización psiquiátrica compulsiva, en virtud del estado de vulnerabilidad, fragilidad e impotencia en el cual se encuentran frecuentemente quienes atraviesan coyunturas de esta índole (Fallos 328:4832; 330:5234)".
En efecto, de las particulares circunstancias que emergen de la lectura de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.