Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129290
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor General del Departamento Judicial Dolores a favor de Nicolás Alberto Gómez, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
"GOMÉZ, NICOLÁS ALBERTO S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 690 DE LA CAMARA DE APELACION Y GARANTIAS EN LO PENAL DE DOLORES".
La Plata, 9 de mayo de 2018.
La presente causa P. 129.290-RQ, caratulada: "Gómez, Nicolás Alberto s/ recurso de queja, en causa n° 690 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores",
I. Conforme surge de las piezas aportadas por la parte, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Nicolás Alberto Gómez, contra la decisión de ese órgano que -a su vez- rechazó el remedio de apelación intentado frente a la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental, que lo condenó a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por hallarlo autor penalmente responsable del delito atentado a la autoridad calificado y a una pena única de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento, comprensiva de la presente y de la seis meses de prisión de ejecución condicional por el delito de amenazas impuesta por el Juzgado Correccional n° 1 del mismo departamento judicial(v. fs. 46/48).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial -doctor Daniel Ignacio María Arias Duval- dedujo recurso de queja (v. fs. 49/57).
Se agravió de lo resuelto por la Cámara, por resultar contrario al sentido y finalidad de la garantía de la revisión amplia. Luego de referirse a los arts. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los criterios expuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 24/92, y por la Corte Interamericana en los casos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" y "Mohamed vs. Argentina", dijo que dicha garantía constituye un mecanismo que refuerza la protección ante el error judicial, y por lo tanto su regulación, interpretación o aplicación, no puede contener restricciones que infrinjan su esencia (v. fs. 53). Agregó que lo que se intentó con el "agravio nuevo" es resaltar errores u omisiones existentes, a fin de permitir subsanarlos, garantizando de esa forma el efectivo ejercicio de la defensa en juicio y debido proceso (v. fs. cit. vta.).
Sostuvo que el órgano revisor debió limitar su examen a verificar si se había planteado una cuestión federal sólo a los fines de la admisibilidad, mas sin extenderse sobre la aptitud de la misma (v. fs. 55).
Según el quejoso, se debió verificar la concurrencia de los requisitos formales en torno a las cuestiones federales sin expedirse sobre el fondo (v. fs. cit. vta.).
Por último, expuso que la denuncia de vulneración de la garantía de revisión amplia (art. 8. 2. h. de la CADH y 14. 5. del PIDCP) de conformidad con la doctrina fijada en los precedentes "Casal", "González Arroyo", "Martínez Caballero" de la Corte nacional y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede ser resuelta por la Cámara por ser justamente dicho órgano, el que dictó la resolución que se impugna (v. fs. 56 y vta.).
Alegó la afectación de la garantía del juez natural, el debido proceso, imparcialidad y revisión amplia (v. fs. 56 vta.).
III. La queja formulada no prospera, toda vez que el remedio extraordinario fue bien denegado por el Tribunal intermedio.
a. Para arribar al pronunciamiento desestimatorio, el Tribunal de Alzada luego de reseñar los agravios llevados en el recurso de apelación y de remitirse a la respuesta que sobre ellos efectuara la Cámara, señaló que "se advierte que el modo de cumplimiento de la pena impuesta, como (…) el monto punitivo no fue[ron] motivo de agravio ante [esa] Cámara, por lo que dicho extremo ha quedado consentido por la parte (v. fas. 46 vta./47).
b. Cabe aquí recordar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P.125.455, res. del 13-V-2015, P. 125.523, res. del 20-V-2015, P. 125.506, res. del 3-VI-2015, P.125.630, res. del 17-VI-2015, P. 125.577, res. del 17-VI-2015, e.o.).
Es que, en contra del reproche efectuado, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino que, simplemente, compulsó la alegación de un motivo que habilite su admisibilidad.
Por otra parte, las consideraciones efectuadas con relación a la violación de la garantía de la revisión amplia del fallo y la doble instancia judicial no pueden ser admitidas. Es que, ante el diseño procesal vigente en los procedimientos impugnativos, particularmente en orden a la formulación tempestiva de los agravios, la posición en contrario de la parte no llena la condición de cuestión federal suficiente en tanto no compromete -en forma directa e inmediata- la garantía referida al derecho al recurso contra la sentencia de condena que se pretende conculcada, ni la interpretación que sobre sus alcances fijara expresamente.
De tal modo, el autor de la queja no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el aludido óbice formal sobre el cual se edificó la decisión denegatoria del carril impugnativo escogido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor General del Departamento Judicial Dolores a favor de Nicolás Alberto Gómez, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia