Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127367
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.367, "Bordón, Jonathan Javier s/ Recurso de Queja en causa n° 69172 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de octubre de 2015, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa de Jonathan Javier Bordón contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma y por odio a una nacionalidad (v. fs. 111/120).
El señor defensor oficial de Casación adjunto interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 123/127), el que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 128/130 vta.). Deducida la queja ante este Tribunal (v. fs. 136/141 vta.), esta Corte, mediante pronunciamiento dictado el 7 de marzo de 2018, resolvió admitirla y en consecuencia, conceder el recurso incoado (v. fs. 146/147 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 154/157, dictada la providencia de autos (v. fs. 158) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 123/127), en el cual invocó un único agravio.
Bajo el título "Errónea aplicación del art. 2do. de la ley 23.592 sobre Actos Discriminatorios por apartamiento de las constancias probatorias de autos" (v. fs. 124 vta.), atribuyó arbitrariedad al pronunciamiento con transgresión al debido proceso y la defensa en juicio y el principio de culpabilidad por el acto y de reserva (arts. 18 y 19, Const. nac. y 15, Const. prov.).
Entendió desacertada la aplicación en ambos pronunciamientos- de la agravante prevista en el art. 2 de la ley 23.592 sobre Actos Discriminatorios por apartamiento de las constancias probatorias de autos (v. fs. 124 vta.).
Se agravió por cuanto la sentencia apelada sostuvo que "...tanto del contexto en el cual fueron proferidas, como de su propio contenido, surge sin ambages que el imputado dio muerte a la víctima por el fastidio que le generaba su condición de extranjero" (fs. 125).
Sin embargo, consideró que para llegar a esa conclusión resultaba necesario un profundo análisis del "contexto" y de las circunstancias que rodearon la muerte del señor Calixto Reinaldo, lo que no aconteció según entendió- en el pronunciamiento de autos. Pues el Tribunal de Casación sólo se limitó a mencionar algunos de los insultos proferidos al señor Calixto, obviando los que carecían de referencia alguna a la nacionalidad de la víctima (v. fs. cit.).
Puntualizó que, conforme surge de la sentencia originaria, los insultos propinados por su asistido fueron de diversa índole, incluso algunos haciendo referencia a la madre de la víctima (v. fs. cit.).
Adujo que el proferir insultos a una persona vinculados a su nacionalidad, no permite inferir que el homicidio se produjo como consecuencia directa del odio atribuido a su asistido (v. fs. cit.), ni tampoco contiene por sí la conducta reprochada, pues debe acreditarse un nexo entre el odio hacia la nacionalidad de la víctima y que, a raíz de ese sentimiento, se produce el delito.
Denunció que el Tribunal de Casación efectuó una parcial y limitada revisión del pronunciamiento desnaturalizando su tarea revisora, limitándose a enunciar la conclusión a la que habría arribado, incurriendo por ello en la arbitrariedad invocada.
II. El dictamen del señor Procurador General con el cual coincido- propició el rechazo del reclamo deducido (v. fs. 154/157).
III. El Tribunal en lo Criminal n° 1 de Lomas de Zamora tuvo por acreditado que "...el día 11 de septiembre del 2013, alrededor de las 14:00 horas, [Jonathan Javier Bordón] se hizo presente en el domicilio [...] de la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, donde comenzó a agredir verbalmente al ciudadano José Luis Calixto Reinaldo, que se hallaba en la puerta de la morada, aludiendo a su condición de extranjero y evidenciando hacia él un odio respecto a su nacionalidad y previo golpear en la cabeza al aludido con el arma de fuego que portaba, con evidente ánimo de ultimarlo, le efectuó al menos tres disparos, impactándole uno a la altura de la cabeza, el cual le ocasionó lesiones de tal magnitud que le provocaron su casi inmediato deceso" (conf. surge de la sentencia de primera instancia, fs. 5 y vta. del presente legajo recursivo).
Esta construcción fáctica, como así también la calificación legal perfeccionada en los términos de los arts. 79 y 41 bis del Código Penal, con más la agravante establecida en el art. 2 de la ley 23.592 que es puntualmente aquí el objeto de embate por parte del recurrente-, fueron ratificados por el Tribunal de Casación y en ese cometido, adelanto que no advierto arbitrariedad alguna.
IV. La defensa oficial de Bordón concretamente sostuvo que no se había acreditado que "...el móvil del crimen [...] fuera el odio hacia la nacionalidad [de la] víctima" (fs. 29 vta.), sin embargo, en oposición a ello, puede leerse de la sentencia aquí impugnada que el magistrado ponente, el doctor Violini, se adentró en el análisis probatorio (tanto documental como testimonial) merced al cual el tribunal del juicio tuvo por acreditado el extremo aludido, y ratificó la decisión del inferior.
De esa tarea se destaca la versión del testigo presencial Hernán Rodrigo Argullo, que fuera expuesta en el voto del magistrado de mención, el que en lo que aquí interesa- refirió que el día de los hechos, mientras tomaba mate en la puerta de calle y su vecino Calixto tomaba una cerveza a dos casas de distancia, en la puerta de la suya, sobre la misma vereda, es que vio venir a dos muchachos.
Contó el testigo que cuando llegaron a la altura en que se encontraba Calixto, sin motivo alguno, uno de ellos que estaba con el torso desnudo comenzó a insultarlo diciéndole: "...peruano de mierda [...] boliviano de mierda [...] por culpa de ustedes los extranjeros así estamos, yo estoy viviendo así...", y que ante ello Calixto nada contestaba, pero cuando el sujeto le dijo "peruano hijo de puta", Calixto reaccionó e intentó pararse, momento en el que el agresor introdujo su mano en una mochila, sacó un arma de fuego, le pegó un culatazo a su vecino en la cabeza, quien no atinó a nada, y cuando cayó, lo ejecutó de tres tiros, no sabiendo el testigo si todos le impactaron (conf. sentencia de casación, fs. 54 vta. y 55).
Se advierte que el órgano revisor apreció el valor de esta declaración, conjugándola para corroborar la veracidad de sus dichos, con la estimación de la diligencia de reconocimiento en rueda de personas de resultado positivo, adunándola a su vez, a las restantes declaraciones testimoniales ponderadas con inmediación por el tribunal oral, desechando así los diferentes planteos de la defensa que apuntaban a una configuración fáctica diversa (v. fs. 55 vta./57 vta.).
Luego, en el punto tercero, los revisores abordaron el tratamiento de la misma queja que nos ocupa aquí, en torno a la aplicación en el caso de la agravante contenida en el art. 2 de la ley 23.592, la que también rechazaron.
Para ello, primero analizaron como requisito típico, el especial elemento subjetivo de tendencia: "...persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso"; y su delimitación, aclarando que "...la sola circunstancia de que se haya tenido una actitud discriminatoria desarrollada durante el transcurso de la comisión de un delito no alcanza para la aplicación de la agravante pues lo determinante es que ese delito haya sido cometido en razón del odio o persecución a la raza, religión o nacionalidad a la que pertenezca la víctima" (fs. 58 y vta.).
Luego consideraron que, tanto del contexto como del contenido de las expresiones proferidas por el imputado hacia Calixto inmediatamente antes de ejecutarlo-, surgía sin ambages la actitud de resentimiento y recelo que le provocaba a Bordón enfrentarse a una persona nacida en Bolivia o Perú, dándole muerte a la víctima "...por el fastidio que le generaba su condición de extranjero", rechazando a su vez- por intrascendente el hecho de que el apodo del imputado fuera "Boli" (fs. 58 vta.).
V.1. La pretensión de la defensa referida a que el a quo "desnaturalizó" la tarea revisora, o que "se desentendió" de las críticas formuladas no merece acogida, pues con las transcripciones efectuadas queda en evidencia que el órgano revisor por el contrario- las consideró y, fundadamente, las repelió. Por otro lado la transcripción de los dichos del testigo Argullo desmiente la pretendida omisión o ponderación parcial (v. recurso a fs. 69) por parte de la Casación de los insultos proferidos por el imputado.
V.2. En cuanto al eje principal del agravio, esto es, la pretendida incorrecta subsunción legal, corresponde recordar que el art. 2 de la Ley de Represión de Actos u Omisiones Discriminatorios (ley 23.592) establece: "Elévese en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate".
Esta normativa resulta consecuencia de variados instrumentos internacionales que se citan en los antecedentes parlamentarios, pero en especial debe destacarse el de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, suscripta en la ciudad de Nueva York el 13 de julio de 1967, aprobada por la República Argentina por ley 17.722 (sancionada y promulgada el 26 de abril de 1968 y publicada en el B.O. de 8 de mayo de 1968) e incorporada a la Constitución nacional por la reforma del año 1994.
Dicha Convención contiene un mandato absoluto en su art. 4 de establecer en lo que aquí interesa- la prohibición penal de la provocación xenófoba para lo cual propone un determinado modelo legislativo que, sin embargo, deja margen de maniobra para la forma de redacción final del tipo por parte de cada Estado ratificante. Esto es, resulta obligatorio incriminar la provocación xenófoba pero el cómo se haga exactamente se deja al arbitrio de cada país (conf. Landa Gorostiza, Jon-Mirena; Racismo, xenofobia y estado democrático, en Cuadernos del Instituto Vasco de Criminología, n° 18, 2004, pág. 66).
En nuestro caso se incorporó a través del art. 3 de la mencionada ley, la tipificación de conductas puntuales (la realización de propaganda o aliento, instigación o participación en organizaciones que tengan como fin la persecución o el enfatizar el odio contra individuos en razón de sus caracteres personales).
Empero, al mismo tiempo se adoptó en el art. 2 ya transcripto, la agravación de conductas delictivas cuando éstas tengan su concepción en razones discriminatorias, diferenciando dos hipótesis: la comisión del acto por "...persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad", o con el fin de "...destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".
El caso en examen se refiere a la primera hipótesis, la que se fundamenta "...en que el objeto del hecho punible desde el punto de vista anímico del sujeto venga constituido por el origen racial, étnico, nacional o religioso de la víctima" (conf. Slonimsqui, Pablo; Estudios sobre discriminación y xenofobia, Tomo II, Fabián Di Plácido Editores, Buenos Aires, 2005, pág. 121).
Debe considerarse entonces que el delito se haya cometido o intentado cometer con alguna de las finalidades expresadas en la norma, esto es, verificar la presencia de especiales elementos subjetivos "...del ánimo o de la actitud".
En el caso, el órgano intermedio encontró acreditada esta ultrafinalidad, esto es, que la lesión del bien jurídico vida tuvo un propósito o motivo basado en el desprecio a la nacionalidad de la víctima.
Y en efecto, inmediatamente previo a su ejecución, el imputado vertió expresiones haciendo alusión de un modo degradante, tanto a la nacionalidad boliviana como a la de la víctima (oriunda de la República del Perú), atribuyendo a su condición de extranjero una presunta mala calidad de vida ("...por culpa de ustedes los extranjeros así estamos, yo estoy viviendo así", fs. 5 vta.).
En los hechos que arriban comprobados, se da entonces una exteriorización clara, precisa e intencional del móvil basado en motivos de nacionalidad, por lo que (sin ingresar al análisis del acierto o error en su priorización por sobre la figura del art. 80 inc. 4, Cód. Penal que realizó el a quo) la apreciación de la agravante xenófoba aplicada al comportamiento homicida resulta ajustada a derecho.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Negri, Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia