Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 126737
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta a favor de M.P.A., con costas (art. 486 bis, CPP).
"M.P.A. s/ Recurso de queja en causa N° 69.316 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Plata, 20 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 126.928-RQ, caratulada: "M.P.A. s/ Recurso de queja en causa N° 69.316 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 8 de marzo 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial Mercedes que había condenado a M.P.A. a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso deshonesto agravado por su comisión por el encargado de la guarda, abuso sexual agravado por ser con acceso carnal y por ser la víctima menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso ideal con abuso sexual agravado por ser con acceso carnal en la modalidad de delito continuado, promoción de la corrupción de menores agravado por resultar la víctima menor de trece años de edad y su autor persona conviviente y reducción a la servidumbre, en concurso real entre sí (v. fs. 74/77 vta.).
Para así resolver, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del Código Procesal Penal, dijo que "si bien se encuentra abastecido el requisito del monto de pena (…) no sucede lo mismo con el resto de los demás recaudos exigidos por la ley, es decir, no se halla reunida la naturaleza de los agravios vertida en la impugnación".
De seguido, adujo que si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye -habitualmente- el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324), la admisibilidad del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que es menester su correcto planteamiento.
Por un lado, afirmó que tal situación no se patentiza en la especie pues el reclamo se desentiende de lo efectivamente resuelto por el tribunal del recurso ante el mismo agravio planteado, sin evidenciar arbitrariedad y falta de fundamentación en lo definitivamente pronunciado; en tanto el remedio casatorio fue declarado admisible, el agravio llevado en el mismo, y ahora nuevamente traído, abordado -aunque desestimado- sin limitaciones rituales y afirmaciones dogmáticas de índole alguna, exponiéndose claramente las razones por las cuales se entendía que el monto de pena acordado resultaba razonable y proporcional de acuerdo al injusto cometido. En consecuencia, decidió que la defensa no consiguió demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estima comprometidas, atento haberse abordado la cuestión y otorgado los argumentos -escuetos o no- de su rechazo.
Por el otro, resolvió que el agravio dirigido a cuestionar la aplicación del tipo penal previsto en el art. 140 del Código Penal tampoco ameritaba ser sometido a consideración del superior; ya que si bien el recurrente denunciaba la errónea aplicación de la ley sustantiva, lo cierto era que "sus desarrollos refieren a cuestiones relativas a la determinación del hecho y la valoración de la prueba que no son propios del ámbito de conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, salvo supuestos excepcionales que no han sido denunciados ni evidenciados". En efecto, observó que la parte no logró demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva a cargo del tribunal recurrido (art. 140 del Cód. Penal) a partir del modo en que ha sido delimitado el objeto de imputación.
II. Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló queja (v. fs. 79/88).
Sostuvo que el recurso extraordinario fue erróneamente desestimado.
1. Respecto del embate vinculado con la vulneración del derecho a la doble instancia en materia penal, destacó que si bien el mismo no se refiere a la ley sustantiva que requiere la ley local para acceder a abrir la competencia apelada de esta Corte, resulta de aplicación al caso la doctrina sentada en los precedentes in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio".
Tachó a la negativa de arbitraria "pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que ciegan la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la Provincia" (fs. 84).
Expuso que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal por vía del recurso extraordinario en atención a que: a) los agravios postulados son de índole federal, pues se debatió en él que el Tribunal de Casación incumplió el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, derecho cuya interpretación en debida extensión fue puesta en juego; b) esa cuestión federal se vincula de manera directa con la solución del caso; c) fue oportunamente planteada; y d) el gravamen que origina es actual (v. fs. cit. y vta.).
Sentado ello, explicó que se presentaban todas las condiciones que habilitan el conocimiento del caso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo que el límite que en razón de la materia prevé el art. 494 del Código Procesal Penal debía ser inaplicado o declarado inconstitucional.
Indicó además que al decidir como lo hizo, el a quo defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia como órgano revisor "ingresando impropiamente en aspectos que exceden el mero examen de la admisibilidad formal del recurso, en tanto importan pronunciarse sobre el acierto o no del contenido de su propia sentencia, actitud que desnaturaliza la función que le asigna el art. 486 del C.P.P.". Sobre el punto, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y razonó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en la arbitrariedad que la parte le atribuye, pues esa labor debe realizarla un superior (v. fs. 85 vta.).
Concluyó que el recurso no sólo portaba la fundamentación mínima requerida por toda impugnación para su admisibilidad sino que demostraba directamente su procedencia.
2. En cuanto a la declaración de inadmisibilidad del agravio dirigido a cuestionar la aplicación del tipo penal previsto en el art. 140 del Código Penal, sostuvo que se está "ante otra fórmula genérica, abstracta e inaplicable al caso de autos mediante [la] cual la Casación defiende nuevamente su propia sentencia impidiendo el control sobre ella" (fs. 86 vta.).
Recordó que en la vía denegada se señaló que la conducta de su defendido no se enmarcaba en la figura delictiva prevista en el art. 140 del Código Penal y que, con su proceder, el Tribunal de Casación se apartó de las constancias de la causa
III. La queja no es de recibo.
1. Por un lado, la parte no rebatió eficazmente los argumentos dados por el a quo para desestimar la denuncia de infracción a la garantía de revisión amplia del fallo condenatorio relacionada con la ausencia de fundamentación del monto de la pena.
En efecto, la denuncia de arbitrariedad y exceso en la jurisdicción no puede prosperar en tanto el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; causa P. 125.506, resol. de 3-VI-2015; P. 126.793, resol. de 15-VI-2016; P. 126.939, resol. de 28-IX-2016; P.127.655, resol. de 21-XII-2016; P. 127.845, resol. de 29-III-2017; P. 128.008, resol. de 19-IV-2017; P. 127.870, resol. de 21-VI-2017; P. 128.408, resol. de 12-VII-2017; P. 128.609. resol. de 27-IX-2017; P. 128.050, resol. de 18-X-2017; e.o.).
Contrariamente a lo afirmado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor, sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por otra parte, frente a lo resuelto por el a quo el quejoso no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal, pues se limitó a reiterar las alegaciones vertidas en la vía extraordinaria, más no hizo ningún esfuerzo por evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que decía afectadas y la arbitrariedad argüida en aquélla, se vinculaban con lo debatido y resuelto sobre el punto (art. 15 de la ley 48).
b. En lo que hace al agravio vinculado con la errónea aplicación del art. 140 del Código Penal, el juicio de admisibilidad negativo debe confirmarse (arts. 486, 486 bis y concs., CPP).
Lo cierto es que la parte no logró remover el déficit formal relativo a que las argumentaciones desarrolladas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no fueren continentes de cuestiones relativas a la determinación del hecho y la valoración de la prueba.
En suma, si bien es cierto que la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva es una de las causales expresamente previstas en el art. 494 del ritual que en principio, permitirían declararlo admisible, el defensor no evidenció que los cuestionamientos llevados encuadraran en dichos supuestos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta a favor de M.P.A., con costas (art. 486 bis, CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3034
Fin de la sentencia