Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127431 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir -parcialmente- la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis, C.P.P.).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada, con el alcance indicado precedentemente.
P. 127.431-RQ - “Carranza, Ezequiel Alfredo s/ Recurso de queja, en causa n° 69.344 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.-
///Plata, 28 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.431-RQ, caratulada: “Carranza, Ezequiel Alfredo s/ Recurso de queja, en causa n° 69.344 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de abril de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Ezequiel Alfredo Carranza, contra la decisión de ese órgano que rechazó -por improcedente- el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 de Morón, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por hallarlo coautor penalmente responsable de los delitos de robo simple y robo agravado por el uso de arma de fuego, y autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de guerra y homicidio criminis causae perpetrado con el uso de arma de fuego; todos en concurso real entre sí (fs. 72/75 vta.).
Para así decidir, juzgó que pese encontrarse abastecido el recaudo referente al monto punitivo previsto en el art. 494 del C.P.P., “no ocurre lo mismo con la naturaleza de los agravios vertidos”. De seguido, compulsó la existencia de un supuesto de excepción que ameritara la intervención de ésta Suprema Corte como Superior Tribunal de la causa -en los términos de la doctrina sentada por la Corte federal in re “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”, y expuso que tal situación no se patentizó en la especie “pues el reclamo se desentiende de lo efectivamente resuelto por el tribunal del recurso ante el mismo agravio planteado, sin evidenciar arbitrariedad ni falta de fundamentación en lo definitivamente pronunciado”. Así, con cita de precedentes de éste alto Tribunal, recordó lo normado en el art. 434 del digesto adjetivo y concluyó que “vencido el plazo de interposición, cualquiera de las demás intervenciones de las partes (…) sólo pueden estar dirigidas a enriquecer los originales agravios expuestos en el recurso, mas no pueden incorporarse cuestiones nuevas, ajenas a aquel” (fs. 73 vta./74 vta.).
Por otra parte, y en relación a la errónea aplicación de la ley sustantiva alegada -art. 80 inciso 7° del fondal-, sindicó que ese Sede efectuó un “exhaustivo tratamiento del material cargoso”. En esa línea, sentó que conforme los testimonios aportados por Esteban Menéndez y Florencia Fernández “si bien en un primer momento la finalidad del imputado fue únicamente la del robo, luego se presentó en su psiquis la clara intención de consumar sin obstáculo alguno el despojo”. Así, concluyó en la ausencia de arbitrariedad, toda vez que se brindaron “contundentes argumentos para aventar la existencia de los agravios esgrimidos, hilando lógica y razonablemente los magistrados votantes su sincera convicción en cuanto a la calificación jurídica del hecho y la participación en el mismo” de Carranza. Adunó que la inadmisibilidad “se sella desde que el recurrente no cuestión[ó] el encuadre jurídico sino que critic[ó] el suceso reconstruido por el plexo probal reunido que redunda -a su juicio- en una calificación distinta. Este cuestionamiento, en definitiva, es de derecho común”. Finalmente, recordó la doctrina del Máximo Tribunal sobre arbitrariedad, supuesto que no halló demostrado en el presente (fs. 74 vta./75 vta.).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial Adjunto ante la sede casatoria -doctor Nicolás Agustín Blanco-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 77/92 vta.
a. En primer lugar, se refirió a la procedencia formal del reclamo y a los antecedentes -in extenso- de la impugnación (fs. 77/87 vta.).
b. Ingresando en la fundabilidad, expuso que el recurso fue erróneamente desestimado.
1. Por una parte, y en relación al agravio vinculado a la violación al debido proceso que esa defensa introdujo en la oportunidad del art. 458 del C.P.P., sostuvo que resulta aplicable la doctrina sentada por la Corte federal en los precedentes “Strada”, “Christou”, “Di Mascio” y su prole. En ese discurrir, tildó de arbitraria la negativa casacional, toda vez que -desde su óptica- se fundó en fórmulas genéricas y abstractas (fs. 87 vta./88).
Agregó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por el cimero Tribunal, en tanto los postulados esgrimidos -sentencia arbitraria, vulneración a la doble instancia y al debido proceso, respecto del planteo nulitivo introducido en el memorial y su rechazo por extemporáneo- revisten índole federal, ya que se vinculan de manera directa e inmediata con la solución del caso. Asimismo, indicó la oportunidad y actualidad del gravamen esbozado (fs. 88 y vta.).
Alegó que el límite que en razón de la materia establece el art. 494 del digesto adjetivo debe ser inaplicado, o declarada su inconstitucionalidad, y que el a quo defendió su propia interpretación restrictiva ingresando en aspectos que exceden la admisibilidad formal, desnaturalizando la función asignada por el art. 486 del Cód. cit.. Trajo a colación lo resuelto por ésta Suprema Corte en P. 85.977 y P. 126.587 (fs. 89/90).
En lo sucesivo, insistió en la arbitrariedad del fallo y requirió que se haga lugar a la queja (fs. 90 vta./91).
2. Desde otro axioma, criticó la respuesta brindada en torno a los agravios sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva desarrollados (fs. 91).
Así, expresó que de conformidad con los hechos considerados probados por la sede casatoria, el fallo aplicó erróneamente el art. 80 inciso 7° del fondal, puesto que el evento “debía enmarcarse (…) en el art. 165 [del] C.P.”; y que -subsidiariamente- la calificación vulneró el in dubio pro reo (fs. cit. y vta.).
Tachó de arbitrario al decisorio sobre el tópico, y reiteró el cuestionamiento esgrimido sobre la extensión del juicio de admisibilidad arribado en la etapa intermedia (fs. cit./92).
III. La queja prospera parcialmente.
a. Ahora bien, en primer lugar cabe señalar que la porción del fallo que denegó la impugnación extraordinaria en el punto referente al rechazo -por extemporáneos- de los embates introducidos en la oportunidad prevista en el art. 458 del C.P.P. ha de sostenerse en esta instancia. Ello en tanto lo así decidido guarda relación con la postura de éste Cuerpo sobre el tópico, reiterada en innumerables oportunidades (cfe. P. 109.429, resol. del 5/X/2011; P. 110.913, resol. del 10/X/2012; P. 108.285, resol. del 12/XII/2012; P. 115.056, resol. del 21/VIII/2013; P. 118.827, resol. del 18/VI/2014; P.120.316, resol. del 15/X/2014; P. 125.741, resol. del 15/VII/2015; P. 126.426, resol. del 29/XII/2015; P. P. 125.185, resol. del 9/III/2016; P. 122.457, resol. del 16/III/2016; P. 126.446, resol. del 22/III/2016; P. 126.844, resol. del 22/VI/2016; e.o., art. 31 bis ley 5827).
b. Sentado lo anterior, corresponde remarcar que, tal como lo puso de manifiesto el quejoso en el considerando II.b.2 del presente, se debió conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ya que se encuentra abastecido el recaudo del monto de la pena y se cuestionó la errónea aplicación e inobservancia de la ley sustantiva (cfe. P. 123.274, resol. del 29/XII/2014; P.123.012 y P. 120.630, ambas resols. del 15/VII/2015; P. 124.233, resol. del 12/VIII/2015; P. 123.527, resol. del 16/XII/2015; P. 122.759, resol. del 16/III/2016; P. 122.106, resol. del 10/VIII/2016; e.o.).
Para más, el Tribunal de Casación Penal, al expedirse sobre la suficiencia del agravio de ley sustantiva, excedió los límites formales del juicio de admisibilidad y se inmiscuyó de ese modo en la fundabilidad del recurso (arts. 486 y 486 bis del C.P.P.; cfe. P. 126.389, resol. del 6/IV/2016; P. 126.915, resol. del 22/VI/2016; P. 126.377, resol. del 24/VIII/2016; e.o.).
En consecuencia, el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley -en el aludido tramo- ha sido mal denegado, lo que así debe declararse.
IV. Pasando al análisis propio del carril extraordinario deducido, cabe destacar que el art. 494 del C.P.P. -texto según ley 13.812- establece que la vía allí contemplada sólo podrá interponerse contra la sentencia definitiva que, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal referida a ella, revoque una absolución o imponga una pena de reclusión o prisión superior a diez años.
En el caso -como se anticipó-, se cumple tanto con el requisito del monto de pena como con las demás exigencias de la citada norma, en tanto el contenido de la impugnación se vincula, entre otros agravios de pretensa índole federal, con la errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 80 y 165 del C.P.).
Por lo tanto el recurso interpuesto resulta admisible (art. 494 del C.P.P., texto ley 13.812).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir -parcialmente- la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis, C.P.P.).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada, con el alcance indicado precedentemente.
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa al órgano a quo mediante oficio de estilo (art. 486 bis, 487 y ccds. del C.P.P.).-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia