Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127263 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja articulada por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación Penal, a favor de Adrián Federico Dorado; con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. -según ley 14.647-).
P. 127.263-RQ “Dorado, Adrián Federico s/ Recurso de queja en causa N° 69.419 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 127.263-RQ, caratulada: “Dorado, Adrián Federico s/ Recurso de queja en causa N° 69.419 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, el 26 de abril de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que -rechazando la vía homónima- confirmó lo fallado por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro que condenó a Adrián Federico Dorado a la pena de veintinueve años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, más una multa de mil pesos -$ 1.000- por la coautoría de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y por su comisión en poblado y en banda -reiterado en tres oportunidades-, robo con resultado muerte agravado por el empleo de un arma de fuego, y por la autoría del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil (fs. 125/129 vta.).
2. Contra lo así resuelto, el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, presentó queja por recurso extraordinario denegado -cfe. art. 486 bis, ley 14.647- (fs. 132/139 vta.).
En primer lugar, efectuó un pormenorizado racconto de los antecedentes de la causa (fs. 132 vta./135).
De seguido, se ocupó de la fundabilidad de la vía de hecho (fs. 135). Expuso que el órgano entendió que las cuestiones llevadas a su conocimiento configuran -en rigor- cuestiones procesales y de derecho común, y descartó la cuestión federal argüida -arbitrariedad- por falta de aptitud y carga técnica necesarias (fs. 135 y vta.).
En oposición a ello, postuló que se tachó de arbitrario al fallo casatorio por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Máximo tribunal, con afectación a la defensa en juicio, al debido proceso legal y al in dubio pro reo (fs. 135 vta./136).
Puntualizó que la revisión de la sentencia de origen carece de una respuesta acabada que permita descartar los motivos de agravio (fs. 136).
Trajo a colación la normativa que acompañó el vicio prealudido -arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 8.1 y 8.2.h de la C.A.D.H., 14.5 del P.I.D.C. y P., 168 y 171 de la Constitución provincial-, y reiteró que “contrariamente a lo establecido por el Tribunal de Casación”, se encuentra configurado un planteo federal, oportunamente “acompañado con las argumentaciones correspondientes”, que debe ser abordado a tenor de lo fallado en “Strada” y “Di Mascio” por la C.S.J.N. -art. 14 de la ley 48- (fs. cit.).
Sindicó que dicho órgano, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos sentados por este Tribunal y la Corte nacional en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia, y postuló que al analizar la admisibilidad “no hace más que encubrir su propia omisión, excediendo en dicho análisis lo normado por el art. 486 del C.P.P.” (fs. 136 vta.).
Se explayó respecto al principio de imparcialidad judicial con cita del Informe 78/02 de la Comisión I.D.H. y diversos casos del T.E.D.H., criterios que -señaló- fueron adoptados por la mentada Comisión a los fines de interpretar la garantía del art. 8.1 de la C.A.D.H. (fs. 137 y vta.).
Postuló que no puede considerarse “válida y suficiente” la decisión en crisis, y concluyó que se vedó a quien asiste el derecho a la jurisdicción (fs. 137 vta.).
En segundo lugar, expuso que la extemporaneidad de los planteos introducidos en el marco del art. 458 del C.P.P. fue denunciada en el carril extraordinario por entender que, al así fallar, el revisor quebrantó la garantía a la revisión amplia e integral del fallo de condena y el derecho al recurso (fs. 138).
Advirtió la afectación a la utilidad de la defensa pública y el estado jurídico de inocencia de su representado. Tildó nuevamente de arbitrario el fallo, reiteró las cuestiones constitucionales que sostiene involucradas y explicitó que se tachó de inconstitucional la manda del art. 451 del C.P.P. (fs. cit y vta.).
Finalmente solicitó la intervención de ésta Corte a los fines de evitar la desnaturalización del instituto (fs. 138 vta./139).
3. La queja no es de recibo.
a. La Sala Quinta, luego de hallar reunidas las exigencias de los arts. 482 y 483 del Código de rito, y abastecido el monto punitivo fijado por el art. 494 del C.P.P., afirmó que “en el caso bajo análisis la índole de los agravios no cumple este requisito” (fs. 127).
A continuación, especificó que si bien las limitaciones de la vía impetrada deben ceder, en casos excepcionales, cuando la parte hubiere puesto en juego una cuestión federal, el recurrente “no exhibió, más allá de su genérica alegación, que en el caso estuviese involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de tal naturaleza” a los fines de la competencia revisora de esta Suprema Corte (fs. 127 y vta.). Especificó que la índole de las críticas descartan toda vía de excepción, por hallarse -en rigor- vinculadas con una temática de neto corte procesal y de derecho común. Estimó -además- que “no pasan de ser una opinión contraria a la vertida en el pronunciamiento recurrido” (fs. cit.). De seguido, explicitó las características que debe reunir un planteo a tenor de la tacha de arbitrariedad, y concluyó que “ninguno de los agravios expuestos en el remedio bajo estudio alcan[za]n a demostrar que en el caso se hubiere configurado uno de esos supuestos” (fs. cit./128).
Coligió en la falta de aptitud y carga técnica necesarias del planteo de una cuestión federal (fs. 128).
Finalmente, entendió que los agravios en relación a la extemporaneidad de lo llevado en el marco del art. 458 del C.P.P., también se vinculan con cuestiones de neto corte procesal y derecho común “como lo es la interpretación de normas de nuestro ordenamiento adjetivo, lo que -reiteró- resultan impropias de una cuestión de la naturaleza federal (fs. cit.). En esa senda, citó diversos pronunciamientos de esta Suprema Corte, y añadió que dicha manda procesal habilita a la parte a completar el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad. Finalmente, razonó que de lo resuelto en “Casal” por la C.S.J.N. no surge que se hayan derogado las normas adjetivas respecto a la oportunidad para la introducir los agravios ante las instancias revisoras (fs. 128 vta./129).
b. De lo reseñado, se advierte que los planteos traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de los planteos, ello es, la tacha de arbitrariedad por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la C.S.J.N., lo que -entendió- afecta las garantías de defensa en juicio, el debido proceso y el in dubio pro reo -v. fs. 135 vta./136.-, desentendiéndose de los motivos por los cuales el a quo obturó su progreso y que han quedado expuestos precedentemente.
Para más, las diversas consideraciones vinculadas al exceso del órgano, la imparcialidad judicial y el acceso a la jurisdicción aparecen como argumento genéricos que no logran evidenciar cual es la relación con lo acontecido en el caso (v. fs. 136 vta./137 vta.).
A mayor abundamiento, y más allá de la ineficacia de los argumentos desarrollados por el quejoso para revertir el juicio negativo en punto a los agravios que fueran desestimados por novedosos, lo cierto es que -en línea con lo expuesto por el a quo- la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la pretensa afectación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C y P. (cfe. P. 78.901, sent. Del 7/XI/2001; P. 75.534, sent. del 21/XI/2001; P. 77.329, sent. del 10/IX/2003; P. 81.725, sent. del 16/IX/2003; P. 83.841, sent. del 9/X/2003; P. 89.368, sent. del 22/XII/2004; P. 99.549, sent. del 8/VII/2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja articulada por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación Penal, a favor de Adrián Federico Dorado; con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. -según ley 14.647-).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia