Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127274
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación Penal a favor de C.R.A.; con costas (arts. 484, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. -según ley 14.647-).
P. 127.274-RQ - “Cabrera Rodas, Alfredo s/ Recurso de queja, en causa N° 69.456 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 17 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 127.274-RQ, caratulada: “C.R.A. s/ Recurso de queja, en causa N° 69.456 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1° de marzo de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de C.R.A., Contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Lomas de Zamora, que lo condenó a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual agravado por acceso carnal; ambas figuras agravadas por el aprovechamiento de la situación de convivencia con una menor de dieciocho años de edad (fs. 63/68 vta.).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor José María Hernández-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 75/79 vta.
Luego de transcribir los antecedentes del caso (fs. 75 vta./76 vta.) adujo que el canal extraordinario reglado en el art. 494 del C.P.P. fue erróneamente desestimado, toda vez que resulta aplicable al presente la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”. En esa línea, afirmó que “...la decisión que origina esta queja importa una negación de la competencia apelada (…) que priva a [esta] Suprema Corte del rol institucional básico (…) de velar por la supremacía de la Constitución Nacional y el bloque federal todo” (fs. 76 vta./77).
Asimismo, tildó de arbitraria la negativa del a quo por fundarse “de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas”. En ese discurrir, explicó que el caso se encontraba en condiciones de ser conocido por la Corte federal, en tanto los agravios postulados en el remedio local revestían carácter federal -pues lo que se estaba debatiendo era que el Tribunal de Casación Penal había incumplido el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, afectando el in dubio pro reo y la defensa en juicio-. Luego, aseguró que la misma había sido oportunamente planteada, que se encontraba acreditada su relación directa e inmediata con la solución del caso, y que el gravamen era actual (fs. 77 y vta.).
Agregó que resultaba aplicable en autos la doctrina de los fallos citados porque “...se hall[a] en juego el principio de supremacía del bloque federal... en una causa que es de jurisdicción provincial [donde] es deber de los Superiores Tribunales de provincia conocer sobre tales puntos regidos por el bloque federal antes de que lo haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (fs. cit.).
De este modo, indicó que “...el límite que en razón de la materia (a la ley ‘sustantiva’) trae el art. 494 del CPP debe ser inaplicado o declarado inconstitucional frente a las normas federales [citadas] (vgr. 5, 31, 75 inc. 12, 116, 121, 124 y ccds. de la Constitución Nacional) a fin de tutelar el derecho de rango supremo, convencionalmente reconocido, al doble conforme...” (fs. 78).
Señaló que en el carril extraordinario “se invocó el derecho a la revisión el fallo, se dijo que la mera repetición de los argumentos del tribunal de mérito por parte del Tribunal de Casación no satisface ese derecho de rango supremo, se invocaron los pronunciamientos del sistema interamericano que delimitan la extensión de ese derecho y los de la Corte Federal (…) y finalmente se demostró que la Casación se limitó a repetir los argumentos de la sentencia condenatoria que debía revisar” (fs. cit. y vta.).
Afirmó que el agravio relativo a la indebida restricción del derecho a la doble instancia, en tanto no se ha verificado que la condena respetara el in dubio pro reo, se vincula de manera directa e inmediata con la solución el caso, “pues demanda una nueva revisión -esta vez eficaz- de la sentencia condenatoria por jueces hábiles que satisfagan el alcance que a la garantía en cuestión (…) le asignaran la Corte I.D.H., la Corte federal y [esta] Corte” (fs. cit./79).
Como colofón, consideró que el resolutorio dictado por el Tribunal de Casación, en forma arbitraria, negó la concurrencia en el caso de los requisitos que determinan la inaplicación del límite que en razón de la materia impone el art. 494 al recurso de inaplicabilidad de ley; que ha de ser inaplicado o declarada su inconstitucionalidad federal. Y coligió que “lo ha hecho bajo argumentaciones genéricas y abstractas que derivan en que (...) la Suprema Corte provincial se encuentre cegada a tutelar la supremacía de la Constitución Nacional y los Tratados de rango constitucional en los que la impugnación se fundaba” (fs. 79 y vta.).
III. La queja no prospera.
De la compulsa del auto que denegó la vía intentada surge que el órgano intermedio -luego de sostener que en el caso se encuentran abastecidos los recaudos de los arts. 482 y 483 del digesto adjetivo como, asimismo, el monto sancionatorio previsto en el art. 494 del mismo cuerpo legal- argumentó que, en rigor, la impugnación “versa sobre cuestiones procesales, por lo que no se puede identificar (…) infracción a la ‘ley sustantiva’ -y así lo reconoce el recurrente-, limitación objetiva que el código de rito establece para la concesión del presente remedio” (fs. 64).
Adunó, con referencia al agravio referido a la “revisión aparente de la sentencia de condena” -pues existiría una violación de los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.- que “el recurrente desconoce o hace caso omiso a lo resuelto (…) esgrimiendo en realidad una opinión discrepante a lo anhelado en el recurso casatorio incoado oportunamente”, y trajo a colación precedentes de esta Corte (fs. cit. vta./65).
Asimismo, expresó que no se advierte que el recurso extraordinario presente la aptitud y carga técnica necesaria para argumentar que “est[é]n involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales”, afirmación que también sustentó con la transcripción de jurisprudencia de este alto Tribunal (fs. 65/66 vta.).
Finalmente, juzgó que el carril escogido es “una vía excepcional, y no un remedio ordinario donde se busca -como en el presente- una tercera instancia para reeditar los planteos formulados en su momento en la instancia departamental” (fs. 67).
IV. Como se aprecia de la reseña que antecede, la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la sede casacional basó la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria deducida.
En efecto, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limitan a decir que en aquel medio recursivo se hallaba en juego una cuestión federal y que la misma guardaba relación directa e inmediata con la materia del juicio, sin tener en consideración la doctrina citada por el resolutorio en crisis.
Para más, la parte centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de afirmaciones dogmáticas, que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
Desde otra arista, la denuncia de afectación a la garantía de revisión amplia de la sentencia condenatoria -en los términos de la jurisprudencia que citó- ha sido insuficientemente justificada, en razón que la fundamentación es genérica y no se refiere concretamente a las constancias de la causa.
En definitiva, el autor de la queja no logra demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48) falencia sobre la que el auto denegatorio sustentó su respuesta, sin que la parte se esfuerce en rebatir tal argumento.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación Penal a favor de C.R.A.; con costas (arts. 484, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. -según ley 14.647-).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia