Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128661
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el representante del Ministerio Público Fiscal -doctor Roberto Miguel Rubio- (arts. 486 y 486 bis del CPP).
2Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a 1/18 vta., dejar sin efecto el pronunciamiento de fs. 19/21 vta., y comunicar lo aquí resuelto al órgano intermedio para que dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente (art. 496, Cód. cit.; art. 31 bis de la ley 5827 -conf. texto según ley 13.812-).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.661-RQ, caratulada: "Rubio, Roberto Miguel -fiscal- s/ Recurso de queja en causa N° 695/15 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, seguida a Baez, Jorge Alberto",
I. Según se desprende de las copias aportadas por la parte, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, mediante auto del 17 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por el Fiscal Departamental contra la sentencia de dicho órgano que -haciendo lugar al recurso de la defensa- absolvió a Jorge Alberto Báez de los delitos de daño simple y amenazas simples -en concurso real-, por los que había sido hallado autor penalmente responsable en la primigenia sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 1 local, órgano que había fijado la sanción en siete meses de prisión en suspenso, más el cumplimiento de las medidas impuestas por la Justicia de Paz por el plazo de dos años(v. fs. 19/21 vta.).
a. Para así fallar, señaló que "a criterio del Sr. Fiscal General" la sentencia no resulta conclusión razonada del derecho vigente, por vulnerar los principios de inmediación, contradicción y la correcta interpretación que cabe darle a los arts. 210 y 293 del Código ritual (v. fs. 20). Aludió que el representante del Ministerio Público denunció el quebranto al compromiso asumido por el Estado nacional en la lucha por erradicar la violencia de género -Convención de Belem do Pará- (v. fs. 20 y vta.). Asimismo, que tachó de errónea y arbitraria la sentencia que revocó el veredicto condenatorio por el beneficio de la duda haciendo propio el pedido de la defensa, cuando -a su criterio- la única probanza que se valoró en tal sentido es el testimonio de la propia víctima, invisibilizando el conflicto (v. fs. 20 vta.).
b. De seguido, expuso que el carril interpuesto configura la vía idónea para el tratamiento de las eventuales cuestiones federales -conf. art. 14, ley 48 y lo fallado en "Strada", "Christou" y "Di Mascio" por el Máximo Tribunal nacional-, siendo menester su correcto planteamiento (v. fs. 20). En ese marco, halló que "más allá de las citas genéricas de disposiciones y principios de la Constitución Nacional" la parte no logró introducir una cuestión de naturaleza federal de modo adecuado, pues si bien no existen fórmulas sacramentales, resulta indispensable su planteo oportuno y la mención del derecho federal que se entiende conculcado. Seguido a ello, especificó que "la arbitrariedad alegada así como el absurdo probatorio" no se abastece en supuestos en que las conclusiones pudieron resultar opinables, discutibles o poco convincentes a la luz de la prueba reunida. Tampoco -añadió- cuando fundadamente se prefirió un tipo de probanza en detrimento de otra. Ello, con cita de diversos precedentes de esta Suprema Corte (v. fs. 21).
Concluyó que el cuestionamiento no prosperaba en tanto la parte lo cimentó en divergencias respecto a la ponderación del plexo probal "pero que en modo alguno contienen los requisitos requeridos para la suficiencia de la cuestión federal" en pos de habilitar la apertura impugnativa pretendida (v. fs. cit.).
II. En objeción a ello se alzó el Fiscal General departamental -doctor Roberto Miguel Rubio- mediante recurso de queja (v. fs. 23/33 vta.).
Peticionó la aplicación del art. 31 bis de la ley 5.827, por revestir un caso de gravedad institucional -art. 75 inc. 22, Const. nac.; Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ley 24.632; y Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer- (v. fs. 23 y vta.).
Adunó que se interpuso el carril extraordinario por "inobservancia y errónea desestimación de la ley sustantiva", tanto de orden local como Constitucional e internacional; lo que -razonó- trasciende el valladar ritual por arbitrariedad manifiesta (v. fs. 24).
Denunció que a pesar de la gravedad de la situación investigada, la Cámara denegó la impugnación. Transcribió parcelas del auto adverso y advirtió que no se trata de haber preferido un tipo de probanzas en detrimento de otras, como se le adjudica, sino de incorporar la mirada de género, en consonancia con lo normado en los arts. 7.6 y 8.c de la Convención de Belem do Pará (v. fs. 24 vta./25). Halló que el criterio sustentado implica un retroceso en los logros alcanzados en la materia (v. fs. 25).
Expuso que la decisión de Cámara que modificó la de primera instancia "resulta errónea y arbitraria" (v. fs. 25 vta.). Reiteró que en este tipo de casos debe tenerse en cuenta el estándar probatorio de los instrumentos internacionales citados, así como la normativa provincial específica -ley 12.569- (v. fs. 26). Mencionó lo fallado en Causa "Rodríguez" del Tribunal de Casación Penal y los precedentes "Fernández Ortega", "Rosendo Cantú", y "Campo Algodonero", todos vs. Méjico, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 26 vta.).
Efectuó transcripciones del remedio extraordinario denegado (v. fs. 26 vta./32), y concluyó que la "absurda valoración de la prueba" habilita la intervención de esta Suprema Corte como superior tribunal de la causa en el marco de la arbitrariedad de sentencias (v. fs. cit. y vta.).
Advirtió que la Cámara se excedió en el examen efectuado, invadiendo la competencia privativa de esta Corte -conf. arts. 486, 486 bis y 487, CPP- (v. fs. 32 vta.). Postuló que lo resuelto no resulta fundado ni constituye una derivación razonada del derecho vigente. Esgrimió que la genérica referencia a la inexistencia de arbitrariedad no abastece dicho estándar, y le reprochó al órgano incurrir en "afirmaciones dogmáticas carentes de apoyatura en las constancia de la causa" (v. fs. cit.).
Para finalizar, mantuvo la reserva del caso federal, y afirmó que lo resuelto avasalla el principio de legalidad -art. 14, ley 48- (v. fs. 33).
III. Resulta acertada la queja (art. 486 bis, CPP).
De lo reseñado no puede sino colegirse que la impugnación formalizada ha sido erróneamente descartada, en tanto el recurrente ha denunciado con la suficiencia y carga técnica necesaria cuestiones de pretensa índole federal -arbitrariedad de la sentencia por no resultar la misma conclusión razonada del derecho vigente y conllevar un notorio interés público por la temática sobre la cual resuelve y de la forma en que se concluye, confrontándose directamente con normas de jerarquía constitucional (Convención de Belem do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) así como de la ley n° 26.485 y ley n° 12.569-, que en el marco de la doctrina de los precedentes de Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478, y su progenie, justifican su tratamiento en esta instancia.
IV. Sentado lo que antecede, en atención a las circunstancias de la causa y el compromiso del principio de economía procesal, corresponde a esta Corte abocarse al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal (conf. P. 125.837, res. del 14-X-2015; P.125.578 res. del 12-VIII2015; P.125.652 res. del 18-IX-2015; P. 126.721, res. del 16-III-2016; e.o.), y en dicho marco es que el mismo resulta procedente (art. 31 bis, ley 5827).
A tales fines, es útil efectuar el siguiente racconto:
a. En lo que aquí resulta de interés, el fallo primigenio al pronunciarse sobre la existencia del hecho en su exteriorización material (art. 371, párrafo segundo, inc. 1° por aplicación del 376, CPP), halló acreditado que el día 8 de febrero de 2013, siendo aproximadamente las 14:30 hs., Jorge Alberto Baez se hizo presente en el domicilio de su expareja Claudia Mabel López, sito en la localidad de General Villegas, provincia de Buenos Aires, y que "[u]na vez allí comenzó a propinarle golpes de puño en la puerta principal lo que produjo la rotura de la misma mientras alarmaba y/o amedrentaba a la víctima López, manifestándole 'salí negra abrí salí porque ya te voy a agarrar en la calle, te voy a matar'-sic" (v. fs. 1). Ancló dicho raciocinio en las constancias de la IPP n° 753/13, incorporadas por lectura durante el debate, las cuales enumeró (denuncia y ampliación de Claudia Mabel López, fs. 1 y 19; croquis ilustrativo, fs. 3; informe fotográfico, fs. 4; documental, fs. 6; informe y testimonio de concepto y solvencia, fs. 13/vta., 16/17vta. y 30/32vta.; acta de declaración del imputado, fs. 23/25 vta.; informe de antecedentes del Registro nacional de Reincidencia, fs. 34; e informe de antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, fs. 39- (v. fs. cit.).
Sumó a ello, el testimonio que la víctima prestó en la audiencia oral, y puntualizó en que "un día de verano Baez fue a su domicilio porque quería hablar, ella no lo atendió. Entonces él empezó a dar vueltas y le pedía que le abriera, ella le decía que no, él golpeaba las ventanas, ingresó al patio, cortó la luz de su vivienda desde el pilar pensando que ellas iban a salir porque hacía calor. Todo el tiempo le pedía que saliera. Agregó que en un momento él salió del patio y cerró la reja. La deponente le pidió a su sobrina que se fijara si se había ido y cuando salió la nena Baez volvió a intentar entrar, ella cerró la puerta y él hizo palanca y rompió el picaporte de la puerta. La dicente le dijo que se fuera, que iba a llamar a la policía y él se retiró. Aclaró que Báez rompió la puerta por donde se encuentra la cerradura. Llamó a la policía quienes miraron y sacaron fotos (fs. 1 vta.). Explicó que al llegar la policía el imputado ya no estaba en el lugar, y que se encontraban separados desde fines de mayo. Asimismo que había una denuncia a raíz de las lesiones que Baez le produjo, con antelación, a su hijo. Depuso que como ella no salía de la vivienda, él le decía "'yo te voy a matar, ya te voy a agarrar en la calle, si no sos mía no sos de nadie'". Sumó a dichos elementos convictivos, la identificación fotográfica de la puerta que rompió y la reja por donde ingresó el imputado; las respuestas de la denunciante al interrogatorio de la Defensa, referidas a la convivencia, aunque en cuartos separados, luego de la separación por razones económicas; la existencia de una medida cautelar que había vencido en esos días; la falta de requerimiento al imputado, y la radicación de las denuncias, con su consecuente restricción, cada vez que él la molestaba; y que "en la actualidad la sigue molestando con mensajes, si bien ella no le tiene miedo en esa oportunidad se sintió amenazada" (fs. 1 vta. in fine).
De seguido, descartó los agravios de la defensa de Báez (v. fs. 1 vta. in fine/2), afirmó que "no caben dudas acerca de la existencia de las amenazas que profiriera Baez a la denunciante y la intención de amedrentar e intimidar a la misma con estas expresiones", y analizó la construcción típica del ilícito enrostrado. Concluyó que respecto al delito de daño debía valorarse también la denuncia del mismo sobre la puerta de ingreso al domicilio, corroborada con las fotografías de fs. 106 vta. y fs. 107 (v. fs. 2 vta.).
Sentado ello, la judicante abordó la participación el procesado en el hecho que se dio por acreditado (v. fs. cit.). Al respecto, afirmó que su autoría quedaba demostrada por "las mismas constancias enumeradas en el punto precedente, a las cuales me dirijo en aras de la brevedad", y descartó la crítica de la defensa del imputado respecto a la falta de prueba de su presencia en el lugar del hecho. Afirmó no tener duda alguna en que el encartado amenazó a Claudia Mabel López y dañó la puerta de su domicilio, y entendió por probada su autoría (arts. 210 y 373, CPP).
En consecuencia, dictó veredicto condenatorio y fijó la pena que fuera reseñada en el acápite I.
b. Al resolver el recurso de apelación incoado por la Defensa, la Cámara le otorgó razón a la parte, y concluyó que las condiciones en que se construyó el veredicto determinaba la existencia de duda, insuperable e importante, sobre la adecuada recreación de la intervención de Baez en el evento, la cual -sostuvo- no logró disiparse a la luz de las probanzas rendidas -art. 1, tercer párrafo, CPP- (v. fs.8 vta./9).
Para así fallar, destacó que la magistrada precedente "respondió con una afirmación que nada dice acerca de los elementos de convicción que le permiten el aserto, más que su remisión a lo que ya fuera valorado por ella misma para la justificación de la materialidad" (fs. 7). Añadió que no brindó explicaciones adecuadas para contrarrestar el argumento de la parte, y -específicamente- no desarrolló los motivos, ni explicó cómo cada una de las pruebas la llevaron a aseverar la autoría (v. fs. 7 y vta.). A continuación, completó que más allá del testimonio de la víctima, sobre la cual "la Magistrada no formuló consideración alguna de los motivos por los que dicha probanza en absoluta soledad le permite dar por acreditado el extremo bajo análisis", no se aprecia de qué modo las piezas a las que remite dan por comprobada la intervención de Baez (v. fs. 7 vta.).
En definitiva, razonó que la sentenciante se limitó a enunciar, señalar, indicar, referenciar, una serie de diligencias y constancias en pos de su aseveración, pero omitió desarrollar los motivos y razones por las cuales forjaron en su ánimo la certeza respecto de la reconstrucción intelectual de la participación del imputado en los hechos (v. fs. cit. in fine/8). En consecuencia, entendió que no se hallaba abastecido el deber de fundamentación de la sentencia, lo que determina la nulidad del acto, por resultar arbitrario "desde que no permite conocer de manera clara cuál es el itinerario intelectual recorrido a tales efectos o de qué modo los mismos permiten la vinculación reseñada" (v. fs. 8 vta. in fine).
c. Ahora bien, de la sinopsis efectuada dimana que -conforme lo señaló el representante del Ministerio Público Fiscal en la vía extraordinaria, v. acápite I, ap. a- la Cámara prescindió de dar un tratamiento adecuado a la controversia, esto es, de modo íntegro y armónico, en el marco el derecho aplicable y la prueba rendida. Es que el estado de duda -respecto de la autoría- a partir del cual la sentencia descalificó el pronunciamiento originario se cimentó en una exigencia formal (la remisión que la Magistrada efectúa al acápite precedente) que, en puridad, halla anclaje en la imposibilidad de dar mérito probatorio per se a las declaraciones de la víctima. Ello surge palmario cuando menciona que "…[c]omo se dijo, la única probanza de las citadas que hace referencia a ello es la declaración de la víctima de la cual la Magistrada no formuló consideración alguna de los motivos por los que dicha probanza en absoluta soledad le permite dar por acreditado el extremo bajo análisis" (fs. 7 vta.).
Es que al decidir que la credibilidad de la testigo no estaba debidamente motivada, sin justificar esa determinación con apoyo en las restantes comprobaciones de la causa, incluso en la conducta de la víctima al contestar las preguntas de la Defensa del imputado (valoradas por la jueza de grado), se apartó de las concretas constancias del expediente, brindando apreciaciones de carácter personal, dogmáticas y parcializadas.
Lo hasta aquí expuesto descalifica -por arbitrario- el pronunciamiento recurrido, en razón de hallarse satisfecha sólo de modo aparente la exigencia constitucional de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos de la causa (Fallos 313:751; 315:119; e.o.).
Por consiguiente, corresponde hacer lugar al recurso fiscal, dejar sin efecto lo resuelto por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal a fs. 19/21 vta., debiendo volver las actuaciones a la instancia anterior para que dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el representante del Ministerio Público Fiscal -doctor Roberto Miguel Rubio- (arts. 486 y 486 bis del CPP).
2. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a 1/18 vta., dejar sin efecto el pronunciamiento de fs. 19/21 vta., y comunicar lo aquí resuelto al órgano intermedio para que dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente (art. 496, Cód. cit.; art. 31 bis de la ley 5827 -conf. texto según ley 13.812-).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia