Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127763
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del auto que denegó el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley interpuesto por el Sr. Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Ramón Antonio Méndez (art. 106, 482, 484, 486, 494 y ccdes. C.P.P.)
P. 127.763-RQ - “Méndez, Ramón Antonio s/ Recurso de queja en causa N° 70.756 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.763-RQ, caratulada: “Méndez, Ramón Antonio s/ recurso de queja en causa N° 70.756 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal -mediante el resolutorio de fecha 3 de mayo de 2016 (v. copia de fs.49/50)- declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley intentado por la defensa oficial de Ramón Antonio Méndez contra la sentencia de ese mismo órgano jurisdiccional que, rechazando la impugnación de la especialidad, confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro que lo condenó a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (cfe. art. 80.11 C.P.)
II. Contra esa forma de decidir se alzó el señor Defensor Adjunto ante aquella instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- deduciendo la queja que obra agregada a fs. 56/59 (cfe. art. 486 bis del C.P.P., t.o. según ley 14.647).
1. Luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales de la presentación directa en examen, y de repasar los antecedentes del caso, denunció errada la conclusión del a quo en torno a la inadmisibilidad de la senda incoada.
Explicó así, que en el recurso de inaplicabilidad de ley fue expresado que “nos encontrábamos frente a un supuesto de revisión aparente de la sentencia por parte del Tribunal de Casación, y que dicha falencia implica per se un supuesto de arbitrariedad de sentencia” (v. fs. 57)
Transcribió los cuestionamientos llevados a conocimiento de aquella sede en la etapa intermedia en torno a la calificación legal y a la pena perpetua, y luego de hacer lo propio con la sentencia impugnada refirió que “…si bien la respuesta se vincula al agravio fundado por la defensa, esto es, la inconstitucionalidad de las penas perpetuas, el tratamiento brindado no se corresponde al elevado a conocimiento por la defensa [en tanto] en ningún momento se hizo alusión al caso interamericano ni a la fijeza de la pena…” que la Casación le habría atribuido (v. fs. 57 vta.)
Advirtió pues, que la estructura conformada por el recurso que abre la vía impugnativa y la sentencia revisora no resultan ser congruentes señalando en consecuencia que “nos encontramos en un flagrante supuesto de revisión aparente” (v. ibidem)
Finalmente advirtió sobre el riesgo que involucra que sea el tribunal recurrido el que decida sobre la justicia de su propia sentencia y sobre las alegaciones expuestas, requirió la procedencia de la vía directa y la admisibilidad del recurso extraordinario incoado a favor de Méndez.
II. La queja es fundada.
1. Conforme surge de la copia del remedio extraordinario intentado acompañado por la parte (v. fs. 44/48) la defensa impugnó el pronunciamiento intermedio que -rechazando el remedio de la especialidad- condenó a su asistido a la pena de prisión perpetua, señalando la existencia de un pronunciamiento arbitrario.
Justificó su aserto explicando que existió en la sentencia una flagrante desconexión con los fundamentos invocados por la parte. Sostuvo –en lo que interesa- que el tribunal intermedio se desentendió de los planteos defensistas emitiendo un acto arbitrario.
Denunció la revisión aparente de la sentencia de condena y la infracción -merced a dicho proceder- del derecho al recurso del imputado, reputando violentados los artículos 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.
Concretamente reprochó al Tribunal de Casación haber constituido un tránsito aparente que frustró el derecho al doble conforme de su asistido, pues “habiéndose acudido a él en procura de la revisión del modo en que el a quo había considerado probada la autoría responsable del delito imputado la respuesta a este reclamo consiste en una reiteración -abreviada- de las razones del a quo…” (v. fs. 66).
Abundó sobre el alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso del encartado con cita de lo fallado en “Casal” y enfatizó que el órgano recurrido incumplió con los estándares allí delineados.
Para poner en evidencia la infracción denunciada transcribió los cuestionamientos llevados por el casacionista en oportunidad de instar la revisión de la condena (v. fs. cit. y su vuelta), y señaló que la sala no efectuó ninguna conclusión a su respecto. Enfáticamente concluyó que “no hay en la sentencia casatoria ni una sola referencia a esa ni a ninguna otra crítica dirigida por la casacionista en el remedio destinado a satisfacer el derecho a la doble instancia, y la decisión de VVEE se limita a resumir las conclusiones condenatorias del a quo predicando de ellas su razonabilidad …”(v. fs. 66 vta.)
Para más, argumentó que la sentencia dictada por la sala I del Tribunal de Casación Penal constituye un pronunciamiento arbitrario en tanto se basa en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales de conformidad con la doctrina legal de la C.S.J.N. que citó.
2. A su turno, para denegar la vía, el a quo refirió que la defensa “introdujo como motivos [de procedencia] la revisión aparente de la sentencia de condena, la violación al principio de culpabilidad y de los art. 1, 18 y 75 de la constitución…” para señalar sin más que “sin embargo los pretendidos planteos constitucionales si bien son enunciados no se demuestran, toda vez que la mera enunciación de tal afectación no abastece la exigida demostración” (v. fs. 49 vta./50)
3. Al margen del acierto de la queja, lo cierto es que el auto que denegó la vía no se encuentra debidamente fundado.
En efecto, la sala interviniente no sólo refirió los agravios que lo fundaron de modo genérico y parcializado -nótese que nada se dijo sobre la tacha de arbitrariedad- sino que, para más, omitió pronunciarse circunstanciadamente con relación a la suficiencia de las cuestiones constitucionales articuladas en el recurso, limitándose a señalar -en abstracto y sin otra consideración- que sólo fueron enunciadas por el recurrente (v. fs. 49, último parágrafo).
De ese modo, la instancia intermedia no analizó circunstanciadamente cada una de las denuncias federales intentadas, para poder efectuar la valoración a que se encuentra sujeta a tenor de la ley procesal aplicable (cfe. art. 483, 486 y doct. causa P. 127.874, resol. del 14-XII-2016).
Es que si bien incumbe exclusivamente a esta Corte juzgar sobre la existencia o no de dicho supuesto, no es menos cierto que ello no exime a los órganos judiciales llamados a dictar pronunciamiento de la naturaleza antes indicada, de resolver circunstanciadamente si la articulación federal formulada en el marco de la excepcional doctrina de Fallos: 308:390; 311:2478; 310:324 y su progenie -prima facie valorada- cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentos suficientes.
Ello, claro está, al margen de cualquier consideración vinculada con el acierto jurídico de la vía incoada, pues la decisión sobre la razón o sinrazón de lo decidido en la instancia casatoria ha de quedar exclusivamente reservada a la competencia de esta Corte, como juez de la impugnación.
El déficit aludido vicia la decisión en cuestión e impide tener por válido el juicio de admisibilidad efectuado en la instancia anterior. Es que, tal como ha señalado esta Suprema Corte “…la reforma producida por la ley 14.647 (B.O. 5/XII/2014) al modificar el órgano judicial que debe efectuar el juicio de admisibilidad de las vías recursivas previstas en el art. 479 del C.P.P., no ha dejado de lado la debida motivación de la decisión que las conceda o deniegue. Antes bien, ha puntualizado en la redacción del nuevo artículo 486 ibidem que el examen de la admisibilidad del recurso se llevará a cabo “de acuerdo a las disposiciones comunes y específicas contenidas en este capítulo”, que la resolución deberá ser “fundada” … [lo cual] por otra parte, se cohonesta con la previsión original del digesto contenida en el art. 484 del ritual que señala que “Los recursos extraordinarios deberán interponerse por escrito y con específica fundamentación, según el objeto y finalidad de cada medio en particular”, que si resulta exigible resguardar dicha forma para la articulación de las distintas vías de impugnación con mayor razón será necesaria la fundamentación circunstanciada acerca de la presencia en el caso de los recaudos propios de cada uno de los remedios elegidos para decidir sobre su admisibilidad (art. 106, 482, 484, 486, 489, 491, 494 y ccds. C.P.P.)” -v. causas P. 126.975, resol. del 28/IX/2016; P. 127.513, resol. del 15/XI/2016; e/o.
En consecuencia, corresponde declarar la nulidad del auto obrante en copia a fs. 49/50, y remitir copia de las presentes actuaciones a la Sala Tercera del Tribunal de Casación para que, con carácter de muy urgente, dicte una nueva decisión sobre el punto con arreglo a la presente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar la nulidad del auto que denegó el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley interpuesto por el Sr. Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Ramón Antonio Méndez (art. 106, 482, 484, 486, 494 y ccdes. C.P.P.)
Regístrese, notifíquese y remítase copia de las presentes actuaciones a la Sala Tercera del Tribunal de Casación para que, con carácter de muy urgente, se dicte una nueva decisión sobre el punto con arreglo a la presente. Oportunamente, archívese.
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia