Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127743
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de María Graciela Fernandes, y -en consecuencia- rechazar la queja deducida por improcedente, con costas (art. 486 y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
P. 127.743-RQ - “Fernandes, María Graciela s/ Recurso de queja en causa N° 70.614 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 31 de mayo de 2017.
La presente causa P. 127.743-RQ, caratulada: “Fernandes, María Graciela s/ Recurso de queja en causa N° 70.614 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de junio de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular de María Graciela Fernandes o María Graciela Fernández, contra su propio decisorio que -en puridad- admitió el recurso del particular damnificado y casó lo fallado por la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata que había concedido el recurso de apelación y dispuso el sobreseimiento total por extinción de la acción penal por prescripción seguida a a la nombrada. En consecuencia, el fallo de Tribunal Casatorio mantuvo la decisión del juez de primera instancia en cuanto había denegado dicha petición (fs. 22/24 vta.).
En lo medular, el a quo sostuvo que dicha resolución no constituye sentencia definitiva, ni -por sus efectos- puede serle asimilada -art. 482 del C.P.P.-. Explicó que los recursos extraordinarios sólo proceden contra las sentencias definitivas -art. 479-, entendiendo como tales a “las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal…características que no están presentes en la situación en tratamiento” (fs. 23 vta.). De seguido, con cita en lo fallado por esta Suprema Corte en P. 125.394, esgrimió que siendo consecuencia del fallo seguir sometido a proceso, el acto no reúne el requisito de terminar la causa, ya que al no poner fin al procedimiento permite su continuación y no ocasiona un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (fs. cit. in fine). Para finalizar, señaló que la invocación de garantías y principios constitucionales no suplen la falencia señalada, en tanto dicho extremo es lógicamente anterior a las consideraciones de esas problemáticas (fs. 24 in fine).
2. Frente a ello, la defensa particular -doctores Ramiro Pérez Duhalde, Emanuel F. R. Rives, y Juan I. Pérez Duhalde- dedujo ante esta Suprema Corte recurso de queja en los términos del art. 486 bis del C.P.P. (fs. 50/62 vta.).
Efectuó un desarrollo pormenorizado de los antecedentes de la causa y sobre la fundabilidad la vía extraordinaria denegada (fs. 51/59).
A continuación, enumeró los motivos esgrimidos por el a quo para la desestimación (fs. 59 vta./60), y cimentó su queja desde tres aristas:
a. En primer lugar, postuló que la no equiparación a sentencia definitiva del decisorio en crisis, configura un criterio restrictivo en confronte con lo fallado por la Corte federal en “Di Nunzio”, en tanto excluyó en calidad de tales a las resoluciones que causan un gravamen irreparable (fs. 60 y vta.).
Advirtió, que -justamente- la defensa requirió la equiparación con sustento en la irremediabilidad del perjuicio, “que la arbitraria revocación del sobreseimiento por extinción de la acción penal ocasiona a la señora Fernandes”, quien se verá imposibilitada de efectuar un nuevo planteo prescriptivo -por los mismo motivos- en una etapa procesal posterior (fs. 60 vta.).
Postuló que la primera sentencia casatoria se aparta de las constancias de la causa, y “con jurisprudencia inadecuada” mantiene vigente la acción. Explicó que no se objeta el “mero sometimiento a proceso” sino en el carácter arbitrario del mismo; cuestiones que -entiende- no fueron valoradas por el auto desestimatorio (fs. 61).
b. En segundo lugar, cuestionó la cita del precedente P. 125.394 (fs. cit.). Afirmó que el mismo resulta inadecuado para resolver el caso de autos, pues -en aquel- la prescripción se erigió desde la violación al plazo razonable.
c. Por último, le reprochó afirmar dogmáticamente que no se explicitó la correspondencia que existiría entre el fallo “Granillo Ocampo” de la Corte nacional y el presente caso (fs. 61 vta.). Añadió que la vía extraordinaria contiene las similitudes y diferencias entre ambos, las cuales mencionó (fs. 61 vta./62). Explicó que el mismo se trajo a colación a fin de evidenciar que, en un caso de similares características, el Máximo Tribunal declaró admisible el recurso, “aún cuando el auto impugnado no resultaba ser una sentencia definitiva o equiparable a tal” (fs. 62).
Para finalizar, hizo reserva del caso federal -art. 14 de la ley 48 (fs. 62 y vta.).
3. La queja no prospera en atención a que el recurso extraordinario ha sido bien denegado.
Lo sustancial para la improcedencia de la vía intentada radica en que las sentencias que no hacen lugar a la prescripción de la acción penal no terminan la causa ni impiden su continuación, ergo, no pueden considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del C.P.P., criterio en el cual -conforme se reseñó en el apartado 1- el a quo cimentó el juicio negativo.
La resolución del Tribunal de Casación, en tanto tiene como consecuencia la obligación de que la imputada siga sometida a proceso no constituye sentencia definitiva, ni representa un supuesto de equiparación a ella, en tanto, por sus efectos, lo resuelto no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior, que requiera tutela judicial inmediata (P. 103.812, res. del 16/II/2011, P. 116.856, res. del 12/XII/2012; P. 115.680, res. del 3/VII/2013; P. 122.210, res. del 29/XII/2014; P. 120.046, res. del 11/III/2015; P. 122.632, res. del 18/V/2016; e/o.)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de María Graciela Fernandes, y -en consecuencia- rechazar la queja deducida por improcedente, con costas (art. 486 y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Héctor Negri
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia