Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128092
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Francisco Javier Vigo Ayala (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
P. 128.092-RQ - “Vigo Ayala, Francisco Javier s/ Recurso de queja en causa N° 70.807 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 7 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.092-RQ, caratulada: “Vigo Ayala, Francisco Javier s/ Recurso de queja en causa N° 70.807 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de septiembre de 2016, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial La Matanza que había condenado a Francisco Javier Vigo Ayala a la pena de veintiocho años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio (fs. 49/52 vta.).
2. Contra lo así resuelto, la señora Defensora Oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, articuló recurso de queja (fs. 54/58 vta.).
Puntualizó que el argumento utilizado por el a quo para cerrar la vía extraordinaria “no resulta oponible en el caso” ya que se ha puesto de manifiesto la existencia de agravios de naturaleza federal. Ello, en tanto, los que portaba la impugnación extraordinaria estaban constituidos por la inobservancia de lo dispuesto en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 8.2.h y 14.5 del P.I.D.C.yP.
Adujo que “no es exacto que no se haya planteado correctamente la cuestión federal que habilite la apertura de la instancia extraordinaria dejando de lado las limitaciones de recurribilidad que establece el art. 494 del C.P.P.” (fs. 57).
En dicho marco, destacó que los agravios señalados en el recurso extraordinario “consistieron en la afectación de la garantía a la revisión amplia e integral del fallo condenatorio por parte del Tribunal de Casación, al sostenerse que éste no ha respondido, más que genérica y superficialmente, las críticas de la defensa, emitiendo una resolución que atenta contra la garantía del debido proceso” y de igual modo “al argumentarse que el [a quo] ha prescindido de la utilidad pública ante el tribunal intermedio, al negarse al tratamiento de[l] planteo incorporado en la instancia casatoria, bajo el pretexto formalista de su extemporaneidad” (fs. cit.)
Indicó que para demostrar la índole federal de los planteos se citaron precedentes de la Corte federal y, en relación a la necesidad que el recurso sea un remedio que garantice un examen integral de la decisión recurrida, se invocaron fallos de la Corte interamericana como así también los fallos “González Arroyo” y “Martínez Caballero” en tanto remiten a la doctrina sentada en el precedente “Casal”.
Concluyó que resulta aplicable la doctrina de la C.S.J.N. sentada a partir de sus precedentes “Strada” y “Di Mascio”, por lo que los límites de recurribilidad establecidos en el art. 494 del C.P.P. deben ser inaplicados o declarados inconstitucionales (fs. 57 vta./58).
3. La queja no es de recibo.
a. En efecto, el Tribunal de Casación, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del C.P.P. afirmó que “si bien está presente el requisito objetivo referido al monto de pena (…) la índole de los agravios recursivos, se encuentra por fuera del restante requisito referido a la materia en la que ‘únicamente’ puede sustentarse el recurso de inaplicabilidad de ley” (v. fs. 52 vta.).
De seguido, dijo que si bien tal principio debe ceder cuando se hubiere puesto en tela de juicio de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal, en autos, “la defensa no logró demostrar que se encuentre involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de tal naturaleza susceptible de excitar la competencia revisora del Superior Tribunal provincial, como transito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48”.
Así, por un lado, sostuvo que los planteos de la defensa “no pasan de constituir la expresión de una opinión contraria al pronunciamiento recurrido, sin explicaciones concretas dirigidas contra la motivación expuesta en el fallo en crisis, las que de haber existido habrían viabilizado la formal apertura extraordinaria por la vía de excepción pretendida”. En dicho marco adujo que “la generalidad de la argumentación de la recurrente, sin atención precisa a todos los fundamentos de la decisión de e[s]e Tribunal, no llega a poner de manifiesto las denunciadas afectaciones constitucionales y convencionales que padecería la motivación desarrollada para desestimar el recurso de casación oportunamente deducido” (fs. 51)
De otro costal, y en punto a los reclamos contra la porción del fallo que declaró la inadmisibilidad de los planteos contenidos en el memorial, juzgó que ellos aluden a la interpretación y aplicación de las normas que regulan la instancia casatoria (arts. 451 y 458, C.P.P.), lo que “constituyen una temática de naturaleza procesal que, conforme inveterada doctrina de la C.S.J.N., resulta ajena a la competencia federal pretendida” (fs. 51 vta.).
Observó que, sin perjuicio de los intentos defensistas de asignar a sus reclamos carácter federal -con fundamento en las previsiones del art. 451, cuarto párrafo, del digesto de forma-, y “sin que resulte atinente a es[a] evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección en esa exégesis legal”, sus apreciaciones “no contienen la exposición en forma razonada y concreta de la posible afectación de las garantías constitucionales vigentes que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en la aludida presentación”.
Así entonces, resolvió que “las características de los reclamos (…) no posibilitan argumentar que, en el caso, podría estar involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal con aptitud para sortear el recaudo objetivo que [reiteró] está ausente en esta situación en particular”.
b. De lo reseñado, se advierte que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
Para más, las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que pretende la defensa reprochar al órgano intermedio aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cual es la relación con lo acontecido en el sub lite.
A mayor abundamiento, y más allá de la ineficacia de los argumentos desarrollados por el quejoso para revertir el juicio negativo en punto a los agravios que fueran desestimados por novedosos, lo cierto es que –en línea con lo expuesto por el a quo- la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la pretensa afectación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C y P. (cfe. P. 78.901, sent. Del 7/XI/2001; P. 75.534, sent. del 21/XI/2001; P. 77.329, sent. del 10/IX/2003; P. 81.725, sent. del 16/IX/2003; P. 83.841, sent. del 9/X/2003; P. 89.368, sent. del 22/XII/2004; P. 99.549, sent. del 8/VII/2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Francisco Javier Vigo Ayala (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia