Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128162
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial adjunta ante el a quo a favor de Darío Ramón Galeano (arts. 484, 486 bis, 494 y ccds. del C.P.P.).
P. 128.162-RQ - “Galeano, Darío Ramón s/ Recurso de queja en causa N° 70.460 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 7 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.162-RQ, caratulada: “Galeano, Darío Ramón s/ Recurso de queja en causa N° 70.460 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 6 de octubre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de dicha Sala que rechazó el recurso de la especialidad deducido contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores que confirmó el auto por el que se aprobó el computo de pena y se rechazó el pedido de agotamiento de la misma en relación con Darío Ramón Galeano (fs. 49/53).
Estimó que no obstante haber mencionado como comprometidas las garantías del debido proceso y defensa en juicio, lo cierto es que “no ha acompañado fundamento argumental autónomo que demuestre por qué… la sentencia atacada las ha infringido de manera directa e inmediata” (fs. cit. vta.).
Por último, refirió que tampoco demostró el recurrente la actualidad del agravio fundado en la supuesta violación de los arts. 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCyP pues no explicó de qué manera la falta de cómputo del tiempo cumplido bajo excarcelación pudiera transformar en “desocializante” una pena cuyo monto fue fijado por sentencia anterior, pasada en autoridad de cosa juzgada (fs. 52 vta.).
2. Frente a ello, el señor Defensora Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló recurso de queja (fs. 56/62).
Remarcó que en recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto se denunció “correcta y acabadamente la arbitrariedad de la sentencia” por entender que la misma afectó el principio de legalidad y las garantías del debido proceso, defensa en juicio y derecho a una revisión amplia de la resolución de la Cámara departamental (fs. 59 vta.). Agregó que resulta llamativo el razonamiento del a quo toda vez que esa parte fue clara y contundente al explayarse sobre las garantías constitucionales vulneradas, vinculándolas con el caso concreto, efectuando un análisis de lo sucedido en autos y demostrando en qué modo el Tribunal casatorio dictó una sentencia arbitraria. Afirmó -además- que dichos planteos no se limitaron a la mera invocación de garantías constitucionales, sino el modo por el cual ésas, en el caso concreto, fueron vulneradas (fs. cit./60).
Más adelante, indicó que frente a los agravios concretos vinculados con la especial situación de su defendido, el tribunal intermedio, no hizo más que reiterar lo resuelto por la Cámara (fs. 60). Remarcó que el Tribunal casatorio en lugar de revisar la totalidad de los elementos que llevaron al rechazo de la excarcelación en los términos del art. 8.2 h de la CADH, se limitó a reiterar lo sostenido por el a quo sin siquiera a aportar un razonamiento propio (fs. cit. vta.).
Dijo que fue vedado a su asistido el acceso a la jurisdicción en el marco de ultra garantía de la revisión amplia del fallo de condena, al entender que el rechazo del recurso casatorio, mediante reiteraciones, no puede considerarse válido y menos una revisión suficiente (fs. 60 vta.).
Finalmente, expuso que el caso no se discutió la autoridad de cosa juzgada de la sentencia de condena a seis meses de prisión, sino el concreto perjuicio que genera a la detención en una cárcel bonaerense durante seis meses, amé del tiempo que viene transitando Galeano con obligaciones especiales, que tienen efectos resocializadores, violándose con esto la culpabilidad por el hecho (fs. 61)
3. La queja formalizada es improcedente pues la defensa no controvirtió eficazmente el juicio de admisibilidad negativo realizado por el a quo (art. 486 del C.P.P.).
En efecto, como se advierte de los antecedentes del caso (v. punto 1.), la Alzada desestimó el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley con fundamento en la falta suficiencia y carga técnica necesaria de las pretensas cuestiones federales (vulneración del derecho a la revisión amplia del fallo de condena, arbitrariedad y de las garantías del debido proceso y defensa en juicio) por considerar que las críticas se encontraban desprovistas de desarrollos argumentales y precisiones que demostraren la existencia de una relación directa e inmediata entre las infracciones alegadas y lo debatido y resuelto en el caso.
Frente a ello, las argumentaciones de la parte no resultan eficaces para remover dicho obstáculo formal pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre los agravios desarrollados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 37/41 vta.) y la sentencia casatoria (v. 34/35).
En suma, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial adjunta ante el a quo a favor de Darío Ramón Galeano (arts. 484, 486 bis, 494 y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia