Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127633
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal y, en consecuencia, declarar mal denegado el recurso de inaplicabilidad de ley intentado a favor de Diego Germán Suárez (arts. 486 bis, 487, 494 C.P.P. t.o., ley 14.647).
2Conceder la vía extraordinaria obrante a fs. 29/34 vta.
P. 127.633-RQ - “Suárez, Diego Germán s/ Recurso de queja en causa N° 70.547 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.633-RQ, caratulada: “Suárez, Diego Germán s/ recurso de queja en causa N° 70.547 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 18 de febrero de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 9 del Departamento Judicial Lomas de Zamora que había condenado a Diego Germán Suárez a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego (fs. 35/40vta.).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, articuló recurso de queja (fs. 55/60 vta.).
Refirió que el recurso fue erróneamente desestimado.
Destacó que el auto atacado importa una negación de la competencia apelada de esta Corte.
Puntualizó que la negativa “es arbitraria”, pues se la funda de modo sólo aparente “mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que ciegan la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la Provincia”.
Indicó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal por vía del recurso extraordinario en atención a que: a) los agravios postulados en la vía denegada son de índole federal, puesto que en ella se planteó que la sentencia casatoria desconoció los principios de proporcionalidad, racionalidad y humanidad de las penas (art. 1 y 18 de la C.N.); se cuestionó la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana y al derecho de defensa (art. 18 y cc de la C.N.) en relación con el modo en que se trataran –y rechazaran- los agravios relativos al monto de la pena; b) esas cuestiones federales se vincularon de manera directa con la solución del caso pues es determinante de ella “habida cuenta que amerita la anulación de la sentencia atacada y la determinación de la pena tomando en consideración como circunstancia atenuante la lesión padecida por Suárez con motivo del hecho”; y c) las cuestiones federales fueron oportunamente planteadas y el gravamen que la decisión atacada origina es actual (fs. 56/57).
Sentado ello, dijo que se “presentaban todas las condiciones que habilitan el conocimiento del caso por la Corte federal”; por lo que resulta de aplicación la doctrina sentada in re “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”. Remarcó que los límites que contempla el art. 494 del Código Procesal Penal “deben ser inaplicados o declarados inconstitucionales”, a fin de “tutelar los principios de proporcionalidad y humanidad de las penas (…) y de dar cumplimiento a la obligación de dictar un pronunciamiento que se encuentre fundada en las constancias de la causa”.
Señaló que el a quo “no sólo aplicó al caso dichas limitaciones de fuente local negando la concurrencia de los requisitos exigidos por la doctrina ‘Di Mascio’ sino que, además, sostuvo la falta de relación directa de las cuestiones federales denunciadas con la solución del caso, mediante fórmulas genéricas y abstractas” (fs. 57 vta.).
En dicho marco, alegó que se efectuó una crítica puntual a lo dispuesto en la sentencia casatoria y que se evidenció la incidencia directa que tales agravios federales tenían con la resolución del caso.
Concluyó que el recurso no solo portaba la fundamentación mínima requerida para su admisibilidad sino que demostraba directamente su procedencia y la vinculación existente entre la declaración de las infracciones constitucionales denunciadas y su consecuencia directa: la determinación de la sanción a imponer valorando la circunstancia atenuante que fuera descartada.
3. La queja es procedente (art. 486 bis del C.P.P.).
a. La defensa de Suárez, en oportunidad de deducir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se quejó de que la decisión atacada se desentendió del concepto de proporcionalidad de las penas y del principio de humanidad de ellas “que manda compensar los perjuicios que en la comisión de un hecho ilícito padezca quien lo ejecuta”; que las razones esbozadas por el a quo son meramente aparentes, lo que torna al fallo en arbitrario. En sustento de ello, citó los precedentes “Laportilla”, “Ruíz” y “Spindola” de este Tribunal y “Castillo”, “Ramírez” y “Romano” de la C.S.J.N. (v. fs. 29/34 vta.).
b. A su turno el Tribunal recurrido, luego de exponer que la pena impuesta es inferior a la prevista en la norma procesal, entendió que el recurrente “desconoce o hace caso omiso a lo resuelto por e[s]a Sede, esgrimiendo en realidad una opinión discrepante a lo anhelado en el recurso casatorio incoado oportunamente, reeditando los planteos ya formulados a e[s]a instancia en el respectivo recurso”.
De seguido, aludió a lo dicho por este Tribunal en la causa P. 125.919.
Luego, expuso que no se advierte que el recurso presente la aptitud y carga técnica necesaria para argumentar que en el caso estén involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales.
Sobre el punto, transcribió parcelas de diversos decisorios de esta Corte: P. 108.624, P. 109.806, P. 118.283, P. 106.222, P. 106.387, P. 89.366 y P. 95.408.
c. En el escenario descripto el juicio negativo no puede mantenerse.
Ello, en tanto, no sólo por cuanto al decidir como lo hizo al a quo excedió la competencia que le es propia, sino porque –tal como lo afirmó el quejoso- los agravios de pretensa índole federal se formularon con la carga técnica necesaria. Contrariamente a lo dicho por la instancia anterior, de la lectura de la sentencia de casación (v. fs. 23/26) y de los fundamentos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 29/34 vta.) se advierte que los embates vinculados a la arbitrariedad del pronunciamiento por haberse desentendido el órgano revisor de los principios de proporcionalidad de las penas y humanidad de ellas en relación al modo en que se resolvieron los agravios relativos al monto de la pena impuesta se desarrollaron de modo suficiente.
En efecto, la defensa efectuó una crítica concreta y razonada de la tarea revisora y demostró la relación directa e inmediata con lo debatido en el caso (arts. 14 y 15 de la Ley 48).
d. En consecuencia, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde admitir el recurso para garantizar el adecuado tránsito de la causa a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de los arts. 31 de la Constitución nacional y 14 de la ley 48 (cfe. art. 486 bis del C.P.P.; doct. de los precedentes “Strada” -Fallos: 308:490-, “Di Mascio” -Fallos: 311:2478- y “Christou” -Fallos: 310:324- de la Corte nacional; Ac. 80.570, res. del 17/VII/2003; Ac. 87.203, res. del 22/IX/2004; Ac. 96.735, res. del 24/V/2006; Ac. 101.238, 5/XII/2007, e.o. de la S.C.B.A.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Hacer lugar a la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal y, en consecuencia, declarar mal denegado el recurso de inaplicabilidad de ley intentado a favor de Diego Germán Suárez (arts. 486 bis, 487, 494 C.P.P. t.o., ley 14.647).
2. Conceder la vía extraordinaria obrante a fs. 29/34 vta.
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa Nº 70.547 al órgano a quo mediante oficio de estilo.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia