Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127037
P. 127.037-RQ - “Claude, Cristian Omar s/ Recurso de queja en causa N° 70.193 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 7 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.037-RQ caratulada: “Claude, Cristian Omar s/ Recurso de queja en causa N° 70.193 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 29 de octubre de 2015, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de Cristian Omar Claude contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, rechazó la queja frente a la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores que declaró la inadmisibilidad del recurso de casación deducido contra la confirmación de la denegatoria del pedido de prescripción de la acción penal del delito de encubrimiento (fs. 54/57).
Para arribar a tal decisión, afirmó que el pronunciamiento que rechazó la queja por incompetencia en razón de la materia (arts. 20 y 21 del C.P.P.) no es definitivo ni equiparable a tal pues no pone fin al procedimiento ni ocasiona un agravio de inusceptible reparación ulterior (fs. 111 vta.).
Agregó que la invocación de garantías constitucionales no suple el incumplimiento del art. 482 del C.P.P. ya que la definitividad configura un recaudo lógicamente anterior a la consideración de tales problemáticas (fs. 56).
Sin perjuicio de lo expuesto, aseveró que los embates de pretenso cariz federal no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias (fs. 56 vta.).
2. El Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación, Doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó queja (fs. 63/66 vta.).
Aclaró que el fallo casatorio, a pesar de versar sobre una materia de carácter procesal (competencia material), debe ser revisado pues implica una restricción sustancial del recurso (fs. 65).
De seguido, trajo a colación la causa P. 120.661, en el marco del cual esta Corte resolvió que si bien la denegatoria de prescripción de la acción no es definitiva, debe reputarse como tal ya que teniendo en consideración el momento procesal en el que se encuentran las actuaciones, la cuestión no podría ser objeto de un tratamiento posterior (fs. 65/vta.).
Aclaró que en el citado precedente jurisprudencial la condena estaba firme, mientras que en el presente se encuentra apelada ante la Corte nacional y, justamente, este órgano jurisdiccional dispuso la suspensión del trámite del recurso hasta tanto se resuelva el pedido de prescripción (fs. 65 vta.).
Indicó que los agravios federales, en particular, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, se plantearon en las distintas instancias recursivas (fs. cit.).
Por último, recordó que la ley 14.647 se sancionó con posterioridad al hecho que se investiga por lo que deben evitarse los rigorismos formales en la evaluación de la admisibilidad que pongan en riesgo el principio de legalidad y resguardar el derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h. del C.A.D.H., 14.5. del P.I.D.C. y P. -fs. 65 vta./66-).
3. Al límite de la suficiencia, la queja es procedente (art. 486 bis del C.P.P.).
a. En primer lugar, se realizará una reseña de los antecedentes del caso:
i. Tal como lo expuso el quejoso, y conforme se advierte de las piezas adjuntas al presente y del legajo de copias que corre por cuerda, Cristian Omar Claude fue condenado por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Dolores a la pena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento, declaración de reincidencia y pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento (fs. 1/3 de la causa P. 127.037). Dicha sentencia aún no adquirió firmeza ya que la defensa presentó recurso de apelación -rechazado por improcedente-, de inaplicabilidad de ley -desestimado por inadmisible en causa P. 109.472-, extraordinario federal -también declarado inadmisible- y, finalmente, recurso de hecho ante la Corte nacional cuyo trámite se encuentra suspendido (v. resolución de la C.S.J.N. a fs. 1 del legajo de copias) hasta tanto se resuelva el pedido de prescripción de la acción penal (fs. 2/3 de la causa P. 127.037).
ii. En función de lo dispuesto por el Máximo Tribunal nacional, el Juzgado en lo Correccional N° 1 abordó el pedido de extinción de la acción penal y lo rechazó (fs. 1/5 vta. de la causa cit.). Por su parte, la Cámara confirmó lo decidido por el órgano de mérito (fs. 9/12 vta.). De seguido, la defensa dedujo recurso de casación (fs. 16/25 vta.) que fue declarado inadmisible (fs. 26/27 vta.) lo que derivó en la articulación de una queja (fs. 238/37 vta.). La Sala III del Tribunal de Casación Penal no hizo lugar a la impugnación de hecho por estimar que la decisión apelada no es una sentencia definitiva recaída en causa criminal ni encuadra dentro de los supuestos del art. 450 del C.P.P. (cfe. arts. 20 inc. 1, 421, 450 y 465 del ritual -fs. 44/45-).
iii. Ante tal situación, el Defensor Oficial dedujo carril extraordinario de inaplicabilidad en el marco del cual denunció la violación del debido proceso y del derecho de acceso a la justicia (art. 18 de la C.N., 8.2.h. y 25 de la C.A.D.H., 14.5. del P.I.D.C. y P. y 15 de la Constitución local) por apartamiento infundado de la doctrina emergente de las causas P. 105.691, P. 109.270, P. 102.408, P. 102.747, Ac. 86.403, P. 112.281 e/o de esta Corte (fs. 49/53 vta.).
En tal sentido, manifestó que el Tribunal de Casación realizó una interpretación equivocada y restrictiva del art. 450 del C.P.P. que derivó en la afectación del debido proceso, del acceso a la justicia y de los arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5. del P.I.D.C. y P.. Explicó que el a quo debió revisar las cuestiones federales llevadas en la impugnación contra la resolución interlocutoria sin que resulte apta la alegación de limitaciones en razón de la materia (fs. 49/53-).
iv. Finalmente, conforme surge de lo expuesto en el punto 1., el a quo declaró inadmisible la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por no encontrarse abastecido el recaudo de la definitividad (art. 482 del C.P.P.).
b. Ahora bien, de los antecedentes del caso y de las manifestaciones expuestas por el quejoso, se concluye que la defensa removió con eficacia el argumento que dio sustento al juicio de admisibilidad negativo pues, contrariamente a lo allí sostenido, se cumplió con la exigencia del art. 482 cit..
En efecto, a pesar de que lo que se intenta controvertir es la denegatoria del pedido de prescripción de la acción penal, situación que en principio permitiría sostener que no pone fin a la discusión sobre el punto (cfe. P. 119.603, res. del 5/XI/2014; P. 122.529, res. del 13/V/2015; P. 120.014, res. del 26/VIII/2015; P. 121.264, res. del 30/III/2016, e.o.), sin embargo, siendo que en el caso dicha decisión se dictó como consecuencia de una petición formulada encontrándose vigente -en la actualidad suspendido por la Corte nacional hasta tanto recaiga una resolución definitiva en torno al pedido de prescripción- el trámite impugnativo contra el fallo de condena, debe reputarse definitiva en los términos del art. 482 cit, en tanto la cuestión debatida no podría ser objeto de un tratamiento posterior (cfe. P. 122.299, res. del 19/II/2015; P. 109.345, res. del 30/III/2010; P. 120.953, res. del 19/III/2014; P. 120.661, res. del 19/VIII/2015, mutatis mutandi; Fallos: 300:985; 303:740; 307:1688; 324:81, disidencias de los doctores Moliné O'Connor y López, Boggiano y Vázquez, en sus considerando 5°).
4. Sentado lo anterior, continuando con el análisis de la admisibilidad de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, se advierte que los embates desarrollados por el defensor oficial (v. punto 2. a. iii.) no abastecen los recaudos formales del art. 494 del C.P.P..
Sin perjuicio de ello, tiene dicho esta Corte que el remedio impugnativo en trato constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional), para lo cual deben hallarse debidamente postulados.
En el presente, se advierte que el escrito impugnativo contiene planteos de la referida naturaleza (violación del debido proceso y del acceso a la justicia como consecuencia de una interpretación restrictiva y equivocada del art. 450 del C.P.P. -v. punto 2. a. iii.-), por lo que corresponde admitir el presente y analizar -con dicho alcance- su procedencia (art. 31 bis de la ley 5827).
5. Asiste razón a la defensa oficial en su planteo.
Tiene dicho esta Corte en la causa P. 109.270 que el artículo 161 inciso 3° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que este Tribunal “conoce y resuelve en grado de apelación: a) De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos”.
Desde la sanción de las leyes 11.922 (y sus modif.), 11.982 (y sus modif.) y la modificación del art. 1° de la ley 5.827 (t.o. ley 12.310), el Tribunal de Casación Penal es el último órgano jurisdiccional con competencia penal, previo al acceso a las vías extraordinarias locales (art. 479, C.P.P.), en el que las partes pueden, eventualmente, encontrar reparación de los perjuicios irrogados en las instancias anteriores.
La reforma establecida por la ley 13.812 (B.O. 21/4/08) no ha modificado su carácter de tribunal intermedio, más allá de haber restringido su competencia en determinados supuestos (impugnación y acción de revisión de la sentencia definitiva dictada en materia correccional, ahora asignada a las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal departamentales, art. 21.4 C.P.P., entre otros). Por ello, salvo los casos en los que el legislador ha establecido un diagrama recursivo específico, en los demás no es posible soslayar su paso obligado por el Tribunal de Casación Penal a fin de habilitar la posterior intervención de esta Suprema Corte.
En lo que importa, el segundo párrafo del art. 450 del C.P.P. (t.o. ley 13.812) señala, entre las resoluciones recurribles ante el Tribunal de Casación, los autos dictados para la Cámara de Apelación y Garantías sin distinguir entre materia criminal o correccional, por lo que corresponde, entonces, que dicho órgano casatorio intervenga en el resolutorio del mentado recurso.
Ese criterio, además, ha sido adoptado por el propio Tribunal de Casación Penal, en el Acuerdo Extraordinario de fecha 9 de noviembre de 2010, en relación a la reforma introducida por la ley 13.812 (B.O. 21/4/2008), en el que entendió que dicho órgano es competente para “conocer en aquellos recursos contra los pronunciamientos interlocutorios mencionados en los párrafos 2do y 3ro del art. 450 del C.P.P. -texto según Ley 13.812-, en los Regímenes en que la ley así lo contemple, sin ninguna limitación por razón de la materia, esto es, la vía casatoria se encontrará habilitada sin distinciones, ya sea que se trate de fallos emitidos en causas criminales o correccionales”.
Por consiguiente, en tanto el fallo impugnado transgrede los conceptos antes vertidos al otorgar un alcance restrictivo a las hipótesis previstas en el art. 450 del C.P.P., todo lo cual conllevó a que el órgano casatorio soslayara expedirse sobre las cuestiones llevadas por la parte, corresponde casar la sentencia, indicando la devolución de los autos a la instancia anterior para que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí resuelto (art. 496, Cód. Procesal Penal; conf. doct. P. 111.182, res. del 3/VII/2013; P. 121.848, resol. del 2/XII/2015, entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
2. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 49/53 vta., dejar sin efecto el pronunciamiento de fs. 44/45 y comunicar lo resuelto al Tribunal de Casación Penal para que dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente (arts. 496 y 31 bis de la ley 5827 -cfe. texto según ley 13.812-).
3. Poner en conocimiento de lo aquí resuelto a la Secretaría Judicial N° 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al recurso de hecho C. 1146 XLIX, “Claude, Cristian Omar y otros s/ causa N° 109.472”.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia