Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127613
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Julio César Vélez (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 127.613-RQ - “Balsamo, Diego Luis s/ Recurso de queja en causa n° 70.441 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.-
//Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.613-RQ, caratulada: “Balsamo, Diego Luis s/ Recurso de queja en causa n° 70.441 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
1. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 23 de junio de 2016, en lo que aquí interesa, declaró inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular de Diego Luis Balsamo contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, hizo lugar a la impugnación del Ministerio Público Fiscal y dejó sin efecto el pronunciamiento de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul que anuló distintas decisiones judiciales con la consecuente exclusión probatoria de los elementos de juicio habidos en los actos de intervenciones telefónicas, allanamientos, registros y secuestros y revocó el auto de prisión preventiva disponiendo la inmediata libertad del nombrado; en consecuencia, ordenó la devolución de los autos a la instancia para que se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (fs. 3/5).
Para arribar a tal decisorio, afirmó que la resolución impugnada no encuadra dentro del art. 494 del C.P.P. (fs. 4).
Sin perjuicio de ello, recordó que el remedio extraordinario de inaplicabilidad constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional), situación que no se configura en el caso pues si bien la parte alegó la afectación de garantías constitucionales, sus manifestaciones se limitaron a temáticas de carácter procesal (fs. 4/vta.).
Por último, trajo a colación la doctrina sobre arbitrariedad y aseveró que no se demostró la relación directa e inmediata entre los agravios de pretensa índole federal y lo resuelto en el caso (fs. 4 vta./5).
2. Frente a lo así decidido, el defensor particular, doctor Julio César Vélez, dedujo queja (fs. 29/48).
Alegó que existen cuestiones federales suficientes (inviolabilidad de las comunicaciones, defensa en juico, debido proceso, arbitrariedad y absurdo en la valoración de la prueba). Agregó que también se incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva y de la doctrina legal (fs. 31 vta.).
De seguido, expuso que el pronunciamiento es equiparable a definitivo ya que resolvió sobre la prisión preventiva y revocó una resolución que terminaba la causa (art. 482 del ritual -fs. cit.-).
Destacó que la denegatoria del remedio extraordinario vulneró el derecho a la doble instancia (fs. 31 vta./32).
A su vez, denunció que el órgano intermedio excedió los límites impuestos por el art. 486 del C.P.P. porque ingresó en la procedencia del reclamo (fs. 32/34).
Por último, reeditó textualmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los fallos del Tribunal de Casación y de la Cámara y efectuó un profuso análisis sobre el mérito de la prueba (fs. 34/47 vta.).
3. La queja es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
El juicio de admisibilidad negativo debe confirmarse aunque por motivos distintos a los expuestos por el a quo.
En rigor, la causal de desestimación no radica en el incumplimiento de los recaudos del art. 494 del C.P.P. ni en la supuesta deficiencia en el planteamiento de los agravios de pretensa índole federal -como equivocadamente lo sostuvo la Alzada- sino en que la resolución impugnada no es definitiva ni equiparable a ella (cfe. art. 482 del C.P.P.).
En efecto, el art. 482 cit. es una de las reglas generales, entre otras (v. arts. 479 a 488), que deben cumplir todos los recursos extraordinarios. De ahí que recién cuando se abastezcan todas ellas, se podrá ingresar al examen particularizado del objeto y finalidad de cada una de las vías impugnativas específicas (cfe. arts. 489, 491 y 494 del C.P.P.; cfe. P. 128.487, res. del 3/V/2017 mutatis mutandi).
Es decir, en el caso, para adentrarse al estudio de las exigencias formales del art. 494 cit. y, en dicho marco, eventualmente, decidir si correspondía aplicar la doctrina de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional -como lo hizo el Tribunal de Casación Penal-, previamente se debió certificar que se hubiera sorteado el recaudo formal del art. 482 cit. por ser un presupuesto lógicamente anteriores al examen particularizado de los agravios propios del carril impugnativo en cuestión.
4. Sentado lo anterior, y tal como se lo adelantara, la decisión del Tribunal de Casación que dejó sin efecto la exclusión de distintos elementos de prueba y la revocación del auto de prisión preventiva, ordenando que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 cit..
Ello es así en tanto la resolución en cuestión tiene como consecuencia la obligación de que el imputado siga sometido a proceso, por lo que tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (cfe. P. 119.653, res. del 15/X/2014; P. 118.572, res. del 4/XI/2015; P. 124.803, res. del 29/XII/2015; P. 127.121, res. del 14/XII/2016, e.o.).
En función de todo lo expuesto, las pretensas cuestiones federales argüidas por la defensa no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas (P. 122.306, res. del 17/VI/2015; P. 122.397, res. del 1/VII/2015; P. 123.664, res. del 1/VII/2015; P. 123.664, res. del 1/VII/2015, e.o.).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Julio César Vélez (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia