Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128193
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Juan José Pagnotta, con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
P. 128.193-RQ - “Pagnotta, Juan José s/ Recurso de queja, en causa n° 70.942 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 128.193-RQ, caratulada: “Pagnotta, Juan José s/ Recurso de queja, en causa n° 70.942 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de septiembre de 2016, desestimó, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Juan José Pagnotta, contra la decisión de ese órgano que declaró mal concedido el remedio de la especialidad intentado frente a la resolución de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, que rechazó -in limine- el planteo de recusación formulado por el nombrado y su asistencia técnica (fs. 31/33).
Para así decidir, señaló que el fallo en crisis no reúne el requisito de definitividad del art. 482 del C.P.P., ni se trata de un supuesto de equiparación a sentencia definitiva.
Recordó que esta Corte ha resuelto reiteradamente que, “en principio, las resoluciones adoptadas sobre recusaciones o excusaciones, además de no constituir sentencia definitiva […] no son susceptibles de ser impugnadas por ante esta instancia extraordinaria”, con cita de los precedentes Ac. 93.476, res. del 8/VI/2005; Ac. 95.565, res. del 15/XI/2006; Ac. 96.984, res. del 4/VII/2007; Ac. 99.950, res. del 13/V/2009; RP 110.845, res. del 18/III/2010; RP. 111.709, res. del 14/VII/2010; RP 103.931, res. del 30/III/2011; y RP 112.197, res. del 6/IV/2011.
De seguido, aclaró que si bien la limitación señalada debe ceder -excepcionalmente- cuando se hubiere puesto en tela de juicio de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal, en el caso, si bien el recurrente alegó la violación a diversos derechos y garantías constitucionales y convencionales, “no ha acompañado fundamento argumental autónomo que demuestre por qué -a su criterio- la sentencia en crisis ha restringido de manera directa e inmediata las garantías invocadas ni qué relación tiene ello con la solución pretendida del caso”.
Concluyó que, de tal modo, la impugnación “no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, están involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales”, por lo que las limitaciones a la recurribilidad objetiva establecidas en el art. 494 del digesto adjetivo mantienen plena aplicación.
II. Ante tal escenario, el señor Defensor Oficial Adjunto -doctor Daniel Aníbal Sureda- articuló recurso de queja (fs. 37/41 vta.).
En primer lugar, adujo el cumplimiento de los recaudos de forma y reseñó los antecedentes de su reclamo (fs. 37/38).
Ingresando en la fundabilidad, sostuvo que, contrariamente a lo juzgado por la sede casatoria, el carril extraordinario intentado “demostró la existencia de relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo resuelto”, como, asimismo, tildó de arbitrario el decisorio en franca afectación de la garantía de imparcialidad del juzgador (fs. 38 vta./39).
Recordó la crítica que desarrolló la defensa departamental en la postulación originaria, que -desde su óptica- revestía neto carácter federal, y expuso que fue totalmente omitida al haberse declarado mal concedido el intento defensista. Agregó que, habiendo denunciado tal situación en la vía del art. 494 del C.P.P., el tribunal intermedio -al abordar su admisibilidad (cfe. art. 486 cód. cit.)- no hizo más que encubrir su propia omisión. En abono de su postura, trajo a colación lo resuelto en la causa P. 85.977 (fs. 39 y vta.).
A continuación, efectuó una serie de consideraciones vinculadas a la equiparación a sentencia definitiva del resolutorio en crisis (fs. cit./40) y arguyó que los planteos federales esbozados debieron ser atendidos a tenor de la doctrina sentada por la Corte federal en los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”. En dicha senda, requirió la declaración de inconstitucionalidad de la limitación procesal “para no transgredir el art. 31 de la CN que impone el control de constitucionalidad” (fs. 40/41, la cursiva en el original).
III. El juicio negativo debe confirmarse, pues lo decidido por el a quo -en punto a la ausencia de definitividad del pronunciamiento impugnado- es coincidente con el criterio expuesto por este Tribunal en múltiples precedentes (cfe., también, P. 125.674, resol. del 1/VII/2015; P. 121.416, resol. del 2/XII/2015; P. 126.874, resol. del 15/VI/2016; P. 124.330, resol. del 22/VI/2016).
A lo dicho cabe adunar que la decisión atacada tampoco provoca un agravio de insusceptible reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata, en tanto no se postuló ningún supuesto excepcional que -por sus efectos- lo torne equiparable a ella (v. gr. C.S.J.N., in re “Llerena”, Fallos: 328: 1491; “Dieser”, D. 81. XLI. Sent. del 8 de agosto de 2006; y su progenie).
Por lo demás, al no haberse sorteado las exigencias del art. 482 del C.P.P., no corresponde abordar las pretensas cuestiones federales llevadas en el recurso denegado (cfe. doct. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”), en tanto la justificación de ese extremo es, lógicamente, anterior a la consideración de estas problemáticas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Juan José Pagnotta, con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia