Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127712
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de D.S.G., con costas (art. 486 bis y conc. del CPP según ley 14.647).
“D.S.G. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 70877 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA II”.
La Plata, 11 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 127.712-RQ, caratulada: “D.S.G. s/ recurso de queja en causa N° 70.877 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de junio de 2016, rechazó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial de D.S.G. contra el fallo de dicho órgano que hizo lugar parcialmente al recurso homónimo incoado contra el fallo del Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca que lo había condenado a catorce años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso -declarándolo reincidente por segunda vez-, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal. En consecuencia, casó parcialmente el fallo impugnado, excluyó las severizantes vinculadas con la intensidad del daño generado a la víctima, y fijó la sanción en catorce años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, manteniendo la respectiva reincidencia (fs. 43/46 vta.).
II. Ante dicho resolutorio, la señora Defensora Oficial Adjunta, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso de queja en los términos del art. 486 bis, CPP (fs. 49/56).
Expuso que el auto denegatorio omitió expedirse “en concreto” sobre la violación al derecho al doble conforme -arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP-. Aclaró que le fue vedada la revisión en punto a la determinación de la pena (fs. 51 vta.).
De seguido, destacó la “flexible interpretación” que la Corte federal efectuó de las limitaciones del art. 494 del CPP de acuerdo a lo fallado en “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” (fs. 52).
Denunció que lo así decidido priva a esta Suprema Corte del rol institucional básico constitucionalmente conferido –arts. 5, 31, 75 INC. 12, 116, 121 y 124, CN, y lo tachó de arbitrario por fundarse “de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas” (fs. cit.).
Sostuvo que la vía denegada porta tres embates de la naturaleza exigida: 1) afectación del debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia, en tanto el órgano asumió competencia positiva e impuso pena; vedando a quien asiste el derecho a recurrir la totalidad de la sentencia mediante las vías ordinarias –arts. 18, CN; 15, Constitución provincial; 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCyP-; 2) violación del derecho a ser oído antes de la imposición de la pena; y 3) arbitrariedad del fallo por falta de fundamentación del quantum punitivo fijado (fs. 52 vta./53).
Enfatizó que dichas cuestiones se originan con la sentencia impugnada, configurando el carril denegado la primera oportunidad para su planteo. Sumó a ello, la actualidad del gravamen (fs. cit.).
Aclaró que no se discutió una cuestión de derecho común ni típicamente procesal, tal como le reprocha el auto. Explicó que se denunció el quebranto del derecho del imputado a obtener un examen integral de la sentencia condenatoria, y trajo a colación lo fallado en “Herrera Ulloa” y “Castillo Petruzzi” por la Corte I.D.H. (fs. 53 vta.). Esgrimió que dicho planteo configura una cuestión federal en relación directa con la solución del pleito (fs. cit.).
Agregó, que se cuestionó y fundamentó la infracción al derecho del imputado a ser oído, con anclaje normativo en el art. 8.1 de la CADH, y del cual la omisión del visu es sólo el presupuesto fáctico (fs. cit. in fine).
Expuso que también fue denunciada “la actividad discrecional del tribunal” en la tarea individualizadora, y objetó que se limitara a indicar que el nuevo monto era justo y adecuado, lo cual –entiende- torna arbitrario al decisorio (fs. 53 vta. in fine/54).
Denunció que el auto adverso no refirió “a una sola de esa infracciones constitucionales” limitando el asunto a la determinación judicial de la pena, lo cual –insistió- resulta sólo un tópico subsidiario (fs. 54). Adunó que la parte demostró infraccionado el derecho del imputado a ser oído, con cita de lo fallado en “Pin” y “Maldonado” de la Corte federal. Entendió que lo allí fallado configura “un caso exactamente igual”, en el cual el Tribunal adjetivó a la omisión de visu como infracción constitucional (fs. cit. in fine y vta.).
Reiteró que el gravamen guarda actualidad y que el planteo se ha efectuado de modo oportuno (fs. 54 vta./55).
Sostuvo que el caso presenta la aptitud necesaria, resultando aplicable lo fallado en “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” (fs. 55 y vta.).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis, CPP).
1. En efecto, el Tribunal de Casación, luego de hallar abastecido el monto punitivo, afirmó que la índole de los agravios, en rigor, “trasunta planteos que escapan al restante requisito” (fs. 45). Entendió, que si bien dicho principio debe ceder en ciertas ocasiones, “en el caso, el intento de la señora Defensora de sortear aquella exigencia legal, no habilita vía alguna de excepción” (fs. cit.).
Explicó que la crítica esgrimida por la parte se dirige, en lo esencial, a poner en evidencia un supuesto defecto procedimental anterior a la sentencia que se vincula –en rigor- con cuestiones típicamente procesales que resultan ajenas a la vía deducida, sin que la defensa “haya conseguido formular adecuadamente el compromiso directo de las garantías constitucionales citadas” (fs. 54 vta.).
Adicionó que los restantes planteos también se apartaban de la materia impugnativa, pues si bien –reconoció- que fue alegada “su supuesta naturaleza federal”, los términos de la presentación “exponen una temática de derecho común”, cual es la determinación de la pena en concreto.
Concluyó en la falta de relación directa e inmediata entre lo decidido en el fallo y las garantías constitucionales invocadas (fs. 43 vta./44).
2. De lo reseñado, se aprecia que las críticas traídas en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal revisor.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios, desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
3. Asimismo, la parte no evidenció de qué manera los precedentes jurisprudenciales citados (v. fs. 54), en especial “Maldonado”, resultarían aplicables al caso, circunscribiendo sus alegaciones a afirmar que se ha fundado su pretensión a partir de “un caso exactamente igual” (fs. cit. in fine).
4. Por otra parte, la tacha de arbitrariedad tampoco es de recibo, pues de la reseña de los antecedentes del caso se advierte que la resolución impugnada cuenta con la fundamentación suficiente, lo que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
5. Finalmente, huelga poner de resalto que el temperamento adoptado por el a quo se corresponde con el criterio fijado por esta Corte en numerosos precedentes similares al sub lite (conf. P, resol. del 11-XI-2015; P. 122.488, resol. del 6-IV-2016; P. 126.742, resol. del 1-VI-2016; P. 124.797, resol. del 21-XII-2016; P. 128.365, resol. de 28-6-2017, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de D.S.G., con costas (art. 486 bis y conc. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia