Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128139
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Marcelo Alejandro Gallo, con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.139-RQ, caratulada: “Gallo, Marcelo Alejandro s/ Recurso de queja, en causa n° 70.240 y su acumulada n° 70.241 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de agosto de 2016 y en lo que aquí interesa destacar, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Marcelo Alejandro Gallo, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Quilmes, que lo había condenado a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de armas (fs. 69/72 vta.).
II. Frente a ello, el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- articuló recurso de queja (fs. 76/80).
En primer lugar, alegó el cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma y reseñó los antecedentes del caso (fs. 76/77 vta.).
Con respecto a la fundabilidad del reclamo, transcribió -parcialmente- la respuesta brindada en la sede intermedia y señaló que en el carril extraordinario local se denunció la arbitrariedad del fallo casatorio por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte federal, en clara afectación de la defensa en juicio -derecho a ser oído- y del debido proceso (fs. 77 vta./78).
Entendió que la técnica utilizada por el revisor, a través de la transcripción de la descripción fáctica contenida en la sentencia condenatoria y las afirmaciones dogmáticas vertidas en cuanto a la comprobación de la intervención de su asistido en el evento, convirtió el tránsito impugnativo en uno meramente aparente (fs. 78).
De seguido, sostuvo la presencia de un planteo federal en su ensayo que debió ser abordado por este Cuerpo, conforme la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re “Strada” y “Di Mascio”. En ese discurrir, expuso que el a quo, con su competencia material abierta, se apartó de tales lineamientos en relación al modo en que debe realizarse la revisión de la sentencia de condena, con mención de los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P. (fs. cit. vta.).
Agregó a su postura que el Tribunal de Casación “no [hizo] más que encubrir su propia omisión”, y trajo a colación lo resuelto en la causa P. 85.977. Así, esgrimió que deviene inadecuado que el propio órgano revisor sea quien analice si se incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del C.P.P., situación que -desde su óptica- involucra la cuestión sobre imparcialidad judicial. Al efecto, enunció varios precedentes de la C.I.D.H. (fs. cit./79 vta.).
Como colofón, arguyó que se vedó el derecho de su defendido al acceso a la jurisdicción en tiempo útil, por lo que requirió la intervención de éste alto Tribunal a los fines de evitar la desnaturalización del instituto (fs. 79 vta.).
III. La queja formalizada no prospera, en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado.
En efecto, el órgano casatorio no encontró abastecidos los presupuestos de recurribilidad del art. 494 del digesto adjetivo, en tanto Gallo fue condenado a una pena inferior al monto allí descripto y los agravios formulados en el líbelo no presentan una denuncia concreta de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal referida a ella (fs. 70 vta.).
A continuación, a tenor de la cuestión de naturaleza federal invocada por la parte, observó que sus referencias “no se hallan presentadas con un específico desarrollo que, con la suficiencia y carga técnica necesarias y en relación a las circunstancias comprobadas de la causa, sea capaz de sortear los recaudos objetivos inexistentes a fin de habilitar la instancia extraordinaria pretendida” (fs. 71).
En ese raciocinio, juzgó que, en rigor, el recurrente propuso “denuncias correspondientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho procesal y local que denotan que en el caso, no se encuentra involucrado de manera directa e inmediata un embate del cariz pre aludido” (fs. cit. vta.).
Por otra parte, en punto a la vulneración al derecho al recurso y la revisión integral del decisorio, indicó que “a poco que se observe la cuestión planteada -y en el limitado marco de la verificación de la admisibilidad que se encomienda a e[s]e Tribunal intermedio-, (…) el derecho a obtener la revisión integral de la sentencia de condena es precisamente el que la parte ejerció con su recurso de casación”, y citó la resuelto por éste Cuerpo en causa P. 125.464 (fs. cit.).
Finalmente, desarticuló la solicitud de inconstitucionalidad del art. 494 del código de forma requerida por la parte y concluyó en la inadmisibilidad de la vía en trato (fs. cit./72).
IV. De todo lo expuesto se advierte que la vía de hecho intentada no controvirtió de modo eficaz los fundamentos de la resolución en crisis, en tanto el recurrente limitó sus esfuerzos en reeditar los planteos expuestos en el carril extraordinario local desestimado (v. fs. 64/67 vta.).
Desde otro andarivel, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la C.A.D.H.) no prospera en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Marcelo Alejandro Gallo, con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia