Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128722
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Gustavo Martín Peralta, con costas (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.722-RQ, caratulada: “Peralta, Gustavo Martín s/ Recurso de queja, en causa n° 70.707 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, el 31 de marzo de 2016, rechazó el remedio de la especialidad intentado por la otrora defensa técnica de Gustavo Martín Peralta, frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Plata que lo condenó a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, comprensiva de la sanción de ocho años de prisión, accesorias legales y costas que le impuso al nombrado en el marco de la presente, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego (hecho I de la causa n° 959/3688) y coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el empleo de armas cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada (causa n° 1934/3856); y de la de prisión perpetua, accesorias legales y costas dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora, por los delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y con el concurso premeditado de dos o más personas, homicidio agravado por el empleo de armas de fuego y con el concurso premeditado de dos o más personas, y homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa (causa n° 0-809972-07) y autor responsable de lesiones graves agravadas por el empleo de arma de fuego (causa n° 645683/10), todos en concurso real. Asimismo, aclaró que los ilícitos de las causas n° 959/3688 (hecho I) y n° 1934/3856 concurren materialmente entre sí (v. fs. 110/118 vta.).
II. Contra dicho resolutorio, la doctora Nora Noemí Uria dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 125/131 vta.), los que fueron desestimados por la sede casatoria el 14 de julio de 2016 (v. fs. 133/137).
III. Frente a ello, y atento la disconformidad del encartado y la solicitud de asistencia oficial, el señor defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia –doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- articuló recurso de queja (v. fs. 155/159 vta.).
Transcribió –parcialmente- el auto denegatorio y expuso que “más allá de las dificultades que acarrea la lectura del recurso”, en las vías extraordinarias se denunció la arbitrariedad de la sentencia –en cuanto afectó la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales, la razonabilidad republicana y el derecho de defensa- y la revisión aparente –con frustración del doble conforme e in dubio pro reo - (v. fs. 156 vta./158).
Entendió que la entonces asistencia letrada de Peralta pretendió denunciar que el tribunal revisor efectuó un análisis enmarcado en la decisión de grado, obviando los fundamentos expuestos en el recurso casatorio tendientes a garantizar el beneficio de la duda. Agregó que, sin perjuicio de la ausencia de claridad en su reclamo, la defensora –en suma- tildó de arbitrario el fallo “a pesar del concreto cuestionamiento relativo a la autoría” (fs. 158).
Recordó los embates llevados en las anteriores impugnaciones -ligados al plexo probal en que se cimentó la participación de su asistido en los eventos disvaliosos- y resaltó que, en rigor, lo que el remedio buscó fue “el acceso al recurso eficaz”, con cita del art. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. cit. vta.).
Finalmente, indicó que se vedó al encartado el acceso a la jurisdicción en el marco de la revisión amplia del fallo condenatorio (v. fs. 159).
IV. La queja, tal como ha sido traída, es improcedente (art. 486 bis CPP).
a. En efecto, la Sala Tercera –luego de hallar satisfechos los recaudos comunes de los arts. 481, 482 y 483 del digesto de forma- sostuvo que no ocurría lo mismo respecto de la exigencia del art. 484 del mismo cuerpo, en tanto la recurrente pretendió interponer dos vías que son esencialmente diversas, en cuanto a sus requisitos de procedencia y objeto de resolución. Así, señaló que el texto “no efectúa discriminación alguna entre los agravios y petitorios que corresponderían a cada uno”, y citó lo resuelto por esta Corte en la causa P. 113.494 (v. fs. 135 y vta.).
No obstante, y a mayor abundamiento, destacó que tampoco se encontraron abastecidos los requisitos específicos de cada carril impugnaticio.
En punto al recurso extraordinario de nulidad, juzgó que los motivos desarrollados a lo largo del libelo “resultan ajenos” al remedio reglado en el art. 491 del Código Procesal Penal (v. fs. 136).
Por otra parte, y en relación a la vía de inaplicabilidad de ley, entendió que si bien la defensa intentó sortear el valladar del art. 494 del código citado a través de la denuncia de cuestiones constitucionales, no lo hizo con la suficiencia y carga técnica necesaria, en tanto sus planteos se desentendieron por completo de las respuestas brindadas y carecieron de fundamentos autónomos (v. fs. cit. y vta.).
b. De lo reseñado se desprende que, más allá de la falencia indicada por el a quo en torno al incumplimiento del recurrente respecto de las disposiciones del art. 484 del Código Procesal Penal en el escrito deducido, el argumento sobre el cual cimentó el juicio de admisibilidad negativo radicó, por un lado, en que los agravios descriptos en el recurso no encajaban en los supuestos que el art. 491 del Código Procesal Penal prescribe para el recurso de nulidad; y, por otro, en la insuficiencia de las pretendidas cuestiones federales esbozadas por la parte a los fines de sortear –con éxito- las limitaciones objetivas del art. 494 del código citado.
La defensa no controvirtió de modo eficaz aquellos fundamentos, sino que limitó sus esfuerzos a reeditar los planteos expuestos tanto en la presentación extraordinaria desestimada como en el remedio casatorio y a otorgarles un punto de vista propio, técnica inidónea para revertir el juicio negativo de admisibilidad arribado en la sede casacional (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
c. Finalmente, el embate vinculado con la supuesta afectación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h de la CADH) resulta insuficiente en razón de que el argumento desarrollado es genérico y no logra demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Gustavo Martín Peralta, con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia