Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128457
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Ezequiel David Ayusa, y -en consecuencia- declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala IV del Tribunal de Casación Penal (arts. 486, 486 bis, y 494, CPP).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley de fs. 45/59 vta.
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.457-RQ, caratulada: "Ayusa, Ezequiel David s/ Recurso de queja en causa N° 70.015 acumulada a la N° 70.009 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 13 de diciembre de 2016, -en lo que aquí interesa- declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, rechazó la vía homónima y confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Lomas de Zamora en cuanto condenó a Ezequiel David Ayusa a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por la coautoría penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido para consumar otro delito en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego (v. fs. 60/64).
Para así fallar, el a quo, en primer lugar reseñó los embates llevados a su conocimiento -inconstitucionalidad del art. 494, CPP por afectación de la defensa en juicio; quebranto a la garantía del doble conforme y al in dubio pro reo; arbitrariedad en la acreditación de la materialidad ilícita y la participación de Ayusa; tránsito aparente; significación jurídica errónea de los hechos en vulneración al principio de culpabilidad; y "erróneamente aplicado el art. 45 en función del art. 80 inc. 7° todos del código de fondo"; todo lo cual -advirtió- vulnera el derecho a obtener una revisión integral del fallo de condena -arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP- (v. fs. 61). De seguido, halló abastecida la exigencia respecto al quantum punitivo, más señaló que "no ocurre lo mismo con el resto de los demás recaudos exigidos por la ley, es decir, no se haya reunida la naturaleza federal de los agravios vertida en la impugnación" (fs. 61 vta.). Agregó, que no se probaron las afectaciones a garantías constitucionales o el compromiso de cuestión federal alguna (v. fs. cit. in fine). En dicha lógica, aclaró que la suficiencia del reclamo no se satisface con la mera invocación de una cuestión federal, sino que será menester su correcto planteamiento, en pos de que esta Corte ingrese a su conocimiento como Superior tribunal -conf. P 113.853- (v. fs. 62).
A renglón seguido, razonó que las críticas de la parte se vinculan con "la inobservancia del derecho procesal local", inadecuadas a los fines de la eventual cuestión federal. Agregó, además, que el agravio llevado en la vía casatoria sobre la errónea valoración probatoria, reiterado en el carril extraordinario, "fue abordado y desestimado", exponiéndose las razones por las cuales se atribuyó la coautoría a los encausados (v. fs. 62).
Luego de ello, negó la concurrencia de "elemento alguno que haga presumir la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional", en tanto -reiteró- los planteos se vinculan con cuestiones de índole probatoria (fs. 62 vta.). Concluyó en que bajo el ropaje de una cuestión federal la parte intentó, por vía oblicua, acceder a una tercera revisión de los hechos y la prueba; lo que -señaló- resulta materia ordinaria (v. fs. cit.).
II. Contra ello, el defensor oficial Adjunto, -doctor Nicolás Agustín Blanco-, presentó queja -art. 486 bis del CPP- (v. fs. 67/75 vta.).
Afirmó que el carril fue erróneamente denegado, y postuló que los agravios versan sobre la interpretación y aplicación de reglas de rango supremo, lo que impone la apertura de la competencia apelada de esta Corte -conf. lo fallado por la C.S.J.N. en "Strada", "Christou" y "Di Mascio"- (fs. 69 y vta.).
Consideró que la resolución que motiva la queja en trato importa privación del rol institucional básico que le asiste a este Tribunal, ello es, velar por la administración de justicia -arts. 5 y 31 de la Const. nac.-. Tachó de arbitrario lo decidido, y denunció que se funda "de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas" (fs. 69 vta.).
Manifestó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte nacional, toda vez que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad revisten naturaleza federal -vulneración del derecho de defensa y debido proceso, "al tornar ilusorio el derecho al doble conforme"-; que la cuestión aludida se vincula de manera directa con la solución del caso; que fue oportunamente planteada y que el gravamen originado -en consecuencia- es actual (v. fs. 70 y vta.). Adunó que esta Suprema Corte está obligada a tratar la cuestión federal -art. 5 de la Const. nac.- y -a todo evento- dejó planteada la inconstitucionalidad de las limitaciones del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 71).
Puso de resalto que la sede intermedia, además de señalar dicha limitación de fuente local, no halló asidero en las denuncias constitucionales esbozadas al amparo de los precedentes de la Corte federal aludidos, mediante la formulación de consideraciones dogmáticas "que no se condicen con las constancias de la causa, ni de la vía denegada" en punto a la indebida revisión de la sentencia de condena (v. fs. 71 vta.). En dicho razonar, transcribió la parcela adversa y afirmó que el decisor, defendiendo su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia, ingresó en aspectos que excedieron el mero examen de admisibilidad formal; lo que -destacó- desnaturaliza la función asignada por el art. 486 del Código Procesal Penal. Citó lo resuelto en causa P. 85.977 (v. fs. 71 vta./72).
Objetó la falta de fundamentación autónoma que le endilgó el auto, mediante una formula genérica y abstracta. Tachó de arbitrario el argumento por el cual se le reprochó pugnar por una tercer revisión por vía oblicua, objetándole -además- la carencia de una crítica concreta y razonada, y la falta de idoneidad y carga técnica necesarias del remedio impetrado (v. fs. 72 vta./73). Explicó que, justamente, uno de los principales agravios del remedio versa sobre la falta de respuesta a los planteos del remedio casatorio y, por ende, la afectación a la garantía de revisión del fallo condenatorio -arts. 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.- (v. fs. 72 vta./73). Adunó que el tránsito aparente por el órgano revisor, en frustración del derecho al doble conforme, se torna evidente con la ausencia de respuesta a los agravios formulados (v. fs. 73). Al efecto, transcribió parcelas del recurso extraordinario por cual confronta el grado de participación de Ayusa en el hecho (v. fs. 73 y vta.).
Halló expuesta la relación directa entre el derecho federal y los hechos de autos (v. fs. 73 vta./74), cuestionó la tarea realizada por el Tribunal de condena y el revisor respecto de la imputación a quien asiste (v. fs. 74 y vta.), y postuló que el a quo negó arbitrariamente la inaplicabilidad del límite que en razón de la materia establece el art. 494 del Código Procesal Penal, y dejó planteada su inconstitucionalidad (art. 74 vta.).
III. La queja prospera (art. 486 bis, CPP).
De la reseña efectuada en el acápite I surge que, tal como lo puso de manifiesto el quejoso, el a quo excedió la competencia que le es propia al realizar el juicio de admisibilidad contemplado en el art. 486 del Código Procesal Penal -t.o. según ley 14.647-, avanzando indebidamente en el examen de la fundabilidad del reclamo, en un clara invasión a la competencia que a esta Suprema Corte le corresponde como juez de la impugnación (conf.. causas P. 126.103, resol. de 11-XI-2015; P.126.075, resol. de 1-VI-2016; P. 127.823, resol. de 29-III-2017; e.o.).
Por otra parte, del propio auto denegatorio dimana que, en reseña de agravios llevados a su conocimiento, identificó el embate referente a la errónea aplicación de los arts. 45 y 80 inc. 7° del Código Penal, más en el análisis del canal escogido, el tribunal intermedio entendió que si bien se cumplimentó con la exigencia del quantum punitivo, "no ocurre lo mismo con el resto de los demás recaudos exigidos por la ley", ciñendo dicha cuestión a que "no se halla reunida la naturaleza federal de los agravios vertida en la impugnación" (v. fs. 61 vta.).
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la vía de hecho en trato (art. 486 bis CPP).
IV. Sentado lo expuesto, incumbe a esta Corte analizar la admisibilidad del carril impetrado -conf. art. 486 bis del CPP-.
El art. 494 del Código Procesal Penal establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo podrá interponerse contra la sentencia definitiva que, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella, revoque una absolución o imponga una pena de reclusión o prisión superior a diez años.
De la copia de la postulación extraordinaria -v. 45/59 vta.- surge que la impugnación ha sido interpuesta en término, por quien se encuentra legitimado a tales fines y la pena impuesta supera el quantum establecido en el art. 494 del Código Procesal Penal.
Asimismo, los planteos que efectúa la defensa involucran cuestiones de la índole exigida por la norma -errónea aplicación del art. 45 del Cód. Penal, en función del art. 80 inc. 7°, y el art. 165 del Cód. Penal- imbricados con otros de pretensa naturaleza federal; sentado lo cual, y sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde declarar mal denegado el recurso, admitirlo, y requerir al órgano casatorio las actuaciones principales (art. 486 bis in fine y 494 del CPP -texto según ley 14.647).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1.Admitir la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Ezequiel David Ayusa, y -en consecuencia- declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala IV del Tribunal de Casación Penal (arts. 486, 486 bis, y 494, CPP).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley de fs. 45/59 vta.
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa n° 70.015 al a quo mediante oficio de estilo.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia