Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127582
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
La Plata, 21 de febrero de 2018.
La presente causa P. 127.582-RQ, caratulada: "Vázquez, Ignacio Andrés s/ Recurso de queja en causa n° 70.953 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 7 de junio de 2016, en lo que aquí interesa, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Ignacio Andrés Vázquez contra el pronunciamiento de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata que lo condenó a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento por resultar autor penalmente responsable del delito de robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda (v. fs. 51/52 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que no se cumplieron las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal y que las cuestiones federales no resultaban aptas parar excepcionar las exigencias formales de la norma citada (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional -fs. 51 vta./52-).
Puntualizó que las críticas de la defensa consistían en la inobservancia de normas de derecho local (art. 294, CPP), se desentendieron de lo efectivamente fallado y no evidenciaron arbitrariedad ni falta de fundamentación (v. fs. 52).
Concluyó que los agravios de pretensa índole constitucional no se desarrollaron con la suficiencia necesaria (v. fs. 52 vta.).
II. El defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó queja (54/62 vta.).
II. 1. En lo antecedentes del caso, recordó que en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley se alegó arbitrariedad, violación del derecho de defensa en juicio, debido proceso y del doble conforme (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCyP).
Explicó que el Tribunal de Casación Penal desestimó el pedido de nulidad de la requisa por juzgar que se dieron razones de "urgencia" en la actuación policial y que, de este modo, se abastecieron las exigencias del art. 294 inc. 5, primer párrafo, del ritual. Frente a ello, puso de resalto que el Tribunal de primera instancia, sin embargo, convalidó dicho procedimiento con argumentos diferentes pues hizo una interpretación analógica del art. 294 inc. 5, segundo apdo., del mentado cuerpo de leyes (55 vta. y 56).
Según la defensa, tal situación configuró un supuesto de arbitrariedad pues en la instancia de revisión se introdujeron argumentos novedosos que le impidieron discutir su pertinencia, todo lo cual quebrantó lo preceptuado por el art. 435 del Código Procesal Penal y vulneró el derecho a ser oído (arts. 18, Const. nac.; 8.1., CADH -fs. 57 vta.-).
II. 2. En lo que hace a la procedencia de la queja, alegó que el a quo incurrió en arbitrariedad al no excepcionar las limitaciones del art. 494 del Código Procesal Penal o, en su caso, declarar su inconstitucionalidad, en tanto en el carril extraordinario se denunció arbitrariedad y violación del derecho a la doble instancia (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional -fs. 59 vta./60 vta.-).
Puntualizó que el órgano revisor, en lugar de controlar la sentencia de primera instancia desestimó los planteos de la defensa (pedido de nulidad de la requisa) en base a nuevos argumentos que fueron sorpresivos y afectaron el derecho de defensa, la doble instancia y el derecho a ser oído (v. fs. 59 vta.).
Aclaró que los agravios no son de naturaleza procesal pues se tildó de arbitraria la sentencia, se planteó la violación del derecho a la doble instancia y se demostró la existencia de una relación directa con la solución del caso (v. fs. 59 vta./61).
Por último, manifestó que el a quo, al decir que el fallo no evidencia arbitrariedad, defendió su propia interpretación restrictiva, ingresando impropiamente en aspectos que exceden la mera admisibilidad formal (v. fs. 61/62).
III. El recurso de hecho es improcedente en tanto no se removió de manera eficaz la falta de suficiencia y carga técnica necesaria con que a criterio del Tribunal de Casación Penal se desarrollaron los embates de pretensa índole federal (art. 486 bis, CPP).
III. 1. En efecto, la parte no demostró que sus argumentaciones trascendieran meros tópicos de índole procesal -como acertadamente se puso de manifiesto en la resolución apelada- y se limitó a formular afirmaciones genéricas y dogmáticas sobre el debido planteamiento de los agravios de pretenso cariz constitucional que resultan insuficientes para conmover la suerte de lo decidido (v. queja a fs. 59 vta.).
En definitiva, no se acreditó la existencia de una relación directa e inmediata entre las alegaciones en torno a los arts. 294 inc. 5, párrafos primero y segundo y 435 del Código Procesal Penal, los derechos constitucionales supuestamente afectados (derecho a la doble instancia, debido proceso, defensa en juicio y derecho a ser oído), la tacha de arbitrariedad y lo debatido y resuelto por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia (v. sentencia a fs. 32/41 vta., en particular, fs. 34 vta./37).
III. 2. Por otra parte, los cuestionamientos de la defensa oficial consistentes en que el a quo se excedió al sostener que la sentencia no revestía arbitrariedad (v. queja a fs. 61 in fine y vta.), si bien es cierto que en este tramo el órgano revisor excedió su competencia (v. resolución a fs. 52 -conf. art. 486, CPP-), sin embargo, el argumento central que dio sustento al juicio de admisibilidad negativo radica en que los tópicos de índole federal no se desarrollaron con la suficiencia técnica necesaria para excepcionar las exigencias del art. 494 del ritual (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" cit.), fundamento que -conforme lo expuesto precedentemente- no se controvirtió satisfactoriamente.
III. 3. En función de todo lo expuesto, la denuncia de arbitrariedad por no haberse excepcionado las exigencias del art. 494 citado o, en su caso, haberse declarado su inconstitucionalidad, quedó huérfana de sustento argumental pues lo decidido por el Tribunal de Casación Penal y aquí confirmado, no se fundó en las limitaciones establecidas por esa norma sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°41
Fin de la sentencia