Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128586 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.586-RQ, "Barcena, Flavio Antonio. Recurso de queja en causa n° 70.928 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Flavio Antonio Barcena contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata que, en integración unipersonal, lo condenó a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de tentativa de robo y robo agravado por el uso de armas, en concurso real (v. fs. 52/58 vta.).
Contra ese pronunciamiento, el señor defensor oficial adjunto ante aquel tribunal intermedio, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 92/104 vta.), cuya inadmisibilidad declarada por la referida Sala Tercera (v. fs. 105/107), motivó la presentación de la queja pertinente (v. fs. 184/192), a la que esta Corte hizo lugar, concediendo la impugnación articulada (v. fs. 196/199 vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 207/210); dictada la providencia de autos (v. fs. 211) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Le causa agravio al señor defensor que el Tribunal de Casación haya rechazado el pedido de esa parte de declarar transgredido el principio de culpabilidad en función de haberse aplicado al acusado Barcena el mínimo legal de cinco años de prisión de la escala punitiva prevista en el art. 166 inc. 2 primer párrafo del Código Penal; afirma que de esa forma se convalidó la imposición de una pena que no guarda proporción con el injusto reprochado al nombrado, en violación al principio antes referido y los de lesividad, proporcionalidad, humanidad, buena fe y pro homine , contrariándose además la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas o degradantes; cita los arts. 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 93 vta.).
Sostiene que la argumentación empleada por el a quo en respaldo de la decisión que cuestiona queda desbaratada si se tiene en cuenta que los mínimos legales constituyen reglas "orientativas o indicativas", de modo que los jueces no pueden incurrir en el delito de prevaricato que tipifica el art. 269 del Código Penal por apartarse del mínimo de la escala pertinente, más allá de hallarse obligados a abstenerse de la aplicación de la norma que en el caso concreto repugne principios constitucionales, conforme doctrina de autores que citó (v. fs. 94 y sig.).
No obstante reconocer que la defensa no mantuvo ante la sede anterior el planteo de inconstitucionalidad del referido mínimo que rechazó la sentencia de grado, entiende que la referencia del revisor -aunque inmotivada- a aquella decisión originaria, habilita su continuidad en esta instancia extraordinaria; no obstante dice que los jueces de casación podrían haber evaluado la viabilidad de disminuir la sanción en el marco del control de constitucionalidad que es de su incumbencia (v. fs. 95).
Apunta que la pretensión estuvo entonces centrada en la necesidad de atemperar la pena por debajo de aquella medida mínima en razón de la capacidad disminuida de culpabilidad de Flavio Barcena, planteándose la posibilidad de una condena en suspenso para el supuesto "...de que vía inconstitucionalidad [...] fuera desplazado el mínimo de la escala" (fs. 96).
En su decir, la interpretación que propone encuentra apoyo en normas legales y supralegales, el anteproyecto de reforma del Código Penal, doctrina de autor y jurisprudencia que menciona y precedentes de la Corte federal (CSJN Fallos: 314:424; 312:809; 312:826; 312:851), que descalificaron por irrazonable y arbitraria la escala penal del delito de robo con armas de automotores contenida en el art. 38 del decreto ley 6.582/58 (v. fs. 97/103).
Por todo ello, considera que no hay óbice alguno sino al contrario, obligación legal de declarar la inconstitucionalidad de los mínimos de las escalas penales cuando no representen una sanción proporcional a la culpabilidad demostrada por el actuar del acusado, atendiendo a los principios que prohíben la imposición de penas crueles, inhumanas, degradantes o inusitadas.
En ese cometido asevera que Barcena desplegó el obrar delictivo que se le atribuye bajo la influencia del consumo de sustancias alcohólicas (0,98 gramos de alcohol por litro de materia analizada), estado que según los estudios científicos que citó provocan un trastorno general de comportamiento caracterizado por la "...disminución de reflejos, [...] falta de apreciación de la distancia, [...] subestimación de la velocidad, trastornos motores y euforia [...] y aumento del tiempo de respuesta..." (fs. 103).
Con invocación de lo dicho por la Corte Suprema en el caso "Maldonado" en relación con la proporcionalidad que la pena debe guardar con la culpabilidad del autor, y teniendo en cuenta que al momento de interponer la impugnación bajo estudio, su asistido se hallaba cumpliendo reglas de conducta impuestas por el juez de garantías, la defensa solicita se case el pronunciamiento, declarándose para este supuesto particular la inconstitucionalidad del mínimo de cinco años de prisión previsto en el art. 166 inc. 2 primer párrafo del Código Penal y se evalúe, en su caso, la posibilidad de aplicar una pena de ejecución condicional (v. fs. 104).
II. El derrotero procesal seguido por esta causa permite el relevamiento de los siguientes hitos significativos para la decisión de la controversia planteada.
II.1. La sentencia de grado tuvo por probado que Flavio Barcena, durante la mañana del 12 de setiembre de 2014, alrededor de las 7.00 hs., interceptó a Graciela Miriam Ferrero, quien se dirigía caminando a su trabajo, y mediante gestos de amedrentamiento, intentó apoderarse de su cartera sin lograrlo porque la nombrada retrocedió corriendo hasta su domicilio desde donde llamó a la central de emergencias 911; y que aproximadamente 15 minutos después de haber caminado cerca de seis cuadras, frente a la escuela 34, acometió con un cuchillo contra Miguel Moreno Lopez, director del citado establecimiento, que retrocedió debido a los gritos de su hijo, mientras el imputado se apoderó ilegítimamente de un vehículo Renault Megane de su propiedad, con el cual se dio a la fuga (v. fs. 18).
A tenor de las valoraciones probatorias efectuadas, el juez en lo criminal actuante afirmó la capacidad de culpabilidad del acusado rechazando la eximente de inimputabilidad aducida por la defensa. Ello, en la inteligencia de que el grado de alcohol en sangre informado contrastaba con la totalidad de las evidencias ponderadas que daban cuenta de la lucidez de Barcena y la representación de las consecuencias de su actuar; destacó en particular, que aquel había permanecido escondido luego del primer hecho y escapado después del siguiente cometido, sin que ningún tipo de intoxicación alcohólica le hubiese impedido comprender que lo que hacía merecía reproche, "...sumado a que los hechos atribuidos requieren un bajo esfuerzo para ello, en tanto se trató de desapoderamientos (el primero un intento) de bienes u objetos que se sabe no son propios y que ello está prohibido"; todo lo cual reflejaba un accionar incompatible con un estado de inimputabilidad por intoxicación alcohólica que justificara la aplicación de la eximente reclamada del art. 34 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 22 vta.).
Tras la ponderación de atenuantes y agravantes y de calificar los hechos ilícitos como tentativa de robo y robo agravado por el uso de armas en concurso real, en los términos de los arts. 55, 164 y 166 inc. 2 párrafo primero del Código Penal, el magistrado fundamentó su postura contraria a la pretendida de declarar inconstitucional el monto mínimo de pena contemplado en la disposición actuada del art. 166 citado, que constituye el tope mínimo de la escala que rige el caso ante la concurrencia material de los delitos imputados (conf. art. 55, cit.).
De consuno con lo que venía sosteniendo respecto de la secuencia de conductas probadas del acusado, juzgó que la ingesta alcohólica había incidido sólo en parte, en la verbalización y menos aún, en su apariencia física y andar; de modo que para el magistrado no existieron "...déficits de comprensión en clave de una culpabilidad disminuida o atemperada por el motivo propuesto por la Sra. Defensora" al cual había sido circunscripta la discusión (fs. 24 vta.).
No mediando entonces razones para apartarse del mínimo de cinco años de prisión que estipula el art. 166 en su inc. 2 párrafo primero, el juez en lo criminal interviniente impuso a Barcena dicha sanción -ubicada, como se dijo, en el extremo menor de la escala aplicable en función de lo normado por el art. 55 mencionado-, no hizo lugar al pedido fiscal para que fuese detenido y mantuvo a su respecto las reglas de conducta fijadas por la justicia de garantías (v. fs. 25 vta.).
II.2. En su recurso de casación, la defensa atribuyó arbitrariedad al fallo por no haber ponderado las probanzas que, de acuerdo con el examen que realizó, ilustrarían sobre el grado de afectación de la capacidad de culpabilidad del acusado en virtud de su estado agudo de intoxicación etílica, denunciando la inobservancia del art. 34 inc. 1 del Código Penal. Adujo que esa deficiente valoración trasunta una duda que fue resuelta en contra de su asistido en violación del principio de inocencia. En subsidio, reclamó que la severa intoxicación etílica del acusado al momento de los hechos operase como una eximente incompleta, de forma que ese compromiso de la capacidad de culpabilidad se tradujera en un menor reproche punitivo, con la individualización de una pena incluso por debajo del mínimo legal, cuya aplicación solicitó fuese dejada en suspenso atento lo previsto por el art. 26 del Código Penal (v. fs. 30/43 vta.).
II.3. Ambos planteos fueron desestimados por el Tribunal de Casación con el recordatorio previo de que las circunstancias eximentes deben ser probadas como el hecho mismo; que la carga de su prueba como circunstancias obstaculizadoras de la pretensión acusatoria corresponde al acusado, y los déficits probatorios en torno a las eximentes no se resuelven en su favor sino de la plena responsabilidad penal, cuya inexistencia es necesario acreditar pues esa situación no se presume (v. fs. 55).
A resultas del pormenorizado examen del material probatorio que aparece plasmado a fs. 55/57 del pronunciamiento aquí recurrido, el a quo concluyó que el accionar delictivo persistente de Barcena, de semejante modalidad operativa en cada hecho, pese a la ingesta previa de alcohol y aunque fuese exacto el dosaje alegado por la defensa, lo mostraba ubicado en tiempo y espacio como alguien que no sólo pudo comprender la criminalidad de sus actos, sino que dirigía sus acciones premeditadas; pues "...aun con dificultades en el habla, en todo momento pudo llevar a cabo su plan, primero intentó sustraer la cartera de Ferrero, y ante la resistencia se ocultó y huyó, minutos después previo intercambiar palabras se apoderó del automotor de Moreno López, luego de atacarlo con un cuchillo" (fs. 57), sin que estas determinaciones de la sentencia hayan merecido aquí objeción alguna.
Sentado ello, el órgano casatorio tuvo presente que Barcena había sido condenado al "...mínimo legal posible de pena, por lo que el pedido subsidiario de disminuir el reproche, en el entendimiento que existiría un estado de imputabilidad disminuida, enc[ontraba] un obstáculo insalvable, ...[en] ... el art. 269 del Código Penal que prevé el delito de prevaricato, sancionando al juez que dicta resoluciones contrarias al texto de la ley invocada por las partes" (fs. 57 y vta.).
Precisó asimismo que la defensa no había insistido ante esa sede con el pedido de inconstitucionalidad del mínimo legal establecido en el art. 166 inc. 2 primer párrafo del Código aludido, frente al rechazo fundado del juez de grado. De todos modos, dijo que se trataba de una cuestión de política criminal, "...que tomando en cuenta el bien jurídico protegido, y el mayor reproche que implica el empleo de armas con el consiguiente aumento de riesgos hacia la integridad física de la víctima y la mayor indefensión en la que se encuentra a partir de tal circunstancia, optó por sancionar con un mínimo de cinco años de prisión o reclusión" (fs. 57 vta.).
Por último, coligió que la pretendida aplicación de una condena en suspenso, contrariando el texto expreso de la ley, se cimentaba "...con el único argumento de que con la pena impuesta se está violando el principio de culpabilidad (arg. art. 26 a contrario del Código Penal)", siendo que la defensa "...ni siquiera [había] prop[uesto] un parámetro para medir el reproche de una persona por fuera de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la escala establecida por el legislador" (ibíd.).
III. Lo reseñado en los apartados anteriores permite advertir sin esfuerzo las deficiencias en la técnica recursiva que el dictamen de la Procuración puso de manifiesto para postular el rechazo de la impugnación, temperamento que comparto.
Por un lado, la defensa intenta replicar la decisión del a quo que ratificó la respuesta punitiva fijada en la sentencia originaria en el mínimo de cinco años de prisión del art. 166 inc. 2 párrafo primero del Código Penal, valiéndose del argumento central por el cual pretende que los mínimos de las escalas tienen un valor meramente indicativo, de modo que no operaría cuando esa pena resulte inadecuada al caso por cruel, inhumana y degradante.
Sin embargo, dicha exégesis, que fue abonada en la pieza bajo estudio con la extensión ya comentada en el apartado I. del presente, resulta inabordable en esta sede extraordinaria por tratarse de una reflexión tardía. Ciertamente, ninguna de esas numerosas apreciaciones integró la impugnación llevada a consideración del tribunal revisor, tal como muestra el resumen efectuado en el punto II.2. que antecede sobre el contenido del agravio subsidiario formulado en el recurso de casación, el cual, como se viera, estuvo ceñido al requerimiento de un reproche por debajo del mínimo legal en razón de la aducida imputabilidad disminuida del acusado motivada en su estado de intoxicación alcohólica (doctr. art. 451, CPP).
En esa misma dirección se anota la crítica que el órgano intermedio hizo al agravio defensista por haberse limitado a denunciar violado el principio de culpabilidad, sin ofrecer explicación alguna sobre la forma en que podría cuantificarse la respuesta punitiva por fuera del régimen de los arts. 40 y 41 del Código Penal y de la escala al respecto establecida por el legislador.
De modo que el recurrente no logra justificar que lo decidido por el a quo , en el marco de los agravios propuestos, no halle amparo en las previsiones legales que rigen el caso, atendiendo al marco incriminatorio objeto de reproche y a las reglas específicas que lo gobiernan a los fines de la individualización de la pena.
Por otra parte, tal como advirtió el Tribunal de Casación, la defensa no mantuvo ante esa instancia el pedido rechazado por el juez de grado para que se declarase inconstitucional el mínimo del referido art. 166 por afectar el principio de culpabilidad. La lectura que hace el impugnante para afirmar que la casación se pronunció con igual alcance contrario a la procedencia del agravio, y así justificar que aun cuando esa parte dejó sin controvertir aquella decisión adversa ante el tribunal del recurso, se encontraría ahora habilitada para retomar la discusión, aparece contradicha por sus propios señalamientos posteriores. Así, a contracara de aquella interpretación, proclama que si el fallo contiene una conclusión del alcance pretendido ella carece de toda fundamentación, y que los magistrados casacionistas podrían haberse expedido sobre el punto en el marco del control de constitucionalidad de oficio de las normas que resulta de su incumbencia (v. fs. 95).
Ahora bien, en ese discurrir, el señor defensor tampoco refuta la única postura asumida por el órgano revisor respecto de las razones de política criminal que darían respaldo a la referida sanción mínima, que por cierto no dio cuenta de motivación alguna que pudiera constreñirlo a no sujetarse a la ley vigente.
El recurrente nada más apunta que no fue ese examen sobre la razonabilidad del precepto el requerido por la defensa en el recurso de casación, siendo que entonces no había puesto en jaque que la pena mínima expresara una falta de correspondencia inconciliable con el bien jurídico lesionado por el delito, lo cual es cierto porque no reclamó control de constitucionalidad alguno, ni desde esa perspectiva ni desde ninguna otra (doctr. arts. 451 y 495, CPP).
Con todo, el reparo formulado al enfoque considerado por el sentenciante contraría la propia invocación que párrafos más adelante efectúa la defensa del caso "Martínez" (CSJN Fallos: 312:826, luego dejado de lado en Fallos: 314:424) del cual afirmó podían extraerse "fundamentos válidos" -aunque sin precisarlos- en satisfacción del resultado aquí buscado; a pesar de que en aquella ocasión la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del art. 38 del decreto ley 6.582/58 por considerar que la previsión penal allí establecida para los delitos de robo de automotor agravado por el uso de arma, partía de una pena mínima (nueve años de prisión o reclusión) que no sólo excedía notoriamente a la correspondiente a igual delito perpetrado con armas sobre cualesquiera otros objetos muebles (art. 166 inc. 2, Cód. Penal), sino que era más grave que la pena mínima establecida para el homicidio simple (art. 79, Cód. Penal; de ocho años de prisión o reclusión).
En cambio, en el caso, conforme indica el señor Subprocurador General a fs. 210 de su dictamen, con un aislado comentario sobre los efectos que en general derivan del consumo de alcohol en ciertas dosis, se pretende tener por demostrada una grave afectación de la capacidad de culpabilidad del acusado que amerite una declaración de inconstitucionalidad a fin de habilitar la selección de una pena por debajo del mínimo de la escala correspondiente. Ello sin perjuicio de que la postulación del recurrente de que sea esta Corte la que examine la incompatibilidad constitucional en los términos que aquí denuncia, desatiende la doctrina legal forjada en sentido contrario al procurado.
En atención a lo que se resuelve, deviene innecesaria toda consideración acerca del pedido de aplicación del instituto que gobierna el art. 26 del Código Penal pues estaba supeditado al progreso del planteo antes desestimado.
Por las razones indicadas, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ED
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.