Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127171
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.171, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal-. Recurso de queja en causa N° 70.745 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV. Seguida a Fuente, José Luis y otros".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 11 de diciembre de 2015, hizo lugar a los recursos homónimos interpuestos por las defensas de confianza de los encartados contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata que había condenado: al señor José Luis Fuente a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por el plazo de diez años, accesorias legales y costas, por encontrarlo coautor de los delitos de asociación ilícita en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público (en tres hechos); al señor Gastón Enrique Guzmán a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por el plazo de diez años, accesorias legales y costas, por resultar coautor de los delitos de asociación ilícita en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público (en doce hechos); y al señor Marcelo Fabián Ruiz a la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el plazo de doce años, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por haber sido encontrado coautor del delito de asociación ilícita en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público (en diez hechos) -arts. 45, 55, 210, 293 y 298 del Código Penal-. En consecuencia, casó el mismo y absolvió a los nombrados Fuente, Ruiz y Guzmán por los mencionados delitos, sin costas en esa instancia (v. fs. 283/297 vta.).
Contra lo así decidido, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 306/315 vta.) el que fue declarado inadmisible por la misma Sala del Tribunal homónimo (v. fs. 338/340).
Frente a tal pronunciamiento, el señor fiscal dedujo recurso de queja ante esta Suprema Corte (v. fs. 398/403), declarado procedente, y concediéndose el remedio que había sido denegado (v. fs. 404/406).
A fs. 434/440, el señor Procurador General sostuvo el recurso. A fs. 441 se dictó la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación se agravió por la absolución de los imputados.
Denunció que el fallo incurrió en arbitrariedad por fundamentación aparente, afirmaciones dogmáticas y apartamiento de las constancias de la causa en lo referente al estado de duda insalvable (v. fs. 308 vta.).
En ese sentido, como primer motivo alegó que el tribunal intermedio se abocó directamente a la valoración probatoria, sustituyendo a los jueces de mérito y por otro lado fragmentó y parcializó los elementos probatorios cuya ponderación en conjunto había permitido un veredicto de culpabilidad (v. fs. cit. vta. y 309).
A continuación, en cuanto a la valoración de la prueba testimonial, remarcó que la crítica del tribunal intermedio se centró en una mera referencia "cuantitativa" sin considerar la calidad cualitativa, omitiendo referirse a la credibilidad alegada con desconocimiento del sistema probatorio vigente y en contradicción con doctrina de esta Corte sobre la valoración de la prueba testimonial (causa P. 113.511, sent. de 6-VIII-2014; e.o.; v. fs. cit. vta.).
Explicó que "...de los 106 testigos ofrecidos por la Fiscalía, 86 fueron personas que intervinieron en los allanamientos posteriores" por lo que nada podían aportar a la dilucidación del objeto de esta causa (v. fs. cit. vta.).
Agregó que al ponderar los efectivamente prestados en la audiencia, el Tribunal casatorio incurrió en una "fragmentación" de su contenido, y en absurdo al "...reclamarle a cada uno de los testigos que se refiera sin fisuras y de modo completo a la totalidad del hecho imputado", contrariando su valor convictivo en la instancia de mérito (v. fs. 310).
Adujo que el tribunal de juicio había considerado a tales narraciones en conjunto con el resto de la prueba rendida, y concluido en que "... al firmar las actuaciones policiales tenían [los encartados] pleno conocimiento de la falsedad de los asientos vertidos en las mismas " (fs. cit., el destacado figura en el original).
Añadió que ninguna referencia efectuó el Tribunal de Casación a las razones brindadas por el juzgador de primera instancia, limitándose a valorar en otro sentido la prueba mencionada al reproducir parcialmente los dichos de los testigos, lo que "...evidencian lo falaz y absurdo de su razonamiento" (fs. cit. vta.).
A continuación aludió a la crítica efectuada por el Tribunal de Casación a la incorporación por lectura de prueba documental, considerándola como "...base fundamental de la condena" (v. fs. cit. vta.).
Sobre el particular, alegó que "...confunde la cuestión e incurre en un razonamiento falaz y autocontradictorio", al afirmar que la ley prohíbe algo que expresamente habilita (la incorporación por lectura al debate de prueba documental aún sin conformidad de la defensa), por lo que -añadió- efectuó afirmaciones dogmáticas y arribó a conclusiones que se apartan no sólo de las constancias de la causa sino de la letra expresa de la ley (v. fs. 311 vta. y 312).
Agregó que el Tribunal no usó como base de la condena a la prueba documental, sino que ésta se asentó sobre la valoración en un conjunto de contundentes y variados elementos probatorios de distinta naturaleza -documental, testimonial, de informes, pericial, indiciaria, etc.- (v. 311 vta.).
Además, estimó que "... si el Tribunal de Casación hubiera considerado violado el derecho de defensa, debió así declararlo y disponer la exclusión probatoria de los elementos en cuestión " cosa que -añadió- no hizo (v. fs. 312; el destacado figura en el original).
En ese sentido, destacó que "Ninguna referencia hacen a la prueba documental entre la que se encuentran las I.P.P. iniciadas o continuadas a partir de prueba falsa", ni siquiera de las piezas cuya falsedad se imputa en autos (v. fs. cit. vta.).
Por otra parte, con relación a las pericias caligráficas solicitadas como instrucción suplementaria y de las que el agente fiscal desistiera, consideró aparente el argumento vertido por el tribunal revisor al respecto, pues estas "...no se referían ni hubieran probado tramo alguno de los hechos imputados en esta causa" (fs. 312 vta. y 313, el destacado figura en el original).
Añadió que la exigencia de una pericia caligráfica como prueba inexorable para acreditar la participación de los imputados en el delito de falsedad ideológica, es un razonamiento propio de un sistema de prueba tasada, siendo que "...un cúmulo contundente de prueba rendida en juicio ha sido suficiente [...] sin que el tribunal de casación haya explicado por qué motivo" no lo era (v. fs. 313).
En ese sentido recordó la prueba indiciaria y el contexto en que se desarrollaron las falsedades ideológicas (mismos testigos intervinientes, igual mecánica al solicitar allanamientos, el hecho de haber sido labrados los instrumentos en las dependencias en que se desempeñaban laboralmente los imputados, la ausencia de toda explicación lógica y creíble brindada por los acusados), que llevaron al tribunal de origen a tener certeza sobre los hechos imputados (v. fs. cit.).
Asimismo, cuestionó lo resuelto en torno a la declaración del imputado Guzmán a tenor del art. 308 del Código Procesal Penal, pues consideró que "....se aparta de las constancias de la causa", aludiendo a continuación a lo resuelto por el tribunal de juicio para concluir en la inverosimilitud de la misma (v. fs. cit. y vta.).
Agregó que no puede afirmarse que el tribunal no haya dado tratamiento al descargo de Guzmán, ya que el mismo fue analizado a la luz del restante material probatorio (v. fs. cit. vta.).
Por otro lado, señaló que resultaba un razonamiento aparente el que se haya considerado que el tribunal de juicio había fundado la responsabilidad de los acusados por el sólo hecho de ocupar un lugar jerárquico dentro de la estructura de la dependencia policial, ya que la misma fue establecida "...en base a un conjunto de pruebas que el tribunal de origen tuvo en consideración" (fs. 314).
Subrayó que "...no hay pruebas o constancias en la causa que acrediten el desborde de tareas en que asientan su conclusión", sino tan sólo los dichos de Guzmán que fueran descartados por el tribunal de origen en virtud de su escasa credibilidad (v. fs. cit.).
Así, consideró que el juzgador de primera instancia tuvo por demostrado que los imputados firmaron conscientes de su falsedad las actas en cuestión por lo que no puede argumentarse que ello ocurrió por el "...cúmulo de trabajo (que no se acredita por ningún medio) o que éste tipo de comportamientos suelen ser habituales en las dependencias policiales (argumento dogmático)" (fs. 314).
Concluyendo así en la arbitrariedad del razonamiento del Tribunal de Casación al arribar a un estado de duda que no se condice con los elementos de cargo ni con la motivación del veredicto de primera instancia.
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, pues entiendo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal de Casación resulta procedente.
III. El Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, tuvo -por una parte- por legalmente probado (hecho n° II, asociación ilícita -art. 210, Cód. Penal-) que "Durante un período de tiempo comprendido entre el mes de octubre del año 2010 hasta el mes de julio del año 2011 inclusive, un grupo de personas integrado por el Comisario, el Sub Comisario, el Oficial Principal" y otros funcionarios policiales, "...ejerciendo su labor en la Comisaría Distrital Cuarta" junto con otras personas, "...tomaron parte de una asociación, de forma organizada y permanente, con una precisa distribución de roles, desarrollando una actividad tendiente a labrar actuaciones penales falsas, respondiendo a una idéntica mecánica de ejecución, con el objeto de lograr un considerable número de registros domiciliarios e incautación de bienes [...], como así también el procesamiento de personas, logrando de este modo inducir a engaño a los distintos jueces y fiscales [...] con las falsedades cometidas; trayendo como consecuencia la ilegal vulneración de derechos y garantías constitucionales", y que "En tal contexto fáctico, los citados Comisario y Sub Comisario oficiaron en calidad de funcionarios policiales, con pleno conocimiento y voluntad, interviniendo en la suscripción de actuaciones (firmando decretos, actas testimoniales, elevaciones actuariales y pedidos de allanamiento); el Oficial Principal, en el mismo rol policial, realizó [...] una tarea actuarial [...] como así también interviniendo activamente en actas de allanamiento, junto a los otros funcionarios policiales", quienes "...actuaron [...] insertando informes y declaraciones falsas" y otros particulares que "...prestaron entera conformidad con dichas falsedades, cumpliendo un activo rol de testigos falsos" (v. fs. 509/510, causa principal n° 4.070 que corre agregada por cuerda).
Por otra parte, y en lo que respecta a los hechos de falsedad ideológica de instrumento público (arts. 293 y 298, Cód. Penal), se tuvo por acreditado con sus diversos matices (hechos III a X y XII a XV) que funcionarios policiales integrantes del Gabinete de Prevención de la Comisaría Cuarta, procedieron a insertar a sabiendas, en actuaciones prevencionales, declaraciones testimoniales falsas en su contenido que involucraron a personas en la comisión de ilícitos; actuando de ese modo con conocimiento y voluntad, y con división de roles, el Sub Comisario suscribiendo distintos actos en las mismas, el Oficial Principal oficiando como actuario de tales actos y realizando informes y el Comisario al intervenir activamente en las actuaciones, en una etapa posterior, en el sentido de dar impulso al accionar ilícito, suscribiendo decretos, actas, informes y elevación de lo actuado a la autoridad judicial, en su carácter de jefe de la dependencia (éste último sólo en los hechos VII, IX y XV); teniendo tal accionar como objetivo el de provocar el engaño de las autoridades judiciales, solicitándole órdenes de allanamientos (con las respectivas órdenes de incautación), para el registro de los domicilio de los presuntos involucrados, logrando que la autoridad judicial -en muchos casos- decretara los mismos. Se agrega que en tal contexto delictivo tomaron parte particulares (Cangianesa, Maciel y Centurión), quienes en distintos roles de testigos en connivencia con los funcionarios policiales, procedían a sabiendas a efectuar manifestaciones falsas, involucrando a personas del modo indicado (v. fs. 510 vta./519 vta., del principal).
Como consideración común a todas las falsedades ideológicas se señaló que "...existían dos modalidades comisivas [...], o los hechos denunciados eran falsos (hechos IV, VI, X, XII, XIII, XIV y XV) y la investigación se construía a partir de la mentada falsedad, o los hechos denunciados eran verdaderos (III, V, VII, VIII y IX) y la falsedad comenzaba a posteriori de la denuncia con el aporte de pruebas falsas" (fs. 519 vta., expediente principal)
Tales hechos se tuvieron por probados en base a la presentación efectuada por el juez de garantías obrante en la IPP n° 14.909/11, abundante prueba documental, informes, pericias y testimonios (v. fs. 510/519 vta., expediente principal).
Por otra parte, en cuanto a la autoría responsable de los encartados Fuente, Ruiz y Guzmán, el tribunal de mérito rechazó los argumentos de las respectivas defensas, efectuando -en primer lugar- algunas consideraciones generales (v. fs. 521/522 vta., expediente cit.).
Así, en cuanto a que las firmas insertas en los instrumentos teñidos de falsedad ideológica no correspondían a sus asistidos, recordó la calidad de instrumentos públicos y los efectos que ello acarrea (presunción iuris tantum de autenticidad), el lugar donde se labraron y los sellos aclaratorios que llevaban los mismos; además, en lo relativo a la falta de mención del peritaje en cuanto a si las firmas eran falsas o verdaderas, señaló que el objeto de tal experticia no era ese, sino la determinación de si las mismas pertenecían o no a los civiles involucrados.
Tildó de inverosímil que Guzmán (funcionario de experiencia), Fuente y Ruiz (superiores jerárquicos, el primero a cargo del Gabinete de Prevención), desconocieran lo que sucedía -en el caso de Guzmán al tomar declaración, en al menos doce investigaciones diferentes, a tres personas como Centurión, Cagianesa y Maciel, que siempre resultaban testigos espontáneos del hecho o víctimas, en un lapso de nueve meses- (v. fs. 521 vta., expediente cit.).
A continuación, se refirió a dos circunstancias que resultaban un indicio cargoso, en particular para Fuente, esto es las manifestaciones de los testigos Casco y Ríos (pago o arreglo de los destrozos ocasionados en los allanamientos ilegales), al resultar dicha conducta incompatible con alguien que desconoce ingenuamente la situación irregular y un proceder ilógico para quien cumple adecuadamente con su deber (v. fs. 522, expediente cit.).
Asimismo, se tuvo en cuenta como indicador general el hecho de que los allanamientos, en su gran mayoría, se concretaban en lugares ajenos a la jurisdicción de la Comisaría Cuarta (se hacían en la Sexta), probablemente por ser un territorio conocido por Lanza -funcionario que se desempeñaba en el citado Gabinete-, quien había laborado en la misma, ello de conformidad a lo manifestado por la testigo Pereyra (v. fs. cit. y vta., expediente cit.).
Finalmente, consideró muy ilustrativa la planilla incorporada en el acta de debate en la cual el fiscal explicó los distintos roles intercambiables (testigo de allanamiento, testigo espontáneo, víctima y testigo a secas) que tenían Cagianesa, Centurión, Maciel y Rebeque en los doce hechos de falsedad ideológica, lo que estimó no sólo indicativo de la comisión de los mismos, sino también de la asociación ilícita formada por los encartados para delinquir (v. fs. cit. vta., expediente cit.).
En cuanto a las consideraciones particulares efectuadas para la atribución de responsabilidad en cada hecho, entre las probanzas que resultaron de mayor interés se pueden destacar:
Hecho X (Ruiz y Guzmán): supuesto llamado telefónico anónimo que informa Guzmán, quien en el debate reconoció que no existió y que lo hizo a pedido del Comisario; testimonio de Luis Oscar Pereyra, quien dio cuenta de sufrir varios allanamientos y de los objetos que le fueran secuestrados y que sabría que uno de estos fue por lo manifestado por un tal Centurión; ponderación de los roles de Centurión y Cagianesa (v. fs. 522 vta. y 523, expediente cit.).
Hecho VI (Ruiz y Guzmán): llamado anónimo falso; documentos suscriptos por los encartados; ni siquiera constan el domicilio o la zona dónde se producirían los delitos; Ruiz indica que una persona se presenta espontáneamente a brindar testimonio (éste es Centurión); testimonio de Quiroga (quien luego se desdice); sobre la base de estas falsas probanzas Ruiz solicita registro domiciliario, secundado por Guzmán; ponderación de roles de Centurión y Cagianesa (v. fs. 523 vta., expediente cit.).
Hecho XIV (Ruiz y Guzmán): se pondera rol de Centurión (ahora víctima) y que Guzmán es quien le recepciona la declaración; lo mismo con rol de Cagianesa a quien reciben declaración ambos encartados; Ruiz solicita registro domiciliario (v. fs. 524, expediente cit.).
Hecho III (Ruiz y Guzmán): testimonio falso de Lanza sobre certificación de domicilios mencionados en denuncias de hechos verdaderos; declaración a mano alzada de Marta Susana Pereyra, sin fechar (lo que permitía introducirla en cualquier IPP), quien en el debate refirió conocer a Lanza y que éste le dijo que "...pretendían limpiar el barrio"; actuaciones siguen su curso con distintos actos refrendados por los encartados; se pondera la intervención espontánea de Cagianesa; a partir de ello Ruiz solicita registros domiciliarios en cuatro lugares distintos; aparición de Maciel en rol de víctima; se destaca que los allanamientos se realicen en la Comisaría Sexta y no en la Cuarta donde ejercían funciones (v. fs. 524 y vta., expediente cit.).
Hecho XII (Ruiz y Guzmán): se pondera la aparición de Maciel como denunciante de haber sufrido un robo inexistente, cuatro días después de declarar en un caso anterior; Guzmán le recibe la declaración; actuación como testigo espontáneo de Centurión; depone como testigo un tal Rebeque, cuya firma es falsificada; requerimiento de seis registros domiciliarios en jurisdicción de la Comisaría Sexta; aparición como testigo de procedimiento de Francisco Cordati, quien luego negó enfáticamente haber estado en las respectivas diligencias, como así también su firma en las mismas (v. fs. 525, expediente cit.).
Hecho XIII (Ruiz y Guzmán): rol de Centurión como denunciante, pero su firma es falsa (anexo y pericia caligráfica); declaración apócrifa recepcionada -en lo que interesa- por Ruiz; intervención de Cagianesa en rol de -falso- testigo espontáneo, en presencia de los encartados, quienes suscribieron el acta; rol de testigo espontáneo de Maciel, pero con firma que no le pertenece, en acta suscripta por los encartados; solicitud de ocho allanamientos por parte de Ruiz (v. fs. cit. y vta., expediente cit.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.