Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128615
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.615, "Moreno, Luciana y Juárez, Walter Horacio s/ Recurso de queja en la causa 70.476 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 29 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 363/379) contra la decisión de ese mismo órgano que confirmó la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 2 de La Plata en cuanto condenó a Walter Horacio Juárez y a Luciana Moreno a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el vínculo (v. fs. 380/382 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia dedujo recurso de queja (v. fs. 385/395 vta.). Por resolución del 7 de marzo de 2018, esta Suprema Corte admitió la misma y concedió el remedio extraordinario en trato (v. fs. 396/398 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 406/414 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 415 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. El señor defensor denuncia, en primer lugar, la violación al principio de imparcialidad, al derecho de defensa y al debido proceso (v. fs. 367).
Alega que en el recurso de casación planteó que se había afectado el principio de congruencia debido a que, en el debate, la hipótesis fáctica por la que fueron acusados los imputados, fue que el deceso de la menor había sido causado por "golpes en la cabeza y maltrato en su cuerpo reiteradamente", pero en el veredicto se tuvo por probado que la víctima murió a consecuencia de "la acción de bruscas y violentas sacudidas ejercidas sobre ella".
Sostiene que se cuestionó dicha modalidad comisiva, toda vez que no formó parte de la acusación ni fue objeto de controversia en el juicio, y, por ello, el tribunal oral no tenía jurisdicción habilitada para expedirse sobre dicho extremo, pero el Tribunal de Casación rechazó el planteo decidiendo que el objeto procesal estuvo debidamente determinado desde un principio, que la imputación no fue modificada por el tribunal de juicio, sino que éste había sido más específico a la hora de describir la materialidad ilícita, brindando mayores detalles a la secuencia delictiva esbozada por la fiscalía, sin que ello implicara una diferencia sustancial en los hechos que viole el derecho de defensa en juicio (v. fs. 367 vta.).
Afirma que de la lectura del acta de debate resulta evidente que el órgano de juicio, más que especificar la plataforma fáctica, en realidad la completó, abandonando así su rol de tercero imparcial. Indica que en dicha pieza no apareció reflejado "...que la fiscalía haya imputado a Juárez y Moreno, no ya las bruscas y violentas sacudidas que conforme el fallo causaron la muerte del niño, sino siquiera los golpes en la cabeza que consideró que la víctima recibió..." (fs. 368). De ahí que "...la afirmación concerniente a que el Tribunal Criminal sólo se limitó a ser 'más específico al describir la materialidad infraccionaria' o a brindar 'mayores detalles' a la secuencia delictiva imputada por la fiscalía [...] resulta arbitraria, por no compadecerse con las constancias comprobadas de la causa, y viola por ende el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio" (fs. cit.).
Estima también arbitraria la afirmación relativa a que el recurrente no indicó el perjuicio que le causó la irregularidad denunciada, desde que el entonces defensor explicó que la preparación del juicio, la previa indagación de conceptos médicos forenses y la consecuente interrogación de testigos y peritos médicos se construyó en base a la hipótesis de la Fiscalía que -como se dijo- no aludió a las sacudidas sino a los golpes en la cabeza, y sobre esa imputación fue que declararon los imputados, privándolos de una adecuada estrategia defensiva. Expone que no es lo mismo "...defenderse de una imputación consistente en haber dado muerte a otro mediante golpes en la cabeza que mediante bruscas y violentas sacudidas corporales, ya que [...] la preparación del juicio y la actividad desplegada necesariamente será diferente..." (fs. 368 vta.).
En consecuencia, entiende que lo resuelto por el Tribunal de Casación violó el principio de imparcialidad al asumir el rol de acusador.
Trae a colación el fallo "Quiroga" de la Corte federal y solicita que se anule el fallo impugnado disponiéndose el reenvío de las actuaciones a la instancia anterior a fin de que se dicte uno nuevo conforme a derecho (v. fs. 369 vta.).
I.2. En segundo lugar, denuncia exceso en la jurisdicción del órgano intermedio y la afectación del debido proceso, derecho de defensa y su derivado principio de congruencia (v. fs. cit.).
Expresa que, al establecer el tribunal de juicio que no resultaba condición determinante saber cuál de los dos acusados imprimió el golpe fatal, ya que el otro debió impedirlo y no lo hizo, la defensa, en el recurso de casación, esgrimió como motivo de agravio que, por aplicación del principio in dubio pro reo, al admitirse que uno de los imputados (no determinado) no llevó a cabo la conducta homicida sino que no impidió la muerte de la víctima pudiendo hacerlo, no correspondía que ambos respondieran como autores. Refiere que el Tribunal de Casación -excediendo su competencia en forma arbitraria, dado que no había recurso fiscal- determinó que sus asistidos cometieron el delito juzgado mediante coautoría funcional llevando a cabo ambos una conducta activa (v. fs. 370 y vta.).
Aduce que para ello sustituyó el supuesto fáctico fijado en la instancia donde se determinó que uno de los imputados llevó a cabo un obrar activo (producción de golpes y sacudidas) y el otro, omisivo (debió impedirlo y no lo hizo), por cuanto ambos contribuyeron al resultado final.
Estima que tal proceder excedió la jurisdicción del a quo y afectó la situación obtenida por los encausados (v. fs. 371 vta.).
También tilda de arbitrario el fallo casatorio dado que lo decidido ha prescindido u omitido lo preceptuado por los arts. 434 y 435 del Código Procesal Penal (v. fs. 373), en tanto "...el Tribunal de Casación, en perjuicio de los imputados, fue más allá de los motivos de agravio para convalidar el fallo, haciéndolo por motivos distintos a los que agraviaran a esta parte y que se plasmaran en el recurso de casación..." (fs. 220).
Cita los fallos "Antognazza" y "Sircovich" de la Corte federal para afirmar que "...mientras el Tribunal de juicio condenó a los imputados por aplicación de los arts. 45 y 80 inc. 1° del C.P. admitiendo que uno 'mató' y otro 'pudo impedirlo y no lo hizo', resulta que el Tribunal de Casación confirmó el fallo, pero estableciendo que ambos imputados llevaron a cabo una conducta activa" (fs. 375; el destacado figura en el original).
De este modo, califica el pronunciamiento en crisis de arbitrario por haberse fundado en circunstancias que, por novedosas, a raíz de la instancia procesal en la que fueron introducidas, privaron a la defensa de toda posibilidad de discutir su procedencia, así como porque su afirmación se hallaba impedida por la cosa juzgada parcial (v. fs. 376).
También considera transgredido el derecho a ser oído como derivación lógica del derecho de defensa antes mencionado, requiriendo que se case el fallo impugnado y se aplique la doctrina legal de esta Corte en la causa P. 46.341, "Cabral", en la que se determinó que no impedir la muerte no equivale a matar.
I.3. Por último, y en subsidio, denuncia la arbitraria aplicación de los arts. 45 y 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 377).
Señala que de las constancias de la causa "...surge evidente que en el caso de autos no se ha verificado el aspecto objetivo necesario para la existencia de la coautoría funcional en los términos del artículo 45 del C.P., habiendo sido afirmada su existencia por el Tribunal de Casación, sin que se encuentre corroboración en las constancias comprobadas de la causa" (fs. 377).
Sostiene que de los argumentos dados por el órgano intermedio no se indica "...en qué habrían consistido las acciones o contribuciones de cada uno al hecho juzgado. Tampoco se explica en qué habría consistido el 'rol activo' que asumieron los imputados o en qué consistió el aporte que cada uno de ellos realizó y que les otorgara el dominio del hecho..." (fs. 377 vta. y 378). Alude a que lo resuelto no tenía correlato alguno con las constancias de autos, sencillamente porque era una cuestión que no se había logrado establecer luego del debate oral. "Lo que se ha podido probar, a lo sumo, es que alguno de los adultos que se encontraban con el menor le dio muerte [...] mediante golpes y sacudidas y el otro, no impidió tal proceder. Ello, demuestra claramente la imposibilidad de condenar a ambos imputados por el delito de homicidio, por imperio del principio in dubio pro reo derivado del principio de inocencia..." (fs. 378).
Afirma que no existe una sola constancia en la causa que permita sustentar el supuesto aporte objetivo y esencial para la ejecución del hecho determinado por el órgano intermedio. "Siendo ello así, el Tribunal de [C]asación no ha fundado debidamente la aplicación del art. 80 inc. 1° del C.P." (fs. cit.).
En definitiva, concluye que el a quo incurrió en arbitrariedad al fallar, lo que lesionó el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, por lo que peticionó se case la sentencia en crisis y se declare erróneamente aplicado el art. 45 en función del art. 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 378 vta.).
II. La Procuración General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 406/414 vta.).
III. Coincido con su dictamen.
IV.1. En principio cabe señalar que lo atinente a la afectación del principio de congruencia constituye una típica cuestión procesal que -según la regla general-resulta ajena a la competencia extraordinaria de este Tribunal, a tenor de la doctrina del art. 494 del Código Procesal Penal.
Sólo en razón de que el punto involucraría una cuestión federal, y a fin de que esta instancia pueda constituir un tránsito adecuado para la posible articulación del remedio extraordinario previsto en los arts. 14 y 15 de la ley 48 (doctr. CSJN causas "Strada" y "Di Mascio"), corresponde ingresar a su análisis.
IV.2. En lo que hace a dicho extremo, la recurrente no logra demostrar la supuesta variación del hecho que constituyó la materia del juicio, ni desbaratar la decisión del tribunal revisor que concluyó que -en el caso- no se configuraba transgresión alguna en la individualización de los sucesos reprochados a ambos imputados.
El a quo sostuvo que la posibilidad de una defensa adecuada nunca se vio menoscabada a lo largo del juicio y que, de la lectura del acta de debate, se desprendía que el objeto procesal se encontraba correctamente determinado desde un principio, sin que de la misma surgiera que la imputación hubiera sido modificada. Expresó que "...la Fiscal de Juicio al momento de alegar, refirió concretamente que el hijo de los imputados, Matías Nahuel Juárez, de cuatro meses de edad '[.. . ]recibió golpes en la cabeza y maltrato en su cuerpo reiteradamente, los que dieron como resultado un traumatismo craneoencefálico con compromiso de masa encefálica y múltiples traumatismos en la superficie corporal y compromiso pulmonar, que provocaron finalmente su deceso...', conclusión a la que arribara luego de que se produjera la totalidad de la prueba en el marco del juicio" (fs. 338 y vta.; el destacado figura en el original).
Señaló que el tribunal de instancia fue más específico a la hora de describir la materialidad infraccionaria, pero no consideró que se hubiera modificado la secuencia fáctica delineada primigeniamente por la fiscalía. Precisó que "...de la lectura de la primera cuestión del veredicto surge que ' [...] una persona del sexo masculino y otra del sexo femenino dieron muerte a su hijo Nahuel Matías Juárez de cuatro meses de edad -quien venía sufriendo un cuadro de maltrato infantil, mediante la acción de bruscas y violentas sacudidas ejercidas sobre el nombrado, provocándole severos traumatismos craneoencefálicos con compromiso de masa encefálica que produjo su deceso por paro cardiorespiratorio...' " (fs. 338 vta.; el destacado figura en el original).
Realizada tal comparación, consideró que la imputación relatada por la acusadora de ningún modo resultaba disímil a la descripción del veredicto, y que "[a] todo evento, podríamos decir que el sentenciante brindó mayores detalles a la secuencia delictiva esbozada por la representante de la vindicta pública, mas nunca podríamos hablar de una diferencia sustancial en los hechos que violente el derecho de defensa en juicio. Es decir, no se vislumbran elementos o argumentos novedosos que permitan concluir que el 'a quo' vulneró el principio establecido en el art. 359 del código de procedimiento, razón por la cual, el reclamo incoado deviene trunco. Más precisamente, no se dan en particular los supuestos previstos en la citada norma, toda vez que la misma hace referencia al surgimiento de hechos novedosos que puedan ser entendidos como elementos no conocidos o no argumentados hasta ese momento. Nada de eso ocurre en el 'sub lite' donde se emplearon las mismas pruebas y los mismos argumentos a lo largo de todo el proceso" (fs. 338 vta. y 339).
Por último, consideró que le asistía razón a la fiscal Moretti cuando exponía "...en su dictamen que '[...] las referencias incluidas en el acta que documenta la celebración de la audiencia contemplada en el art. 308 del C.P.P. y en el requerimiento de elevación a juicio, así como en las posteriores intervenciones del agente fiscal durante el proceso, le brindaron a la defensa la información necesaria para que pudiera conocer cuáles eran los hechos atribuidos a sus encausados [...] y así incluso se trasluce de los fundamentos brindados por el a quo para desestimar uno a uno los argumentos opuestos por el Sr. Defensor Oficial a través de los cuales pretendía demostrar hipótesis alternativas a la de la imputación y explicar así que el mecanismo de producción del resultado mortal se habría debido a circunstancias ajenas al accionar y el dominio de sus defendidos [...] la posibilidad de rebatir todos los extremos de la acusación no se vio, en el caso, en modo alguno menoscabada, toda vez que, al haber el fiscal precisado en todas las instancias las acciones imputadas -sin perjuicios de los matices a los que hace alusión el impugnante en su escrito recursivo, que no hacen más que al análisis contextual en el que aquellas tuvieron lugar-, que fueron siempre las mismas desde los inicios del proceso, el punto fue sometido a contradicción, pudiendo la defensa, en ese marco de referencia, desplegar todas las estrategias que consideraba útiles en el ejercicio del referido derecho que lo ampara. .. '" (fs. 339 y vta.; el destacado figura en el original).
Además, afirmó que el impugnante tampoco explicaba de qué manera se vio afectado su derecho de defensa, ni puntualizó cual fue el perjuicio concreto que generó el pronunciamiento cuestionado.
Concluyó, así, que permanecía incólume la regla expresada como principio de correlación entre la acusación y el fallo, la que resultaba ser una manifestación de la garantía de defensa en juicio, dado que el derecho a ser oído reclamaba del órgano jurisdiccional un pronunciamiento que debía expedirse sobre el hecho y las circunstancias contenidas o delimitadas en la acusación y que tuvieron necesario tratamiento por las partes, fijando entonces aquella regla el ámbito en el que debía quedar circunscripto el pronunciamiento del juez penal. "En consecuencia, al no verificarse una subsunción sorpresiva sobre la cual el imputado y su defensor no hayan podido expedirse, los agravios esgrimidos en este tramo debe ceder sin más" (fs. 340).
IV.3. Frente a los fundamentos dados por el Tribunal de Casación para rechazar el agravio, la defensa reedita el planteo llevado ante esa sede desconformándose de las razones que concluyeron en sentido adverso a su pretensión, pero sus desarrollos se muestran más como una opinión discrepante que como una crítica razonada y concreta que demuestre aquello que intentó denunciar (art. 495, CPP). En efecto, más allá de su insistencia en que las circunstancias que dieron sustento y sentido a la materialidad ilícita del fallo diferían de las ponderadas en los planteos efectuados por el Ministerio Público Fiscal, no se ocupa de demostrar de qué modo se alteró la plataforma fáctica sobre la cual se asienta la calificación jurídica o, antes bien, cómo los imputados se habrían visto despojados de las garantías de debido proceso y defensa en juicio a partir del encuadramiento legal del hecho efectuado por el juzgador (art. 495, CPP y su doctr.).
Esta Corte tiene dicho que, si el hecho penal definido en el alegato final del acusador resulta receptado sin variaciones sustanciales en el pronunciamiento cuestionado, no se configura una infracción al principio de congruencia.
Y que "El objeto procesal está constituido por la representación conceptual del acontecimiento histórico" y por "...las pretensiones que respecto de él se hacen valer en juicio", así "Él determina los alcances de la imputación en la cual debe contenerse la relación circunstanciada del hecho, y el contenido de la acusación". La sentencia debe respetar ese continente, porque de sobrepasarlo vulneraría el derecho de defensa del imputado. De este modo, "La sentencia condenatoria debe ser idéntica a la acusación en cuanto a los elementos suficientes para juzgar la conducta del imputado. La diversidad secundaria o jurídica entre ambos actos puede admitirse siempre que no implique privar a aquél de su defensa" (conf. de la Rúa, Fernando; El recurso de casación, Ed. de Zavalía, Buenos Aires, 1994, págs. 88 y 89; causas P. 70.190, sent. de 26-IX-2007; P. 74.235, sent. de 31-X-2007; P. 99.820, sent. de 11-III-2009; P. 93.751, sent. de 15-VII-2009; P. 92.824, sent. de 31-VIII-2011; P. 124.736, sent. de 5-VII-2017; e.o.).
Con similar alcance concluyó el Tribunal de Casación, siendo -por regla- la función de apreciar si se mantiene ese correlato entre el hecho atribuido por el fiscal y el finalmente determinado en la sentencia de condena, propia de los jueces de mérito, quienes en ese cometido deben valorar las particularidades del caso concreto, quedando a cargo de esta Corte el control en el estricto marco del vicio de absurdo o arbitrariedad (doctr. art. 494, CPP), sin que ello aparezca justificado (conf. causas P. 78.436, sent. de 22-X-2008; P. 123.284, sent. de 9-V-2018; e.o.).
Tampoco evidencia que hubiera existido sorpresa para su parte, ya que -como lo dijo el a quo por remisión al dictamen de la doctora Moretti- tanto los encausados como su representante tuvieron oportunidad de cuestionar los acontecimientos que fueron afirmados por el tribunal de mérito en la sentencia y su modo de interpretarlos, ya que no surgieron en dicho fallo, sino que la defensa se encontraba advertida de ello desde el inicio del juicio. Ello, sin perjuicio de los matices diferenciales enunciados por el impugnante en procura de su pretensión.
Así las cosas, corresponde destacar que este Tribunal tiene dicho que "Lo que resguarda el principio de congruencia está dado porque la sentencia que se dicte sea sobre el mismo hecho materia de acusación y que tanto la defensa como
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