Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128436
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja presentada por la defensa oficial de Héctor Camilo Figueroa contra la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 486 bis , CPP).
"FIGUEROA, HECTOR CAMILO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 70.080 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III" .
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.436-RQ, caratulada: "Figueroa, Héctor Camilo s/ Recurso de queja en causa N° 70.080 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto del 31 de mayo de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa particular contra su decisorio que, hizo lugar al recurso de la especialidad interpuesto por el Fiscal, casó el veredicto absolutorio y envió a jueces hábiles para que, a partir de la comprobada intervención del nombrado en el hecho, se renueven los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (71/72 vta.).
Para así decidir, afirmó que el fallo impugnado no es definitivo en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal ni equiparable a tal. En su apoyo, citó precedentes de esta Corte y destacó lo decidido en causa P. 125.670 por ser un supuesto fáctico similar al de autos (v. fs. 71 vta./72).
II. Frente a lo así decidido, el Defensor General Adjunto de la Defensoría Oficial de Bahía Blanca -doctor Eduardo Roberto Zalba- articuló recurso de queja (v. fs. 84/87).
Tachó de arbitrario al auto denegatorio, y denunció el quebranto al debido proceso, el doble conforme y el ne bis in idem -arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH y 14, PIDCP- (v. fs. 85).
De seguido, transcribió parcelas del decisorio adverso, y afirmó que el fallo cuestionado mediante el carril del art. 494 del Código Procesal Penal, resulta equiparable a definitivo en virtud del gravamen de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que le provoca a su asistido, de acuerdo a lo resuelto por la Corte federal en "Kang" (fs. 85 vta.).
Postuló que el reenvío al tribunal de origen, en afectación a la prohibición de doble persecución penal, desconoce lo fallado por la Corte federal en "Sandoval", y la remisión a la disidencia en "Alvarado", y configura un supuesto de vulneración a la ley sustantiva "puesto que se ha dictado una sentencia arbitraria (art. 18 CN)". Expuso que la impugnación del representante del Ministerio Público, que resultó en la casación del veredicto absolutorio y reenvío a la instancia para el dictado de una nueva decisión en aquellos términos, se "basó únicamente su queja sobre la valoración probatoria", lo que evidencia el segundo intento de persecución (v. fs. 85 vta.).
Esgrimió, asimismo, que se vulneró el derecho a una revisión amplia del fallo de condena -conf. art. 8.2.h, CADH-, en tanto la intervención de quien asiste en el hecho fue acreditada recién ante el órgano casacional, por lo que se le vedó la posibilidad de que un tribunal superior revise lo así fallado (v. fs. 86).
Trajo a colación los precedentes "Norín Catriman vs. Chile" y "Mohamed vs. Argentina" de la Corte IDH; así como "Duarte", "Chambla", "Carrascosa" y "Saavedra", los dos primeros de la Corte federal y los restantes de este Superior tribunal (v. fs. cit. y vta.).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis , CPP).
Tal como se puso de manifiesto en el juicio de admisibilidad negativo, la decisión del Tribunal Intermedio que casó el veredicto absolutorio y dispuso el reenvío para que jueces hábiles, a partir de la acreditada intervención de Figueroa en el hecho, renueven los actos necesarios para dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, no constituye sentencia definitiva ni un supuesto equiparable a tal, desde que recién en la oportunidad en que se complete, nacerá la posibilidad de interponer la vía recursiva que se estime correspondiente (conf. P. 126.201, resol. de 24-II-2016; P. 127.565, resol. de 29-III-2017), e.o.).
IV. Por otro lado, la pretensa afectación de la garantía de ne bis in idem que invoca la parte a los fines de sortear el déficit formal prealudido, no resulta apta.
Es que, si bien dicho planteo fue introducido en la primera oportunidad procesal -v. contestación del recurso Fiscal a fs. 32/43-, el recurrente omitió mantener el mismo con posterioridad -v. escrito impugnativo de fs. 56/66-, lo que, como es sabido, constituye una exigencia a los fines del planteo federal.
Sin perjuicio de ello, si bien es cierto que a tenor del rendimiento de la citada garantía esta Corte tuvo por cumplido el recaudo vinculado a la definitividad en numerosos pronunciamientos (conf. P. 106.390, resol. de 7-III-2012; P. 114.884, resol. de 15-V-2013; P. 120.059, resol. de 3-XII-2014), tal temperamento no resulta aplicable al presente.
En efecto, el órgano revisor no declaró la nulidad del fallo del Tribunal de mérito sino que consideró que se había incurrido en un error in iudicando al dictar el veredicto absolutorio. De este modo, asumió competencia positiva, casó la decisión y dispuso que jueces hábiles, a partir de la comprobada intervención del imputado en el hecho, dicten un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 44/54 vta., específicamente punto II del resolutivo a fs. 54).
En definitiva, si bien se dispuso el reenvío -conforme se dijo- se advierte que no se debió a vicios producidos durante el debate que, de ser así, exigirían la realización de un nuevo juicio -supuesto que, eventualmente, podría llegar a comprometer la garantía del ne bis in ídem - sino que tal como se indicó, tuvo otro alcance (conf. P. 125.562, resol. de 4-V-2016).
V. Finalmente, la circunstancia de que se considere que la decisión atacada no constituye sentencia definitiva, no se traduce en la firmeza del fallo en ninguna de sus partes.
Resulta pertinente aclarar que una vez completa, para el caso que se articule un recurso a favor del encausado, corresponderá aplicar lo resuelto por esta Corte en la causa P. 108.199 (resol. de 24-VI-2015), caratulada "Carrascosa, Carlos Alberto s/ Recurso de casación. Recurso extraordinario de nulidad contra Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Bs. As.".
En tal sentido, frente a la posible presentación de una impugnación de la defensa contra el fallo de condena, a los fines de garantizar el derecho al recurso (arts. 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y del art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) con mayor plenitud que la que permiten las vías impugnativas ante esta Suprema Corte (art. 161 de la Constitución provincial y su desarrollo en el CPP), la Presidencia del Tribunal de Casación Penal deberá desinsacular jueces hábiles para que integren una nueva Sala que deberá llevar a cabo esa revisión integral.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja presentada por la defensa oficial de Héctor Camilo Figueroa contra la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese, y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3082
Fin de la sentencia