Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126945
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Rita Isabel Ojeda; con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°1238
P. 126.945-RQ - “Méndez, Cristian David y Ojeda, Rita Isabel s/ Recurso de queja, en causa n° 70.695 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P: 126.945-RQ, caratulada: “Méndez, Cristian David y Ojeda, Rita Isabel s/ Recurso de queja, en causa n° 70.695 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de febrero de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial, contra la decisión de ese órgano que rechazó el recurso de la especialidad deducido contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Bahía Blanca, que -en el marco de un proceso abreviado- condenó a Cristian David Méndez y a Rita Isabel Ojeda a la pena de cinco años de prisión -morigerada en los efectos de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario sólo respecto de Ojeda-, con más accesorias legales de inhabilitación absoluta por el término de la condena, privación de la patria potestad mientras dure la pena, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos -todo ello con costas-, por hallarlos autores penalmente responsables del delito de robo calificado por el uso de arma blanca (fs. 31/33 vta.).
II. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- articuló queja (fs. 36/43).
Luego de realizar una reseña de los antecedentes relevantes del caso, se ocupó de los fundamentos del canal escogido (fs. 36 vta./39).
Sostuvo que la denegación del recurso local importó un liso y llano apartamiento de la doctrina sentada en los precedentes “Strada” (Fallos: 308:490), “Christou” (L.L. 1987-D-156) y “Di Mascio” (Fallos: 312:2084), como también de la jurisprudencia de la Corte federal en la que se fundó el agravio llevado (fs. 39).
En ese carril, expuso que la casación negó arbitrariamente la competencia derivada de aquella doctrina, privando a este Cuerpo de ejercer el rol institucional básico de velar por la supremacía de la Constitución nacional (cfe. arts. 5 y 31 de la C.N.), utilizando para ello un fundamento aparente mediante la invocación de fórmulas “genéricas y abstractas” (fs. cit. vta.).
En lo sucesivo, dirigió sus críticas en torno a la actividad revisora desplegada por la sede casacional, la que entendió violatoria del doble conforme; arguyó que -en esas condiciones-, los límites del art. 494 del C.P.P. deben ser inaplicados o declarados inconstitucionales frente a las normas federales que citó (arts. 5, 31, 75 inc. 12, 116, 121, 124 y ccds. de la C.N.), e insistió en el tilde de arbitrariedad de la sentencia (fs. 40/42 vta.).
III. Liminarmente, cabe señalar que ésta Suprema Corte -por resolutorio del 15 de noviembre de 2016- tuvo por desistido el recurso de queja interpuesto respecto de Cristian David Méndez (v. fs. 53 de la presente); interlocutorio que se encuentra firme. En virtud de ello, se abordará el tratamiento de la presentación directa en lo concerniente a la coencartada Rita Isabel Ojeda.
IV. La queja no prospera, toda vez que la parte no logra remover los obstáculos sobre los cuales el órgano revisor cimentó el juicio de admisibilidad negativo (cfe. art. 486 bis , C.P.P.).
V. En efecto, el Tribunal casatorio señaló que si bien el fallo impugnado era una sentencia definitiva y la presentación recursiva había sido interpuesta en tiempo, en el caso no se hallaban reunidos los requisitos propios de la vía intentada (art. 494 del C.P.P.). En ese sentido, expuso que la pena impuesta no superaba el monto allí aludido, y que además no se vislumbraba elemento alguno que hiciera presumir la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional, debido a que del contenido del recurso se desprendían “cuestionamientos de índole probatorio”, los cuales no eran susceptibles de ser abordados a través del medio revisor incoado (fs. 31 vta./32). Agregó que bajo el ropaje de un embate vinculado con agravios de índole federal “revisión aparente, frustración del derecho al doble conforme, violación del principio in dubio pro reo , infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales, violación a la presunción de inocencia y derecho de defensa”, el recurrente intenta “vanamente” obtener una tercera revisión de los hechos y las pruebas por vía oblicua, la cual resulta materia ordinaria y no se condice con la naturaleza jurídica del recurso extraordinario. Luego, consideró necesario poner de resalto que tales extremos no se abastecían con una simple referencia a mandatos de raigambre constitucional como marco de una reiteración meramente dogmática de las objeciones formuladas en las instancias anteriores sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del resolutorio cuya impugnación se pretendía. Agregó a ello que se requiere por parte del recurrente, un fundamento expreso que permita verificar adecuadamente la acreditación de una causal federal suficiente que habilite la intervención de esta instancia, situación que en el sub lite no se advertía (fs. 32 y vta.). No obstante ello, entendió que tampoco se había efectuado un planteo federal suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias sobre la que la parte edificó su queja, pues no lograba evidenciar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se decían conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo.
A su vez, destacó que no conseguía demostrar -siquiera conjeturalmente- que según el prisma de la pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal, el fallo impugnado podría subsumirse en un caso de arbitrariedad de sentencia, en razón del carácter excepcional de tales supuestos y la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece ese recaudo a fin de habilitar su instancia revisora (doct. C.S.J.N., Fallos 324:1295; 328:3165, entre muchos). Por otro lado, recordó que la mera introducción y el análisis dogmático de su contenido no resulta idóneo para dar sustento a la invocación de un caso excepcional como es el de la arbitrariedad. También rememoró que el Alto Tribunal federal tenía dicho que la mencionada doctrina poseía carácter excepcional y no tenía por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideraran tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la validez de la sentencia apelada (C.S.J.N., expte. G. 1999. XL, in re : “Gobet, Jorge Aníbal, c/ Telefónica de Argentina, Entel. Estado Nacional, s/ Accidente de trabajo”, sent. del 13/VI/2006, publ.: “El Derecho”, 2-XI-2006, 554331). Como corolario, refirió que se mantenían en pie la aplicación de las exigencias del art. 494 del ritual, que se materializaban como límites de recurribilidad, pues el reclamo ensayado que invocaba la violación de garantías constitucionales no reunía la suficiencia y carga técnica necesaria que ese tipo de demandas tiene que evidenciar, en la medida que los hechos debatidos no tenían vinculación directa con un agravio federal. Señaló que no hubo demostración de que existiera una relación directa e inmediata entre cláusula constitucional invocada y lo debatido y resuelto en el caso, como así tampoco se demostró que la decisión atacada sea contraria al derecho invocado por el recurrente con fundamento en aquella. Concluyó que de los argumentos expuestos no se advertía que la parte refutara, en forma concreta y razonada, los fundamentos otorgados en el pronunciamiento impugnado (fs. 32 vta./33).
VI. De todo ello, puede señalarse que la queja no controvirtió todos y cada uno de los fundamentos sobre los cuales la casación basó el juicio de admisibilidad negativo del recurso local. Nótese -por ejemplo- que el tribunal a quo sostuvo que bajo el ropaje de un embate con agravios federales “el recurrente intenta vanamente obtener una tercera revisión de los hechos y la prueba por vía oblicua, lo cual resulta materia ordinaria y de ninguna manera se condice con la naturaleza jurídica del recurso en trato” (fs. 32).
A ello cabe sumar que tampoco fue refutada la exigencia de que el planteo requiere de “un fundamento expreso que permita verificar adecuadamente la acreditación de una causal federal suficiente que habilite la intervención de esta instancia, situación que en el ‘sub lite’ no se advierte” (fs. cit. vta.).
El quejoso, se limita a afirmar que el recurso local portaba agravios federales, que habían sido oportunamente planteados y que eran actuales, sin controvertir aquellos argumentos. Con lo cual, queda sin sustento -también- la mentada arbitrariedad que intentó endilgarle al decisorio atacado.
En suma, resulta acertada la conclusión del auto denegatorio en punto a que el reclamo no reúne la suficiencia y carga técnica necesaria a fin de vincular a esta Corte con el tratamiento de los pretensos agravios federales, manteniéndose en pie las exigencias contenidas en el art. 494 del ritual.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Rita Isabel Ojeda; con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia