Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126983 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°517
P. 126.983-RQ - “Córdoba, Ramón Andrés s/ Recurso de queja en causa n° 70.977 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.-
///Plata, 12 de abril de 2017.
La presente causa P. 126.983-RQ, caratulada: “Córdoba, Ramón Andrés s/ Recurso de queja en causa n° 70.977 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 18 de febrero de 2016, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Ramón Andrés Córdoba contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora que, en el marco de un proceso de juicio abreviado, lo condenó a la pena de cuatro años de prisión, multa de doscientos veinticinco pesos, accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (fs. 46/51 vta.).
Para arribar a tal decisorio, afirmó que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria para sortear las limitaciones del art. 494 del C.P.P.. Explicó que la parte esbozó un criterio discrepante con la valoración de la prueba, reeditó las críticas llevadas con anterioridad y no demostró la existencia de absurdo o arbitrariedad (fs. 47/48).
Luego, destacó que no se evidenció la relación directa e inmediata entre los agravios de pretensa índole federal y lo debatido y resuelto en el caso. Agregó que tampoco se explicó de qué manera los precedentes de la Corte nacional resultarían aplicables al presente (fs. 48/vta.)
Concluyó que bajo el velo de pretensas cuestiones federales (revisión aparente de la sentencia de condena, afectación de la garantía in dubio pro reo y arbitrariedad en la valoración de la prueba), la defensa se agravió de tópicos de índole procesal y probatorio ajenos a la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (cfe. causas P. 108.624, P. 118.283, P. 106.222, entre otras de esta Corte -fs. 49/51-).
2. El Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, Doctor José María Hernández, dedujo queja (fs. 58/70).
Alegó que resulta aplicable la doctrina de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional (arts. 31, 75 inc. 11, 116, 121, 124 de la C.N. -fs. 65 vta./66-).
De seguido, tachó de arbitraria la resolución y refirió que su fundamentación es aparente en tanto se valió de fórmulas genéricas y abstractas para descartar los embates constitucionales (derecho a la revisión de la sentencia de condena e in dubio pro reo ) que -según el quejoso- se vincularon directamente con la solución del caso (fs. 66/67).
Señaló que el Tribunal de Casación Penal excedió el juico formal de admisibilidad y se inmiscuyó en la procedencia del reclamo (fs. 67 vta./68).
Puntualizó que la sentencia de casación no contestó el planteo referido a que Córdoba no vivía en el domicilio de los hechos ni al momento del allanamiento ni durante las tareas de inteligencia, todo lo cual quebrantó la garantía in dubio pro reo (fs. 86).
A su vez, indicó que no se garantizó el derecho a la revisión amplia de la sentencia de condena pues el órgano revisor se limitó a estudiar la prueba a la luz de la restrictiva doctrina del absurdo valorativo (fs. 69).
Por último, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. (fs. 69 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue bien denegado por la Sala I del Tribunal de Casación Penal (art. 486 del C.P.P.).
Si bien es cierto que la Alzada efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites formales de la admisibilidad -tal como lo advirtió el quejoso (v. fs. 67 vta./68)- lo cierto es que el argumento basal de la resolución en crisis consistió en que la defensa oficial no desarrolló las pretensas cuestiones federales con la suficiencia y carga técnica necesaria ni demostró la relación directa e inmediata entre aquellas y lo debatido y resuelto en el caso, limitándose a invocar una versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos y la valoración de la prueba (v. punto 1. del presente).
Frente a ello, las argumentaciones de la parte no resultan eficaces para remover dicho obstáculo formal (falta de carga técnica de los agravios constitucionales) razón por la cual la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por otro lado, de la reseña de los antecedentes del caso se advierte que la resolución impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada (v. fs. 66).
4. Por todo lo expuesto, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. tampoco prospera en tanto dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario sino que la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso fue lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por la Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Daniel Fernando Soria
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia