Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127676 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, las quejas interpuestas por los Defensores Oficiales Adjuntos ante el Tribunal de Casación en favor de Horacio Daniel González y Daniel Fernando Robles (art. 486 bis y concs. del C.P.P. según ley 14.647).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°1353
P. 127.676-RQ - “González, Horacio Daniel s/ Recurso de queja en causa n° 71.299 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV y su acum. P. 127.692-RQ - Robles, Daniel Fernando s/ Recurso de queja en causa N° 71.299 y su acum. 71.434 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.-
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.676 RQ, caratulada: “González, Horacio Daniel s/ Recurso de queja en causa n° 71.299 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV” y su acum. P. 127.692 RQ, caratulada “Robles, Daniel Fernando s/ Recurso de queja en causa N° 71.299 y su acum. 71.434 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”
1. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 30 de junio de 2016, declaró la inadmisibilidad de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley presentados por las respectivas defensas oficiales de Horacio Daniel González y Daniel Fernando Robles contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 5 de Lomas de Zamora que condenó al primero a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo calificado por la utilización de un arma de fuego y homicidio criminis causa en concurso real; al segundo de ellos le impuso pena de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo simple y partícipe primario del delito de homicidio en ocasión de robo, ambos en concurso real entre sí (fs. 140/146).
Para arribar a tal decisión, aclaró que si bien se cumplió con el monto de pena del art. 494 del C.P.P., no se abastecieron las restantes exigencias. De seguido, recordó que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas (cfe. doct. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional -fs. 142 vta./143-).
En dicho marco, estimó que los agravios de pretensa índole federal argüidos por los defensores oficiales se desentendieron de lo efectivamente fallado y no evidenciaron arbitrariedad ni falta de fundamentación. Concluyó que no se acreditó la relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales supuestamente vulneradas (fs. 143/vta.).
A continuación, destacó que tampoco se probó que la pena impuesta haya sido el fruto de la mera voluntad de los juzgadores o inconciliable con la lógica y la experiencia (fs. 143 vta.).
En lo que atañe a los nuevos agravios introducidos por la defensa de Robles en la oportunidad prevista en el art. 458 del C.P.P., explicó que se llevaron extemporáneamente. Fundó su decisión en numerosos precedentes de esta Corte en los que se dijo que el art. 451 del ritual establece el límite temporal para expresar motivos de casación mientras que en el memorial sólo se pueden mejorar pero no introducir otros nuevos (P. 94.681, 125.741, e.o. -fs. 144/145-).
Por último, descartó la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. con fundamento en que lo decidido no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito tales exigencias (fs. 145/vta.).
2. El Defensor Oficial, Doctor Nicolás Agustín Blanco, en causa P. 127.676, presentó queja en favor de Horacio Daniel González (fs. 46/53).
Tildó de arbitraria la resolución por falta de fundamentación y criticó el apartamiento de la doctrina fijada por la Corte nacional en los fallos “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” (arts. 5, 31, 75 inc. 22, 116, 121, 124 y cc. de la C.N. -fs. 48/vta.-).
Alegó que el carril extraordinario debió concederse pues se planteó con suficiencia y carga técnica la violación del derecho a la revisión de la sentencia de condena y se tachó de arbitrario el modo en que se tuvo por acreditada la participación de su asistido por quebrantar el principio in dubio pro reo (arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5. del P.I.D.C. y P. -fs. 48 vta./49-).
Por otra parte, manifestó que el a quo se excedió y se inmiscuyó en el fondo del reclamo al pretender defender su propia interpretación restrictiva en torno al alcance de su competencia como órgano revisor (art. 486 del C.P.P. -fs. 50/51-).
Puntualizó que frente a las críticas vinculadas a la falta de certeza suficiente para sostener que su defendido fue quien disparó el arma de fuego que produjo la muerte de la víctima de unos de los hechos, por resultar insuficientes los dichos del coimputado Robles y de los testigos Munini, López y Moreno, el órgano revisor las descartó con afirmaciones genéricas y dogmáticas (fs. 51 vta./52 vta.).
Por todo lo expuesto, peticionó que se excepcionen las exigencias del art. 494 del C.P.P. y se conceda el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 52 vta./53).
3. El Defensor Oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, en causa P. 127.692, articuló queja respecto de Daniel Fernando Robles (fs. 149/157 vta.).
Manifestó que contrariamente a lo decido por la Alzada, los agravios constitucionales (arbitrariedad por indebida fundamentación y afectación del derecho de defensa -derecho a ser oído- y debido proceso) se fundaron debidamente y se demostró la relación directa con lo fallado (fs. 151/vta.).
Explicó que la denuncia de arbitrariedad se vinculó con las circunstancias específicas de la causa y se mencionó el perjuicio en concreto, en su apoyo, se remitió a las fs. 74/79 del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 151 vta.).
A continuación, señaló que el Tribunal Intermedio intentó encubrir su propia omisión, excediendo los límites del art. 486 del C.P.P.. Agregó que no corresponde que éste revise si se configuró algunas de las deficiencias del art. 494 del C.P.P. ya que ello pone en riesgo la imparcialidad del jugador (art. 8.1. de la C.A.D.H.) y veda el acceso a la jurisdicción en tiempo útil. En su apoyo, citó jurisprudencia (fs. 152/156).
Por último, explicó que el Tribunal intermedio al desestimar por extemporáneos los planeos en torno a la determinación judicial de la pena, introducidos en la oportunidad prevista por el art. 458 del ritual, incumplió con la garantía de revisión amplia e integral del fallo de condena (art. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5. del P.I.D.C. y P.), en consecuencia, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 451 del citado cuerpo de leyes (fs. 97 vta./98 vta.).
3. En este acápite, se abordarán de modo conjunto ambas presentaciones por contener críticas de índole similar.
Las quejas formalizadas son improcedentes (art. 486 bis del C.P.P.).
Si bien de la reseña efectuada en el punto 1. se advierte que el Tribunal revisor efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites formales del art. 486 del C.P.P. y se inmiscuyó en la fundabilidad de los libelos impugnativos -tal como lo pusieron en evidencia los apelantes-, el juicio negativo debe ser confirmado.
En rigor, el argumento basal por el cual se declaró la inadmisibilidad de ambos remedios impugnativos radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias pues se omitió realizar una crítica razonada y precisa del fallo casatorio que conformó el de primera instancia.
Frente a ello, ninguno de los dos defensores oficiales logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal ya que las técnicas utilizadas por ellos resultan infructuosas:
En efecto, el doctor Blanco reeditó textualmente el tramo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se criticó la valoración de las declaraciones del coimputado Robles y de los testigos Munini, López y Moreno por resultar -a su entender- insuficientes para probar que su defendido haya sido quien disparó el arma que derivó en la muerte de la víctima de autos (fs. 51 vta./52). No obstante, no hizo ningún esfuerzo por evidenciar que tales argumentos configuraran un agravio de cariz federal planteado con la suficiencia y carga técnica necesaria y que trascendiera de una mera opinión discrepante con el modo en que se valoró la prueba en el fallo casatorio (v. sentencia de fs. 100/111, en especial fs. 104/106) confirmatorio del de primera instancia (v. sentencia de mérito a fs. 79 vta./83).
En el mismo yerro incurrió el defensor oficial de Robles al pretender remover la falta de suficiencia y carga técnica de los embates de pretenso carácter constitucional remitiéndose a un tramo de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley en la que se plantearon nulidades procesales con sustento en que la causa penal se impulsó con los dichos de testigos de identidad reservada, circunstancia que -a su entender- derivó en la afectación del derecho de defensa -derecho a ser oído- (art. 18 de la C.N. y 8.2.b., f. y g. de la C.A.D.H.) y derecho al recurso (arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5. del P.I.D.C. y P. -fs. 130/135-). Ahora bien, esta genérica remisión tampoco resulta apta para remover el obstáculo formal vinculado con la falta de carga técnica necesaria (cfe. art. 15 de la ley 48), para más, en línea con el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal de Casación, cabe destacar que la defensa oficial no hizo una crítica concreta de los argumentos en base a los cuales la Alzada -convalidando los argumentos del Tribunal de primera instancia- descartó los planteos de nulidad (v. sentencia de casación a fs. 116/vta. y de primera instancia a fs. 69/70).
En definitiva, ninguno de los quejosos probó de qué manera las garantías constitucionales llevadas en los respectivos carriles extraordinarios de inaplicabilidad de ley se vincularían con lo debatido y resuelto en caso (fs. 69/93 vta.).
En función de lo expuesto, la tacha de arbitrariedad por falta de fundamentación no puede prosperar ya que el juicio de admisibilidad negativo cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de dicho déficit.
Finalmente, la petición de inconstitucionalidad del art. 451 del C.P.P. y la denuncia de quebrantamiento de los derechos de defensa y de revisión amplia de la sentencia de la condena formulada por el defensor oficial Sureda (v. fs. 156/157) tampoco es de recibo. Lo cierto es que la parte, en lugar de controvertir los argumentos expuestos por el órgano intermedio en el examen de admisibilidad negativo y las citas de precedentes de esta Corte que trajo en su apoyo (v. fs. 144/145), se desentendió por completo de lo resuelto y reeditó las críticas llevadas en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, incumpliendo en este tramo de la presentación con el objeto y finalidad del recurso de hecho (cfe. art. 484 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, las quejas interpuestas por los Defensores Oficiales Adjuntos ante el Tribunal de Casación en favor de Horacio Daniel González y Daniel Fernando Robles (art. 486 bis y concs. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia