Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127548
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor particular de Máximo Damián Alberto León Vega (art. 486 bis y conc. del C.P.P. según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales del doctor Oscar Serrano (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 127.548-RQ - “León Vega, Máximo Damián Alberto s/ Recurso de queja en causa n° 71.572 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.-
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.548-RQ, caratulada: “León Vega, Máximo Damián Alberto s/ Recurso de queja en causa n° 71.572 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”
1. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 7 de junio de 2016, declaró la inadmisibilidad de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad presentados por la defensa particular de Máximo Damián Alberto León Vega contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Quilmes que lo condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego (fs. 3/9).
a. En lo que hace a la vía prevista en el art. 494 del C.P.P., indicó que si bien se cumplió con el monto de la pena, no se abastecieron las restantes exigencias normativas. De seguido, recordó que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas (cfe. doct. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional -fs. 5).
En dicho marco, estimó que los agravios de pretensa índole constitucional se desentendieron de lo efectivamente fallado y no evidenciaron arbitrariedad ni falta de fundamentación. Destacó que la parte reeditó los argumentos vertidos en el recurso de casación y expuso un mero criterio divergente con la valoración de la prueba (fs. 6).
De seguido, manifestó que se realizó un exhaustivo tratamiento del material cargoso y se resolvió que el Tribunal de mérito no había incurrido en arbitrariedad (fs. cit.).
Concluyó que no se demostró por qué motivos el razonamiento efectuado por ambos sentenciantes no resultaba una derivación razonada del derecho vigente atento los hechos ventilados en la causa ni la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales supuestamente vulneradas (fs. 6/vta.).
b. En lo que atañe al remedio extraordinario de nulidad, recordó las causales propias del art. 491 y manifestó que a pesar de que la parte citó el art. 168 de la Constitución provincial, ninguna de las críticas encuadra en los supuestos previstos por dichas normas (fs. 7/8).
Destacó que la tacha de arbitrariedad y la referencia genérica a la conculcación de derechos consagrados en la C.N. y Tratados Internacionales reafirma que la vía intentada no se estructuró de acuerdo lo prescripto por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (fs. 8).
2. El defensor particular, doctor Oscar Serrano, presentó queja (fs. 30/37).
Alegó que el a quo excedió los límites impuestos por el art. 486 del C.P.P. y afectó el principio de imparcialidad al intentar defender su propia sentencia (fs. 31 vta./35vta.).
Explicó que se quebrantaron las garantías de defensa en juicio y debido proceso al utilizarse una autopsia “errónea y falaz” para fundar la materialidad ilícita y la autoría de su asistido (fs. 34 vta./35 vta.).
Luego, denunció que se omitió tratar el pedido de nulidad de la primera autopsia, fundado en lo expuesto por la nueva Junta Médica durante el debate, circunstancia que quebrantó garantías constitucionales (fs. 35 vta.).
Consideró que la condena se sostuvo en base a una autopsia nula sin que se advierte de qué manera los restantes elementos de convicción configuraron prueba útil para condenar a su asistido (fs. 36).
Por todo lo expuesto, entendió que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debió concederse ya que se cumplieron las exigencias de los arts. 484 y 494 del C.P.P. pues se cuestionó la inobservancia de la ley sustantiva al denunciarse la violación del art. 18 de la C.N. y del 119 del C.P. (fs. 36 vta.)
3. La queja es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
De modo preliminar, resulta pertinente aclarar que únicamente se abordará la parcela de la resolución que declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tanto la defensa particular dejó incontrovertido el tramo en el que se desestimó el remedio extraordinario de nulidad.
Sentado lo anterior, si bien de la reseña efectuada en el punto 1. surge que el Tribunal revisor efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites formales del art. 486 del C.P.P. y se inmiscuyó en la fundabilidad de la presentación -tal como lo puso en evidencia el apelante-, el juicio negativo debe ser confirmado.
En rigor, el argumento basal por el cual se declaró la inadmisibilidad radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias porque se omitió realizar una crítica razonada y precisa del fallo casatorio que confirmó el de primera instancia.
Frente a ello, el quejoso no logró remover de manera eficaz dicho obstáculo formal. En efecto, utilizó una técnica infructuosa ya que se limitó a reeditar las críticas llevadas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 11/21) referidas a la valoración de la prueba -haciendo especial referencia a la nulidad de la autopsia- sin hacer ningún esfuerzo por evidenciar que tales argumentos trascendieran una mera opinión discrepante con el temperamento adoptado por el Tribunal de Casación Penal (v. sentencia a fs. 23/28) y configuraran un agravio de cariz federal planteado con la suficiencia necesaria y relacionado directa e inmediatamente con lo debatido y resuelto en el caso (cfe. arts. 14 y 15 de la ley 48).
Finalmente, resulta pertinente aclarar que la afirmación relativa a que los recaudos del art. 494 del C.P. se cumplieron ya que se denunció la inobservancia del art. 18 de la C.N. y 119 del C.P. tampoco puede prosperar (fs. 36 vta.). Por un lado, el art. 18 cit. no encaja dentro de las causales propias del art. 494 cit. sino que en, su caso, podría haber tenido acogida favorable si se hubiera desarrollado con la suficiencia debida, situación que -como se explicó en los párrafos precedentes- no acontece en el presente. Por otra parte, si bien el art. 119 del C.P. encuadra dentro del concepto de ley sustantiva, dicha norma no fue puesta en crisis por la defensa oficial en el remedio extraordinario desestimado, para más, no guarda ninguna relación con las constancias de la causa pues León Vega fue condenado únicamente por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor particular de Máximo Damián Alberto León Vega (art. 486 bis y conc. del C.P.P. según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales del doctor Oscar Serrano (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia