Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128091
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación (art. 486 bis, CPP).
2Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 494 y ccds. del CPP).
La Plata, 29 de agosto de 2017.-
La presente causa P. 128.091-RQ caratulada: “Ojeda, Sergio Emanuel s/ Recurso de queja en causa n° 71.216 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 4 de agosto de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la entonces defensora particular de Sergio Emanuel Ojeda contra el pronunciamiento de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de La Matanza que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (fs. 57/60).
Para arribar a esa decisión, afirmó que la impugnación carece de motivación suficiente y, en rigor, cuestiona tópicos de índole procesal (arts. 484 y 495, CPP; fs. 58/vta.).
De seguido, explicó que la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba se sustenta en argumentos dogmáticos que no se hicieron cargo de los fundamentos del fallo en crisis los que quedaron incontrovertidos, en su apoyo, se remitió a tramos de la sentencia (fs. 58 vta.).
En lo que concierne al agravio vinculado con la determinación de la pena, sostuvo que no se indicó en qué habría consistido la violación legal argüida frente a lo legislado por el art. 80 del CP ni cómo se habría vulnerado el principio de reformatio in mellius “visto lo analizado por la Sala a fs. 73, punto V”. Asimismo, señaló que tampoco se expusieron las razones por las cuales en el caso concreto la pena resultaría supresora de la personalidad del imputado (fs. 58 vta./59).
A continuación, destacó que se “controló la motivación del fallo del tribunal de juicio, al repasar los argumentos expuestos en el veredicto y sentencia de origen y así desechar los planteos del recurrente, análogos a los que trae aquí y que como fuera dicho, resultan ser una mera discrepancia con la valoración de la prueba” (fs. 59).
Concluyó que no se patentizó la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas, la alegada arbitrariedad, y lo debatido y resuelto en el caso por lo que “lucen indemostradas las violaciones constitucionales esgrimidas” (fs. 60).
2. Frente a tal decisión, el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación, Doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó queja (fs. 80/85).
En primer lugar, en lo que hace a la denuncia de arbitrariedad en la calificación legal, recordó los planteos oportunamente desarrollados en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (arbitrariedad en la valoración de la prueba ya que la condena se sustentó en los dichos familiares y amigos de la víctima y se descartó la versión de Lugo quien negó la participación del encausado en el hecho; arbitrariedad en la calificación legal porque a su entender no se acreditó la existencia de un plan previo entre los supuesto partícipes para dar muerte a Mansilla, la víctima de autos -fs. 82 vta./83 vta.-).
Como segundo punto, en lo que atañe a la tacha de arbitrariedad en la individualización de la pena vinculada con el quebrantamiento de los principios de culpabilidad y proporcionalidad, indicó que si bien la Alzada descartó la aplicación del art. 41 bis del CP, luego desestimó el agravio de la defensa por considerar que resultaba meramente académico. A su vez, manifestó que la solicitud de inconstitucionalidad de la pena perpetua fue rechazada con remisión a un tramo de la sentencia confirmatoria de la de primera instancia (fs. 83 vta./84).
Por todo lo expuesto, sostuvo que no resulta adecuado que el Tribunal que resuelve la sentencia en crisis sea, al mismo tiempo, el que analiza si incurrió en la deficiencias del art. 494 del ritual, tarea ésta reservada al órgano superior. En su apoyo, citó la causa P. 85.977 y concluyó que al decretarse la inadmisibilidad del carril en cuestión se quebrantó la garantía prevista en el art. 8.2.h. de la CADH y 14.5. del PIDC y P (fs. 84/vta.).
3. Al límite de la suficiencia, la queja es procedente en tanto el Tribunal de Casación Penal se excedió en el examen de admisibilidad (cfe. doct. arts. 486 y 486 bis, CPP).
Si bien en el recurso de hecho, en términos generales, se reprodujeron las críticas llevadas en el remedio extraordinario de inaplicabilidad -extremo ajeno al objeto y finalidad de la impugnación en análisis (arts. 484 y 486 bis, CPP)-, lo cierto es que en el tramo final de la presentación la defensa oficial, acertadamente, advirtió que el Tribunal de Casación no puede resolver si éste incurrió en alguna de las deficiencias enunciadas en el art. 494 del CPP pues ello debe determinarlo esta Corte.
En efecto, del punto 1. del presente, surge que la Alzada realizó consideraciones que sólo esta Corte como tribunal del recurso está habilitada a efectuar en la etapa de admisibilidad y, más aún, en algunos tramos del decisorio ingresó en la procedencia del reclamo al decir que “el recurso incumpl[ió] con la carga de motivación suficiente impuesta por los arts. 484 y 485 del rito”, que la parte “no acredit[ó] la denuncia de arbitrariedad” (fs. 58 vta./59) y que “lucen indemostradas las violaciones constitucionales esgrimidas” (fs. 60), entre otras.
En rigor, el sentenciante debió limitarse a examinar si los tópicos de pretenso cariz federal (arbitrariedad en la valoración de la pena y en la individualización de la pena) se habían desarrollado con la suficiencia y carga técnica necesaria para superar la etapa de admisibilidad (arts. 14 y 15 de la ley 48).
En función de lo expuesto, y teniendo en especial consideración el alcance del recurso de queja, corresponde a este Tribunal asumir competencia positiva y realizar el juico de admisibilidad.
4. Cabe recordar que el art. 494 del CPP establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo podrá interponerse contra la sentencia definitiva que, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella, revoque una absolución o imponga una pena de reclusión o prisión superior a diez años.
En el caso, si bien se cumplió con la exigencia del monto de la pena, no acontece lo mismo con los restantes recaudos de la citada norma.
Sin embargo, esta Corte tiene dicho que, aun cuando no estén satisfechos los requisitos de admisibilidad propios de la vía impugnativa intentada (art. 494 cit.), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes “Strada” (Fallos: 308:490), “Di Mascio” (Fallos: 311:2478) y “Christou” (Fallos: 310:324), entre otros (conf. doct. Ac. 80.570, res. del 17/VII/2003; Ac. 87.203, res. del 22/IX/2004; Ac. 96.735, res. del 24/V/2006; Ac. 101.238, 5/XII/2007, entre otros).
a. En dicho marco, la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba, vinculada con las contradicciones de los testigos de cargo, el apartamiento de los dichos de Lugo que supuestamente demostraba la inocencia de Ojeda y la falta de acreditación de un plan previo para dar muerte a la víctima de autos (fs. 46 vta./49 vta.), no puede tener acogida favorable ya que no cuanta con la suficiencia y carga técnica para excepcionar los recaudos formales del art. 494 cit..
En efecto, la parte reeditó lo expuesto en el recurso de casación (fs. 16/29) y no se hizo cargo de la respuesta que frente a idénticos planteos había brindado el Tribunal de Casación Penal (v. sentencia a fs. 30/39, en especial, fs. 32 vta/37 vta.). En definitiva, las críticas no guardan relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
b. Igual suerte corresponde al tramo del recurso relativo a la arbitrariedad en la individualización de la pena.
En este punto, resulta preciso aclarar que si bien en la queja y en el juico de admisibilidad negativo se dijo que la defensa había peticionado la inconstitucionalidad de las penas perpetuas, de la lectura del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley no surge de modo categórico que la recurrente lo haya requerido (v. fs. 42/54 vta.).
Más allá de lo indicado en el párrafo anterior, aun para el caso de entender que la defensa solicitó la inconstitucionalidad de las penas perpetuas, dicho agravio resultaría inadmisible por extemporáneo en tanto no fue llevado en la primer oportunidad posible (aunque no se acompañó el acta de debate para constatar que se hubiera peticionado en los alegatos, este tópico no fue abordado por la sentencia del Tribunal de mérito -fs. 1/11-; tampoco se planteó en el recurso de casación -fs. 16/26, en especial fs. 23/25 vta.- y, en consecuencia, nada se dijo en el fallo casaotorio) de ahí que resulta producto de una reflexión tardía (cfe. doct. P. 120.349, res. del 23/IX/2015; P. 116.761, res. del 18/XII/2013; P. 111.276, res. del 5/XII/2012; P. 111.276, res. del 5/XII/2012; P. 111.472, res. del 31/X/2012, e.o.).
Sentado lo anterior, en lo que hace a la denuncia de arbitrariedad en la determinación de la pena por quebrantar los principios de culpabilidad y proporcionalidad, la parte nuevamente reeditó lo oportunamente llevado en el libelo casatorio sin controvertir los motivos por los cuales el Tribunal de Casación no hizo lugar a idéntico embate (v. sentencia a fs. 38). En suma, una vez más, no se evidenció la relación directa e inmediata entre las críticas de pretensa índole federal con lo debatido y resuelto en el caso (arts. 14 y 15 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación (art. 486 bis, CPP).
2. Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 494 y ccds. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia