Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129027
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la defensa técnica de Víctor Eduardo Molina; con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales del doctor Aquilino José Giacomelli por la labor desempeñada ante ésta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
La Plata, 11 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 129.027-RQ, caratulada: “Molina, Víctor Eduardo s/ Recurso de queja en causa N° 71.338 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI”,
I. Conforme surge de las piezas aportadas por la parte, la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de marzo de 2017, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese órgano que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino que había condenado a Víctor Eduardo Molina a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo calificado por uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego de uso civil (fs. 7/9).
II. Frente a ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Aquilino José Giacomelli, articuló recurso de queja (fs. 11/13).
Refirió que el auto impugnado no tuvo en cuenta las arbitrariedades y erróneo análisis de la prueba obrante en la causa, tanto la incorporada por lectura como la producida en la audiencia de debate, lo que conlleva a una inevitable errónea aplicación de la ley sustantiva.
Expuso que del recurso extraordinario surge clara la cuestión federal planteada en cuanto a la violación a las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio, en tanto la sentencia dictada “se basa solamente en la arbitrariedad de los señores jueces”. En dicho marco, adujo que se había dicho que los integrantes de la Sala VI no han tenido en cuenta que de la prueba colectada en autos “no existe motivo y/o fundamento para no aplicar el mínimo de la escala penal del delito imputado”, toda vez que su defendido ha expresado su arrepentimiento respecto al hecho por el cual ha sido sometido a juzgamiento y su verdadera intención de querer cambiar y modificar sus hábitos de vid; como así también las circunstancias del hecho que no revisten mayor gravedad; y que sólo mencionó como agravante un dato meramente subjetivo –informe vecinal-(fs. 11 vta.).
Finalmente, aludió a lo dicho por el a quo respecto a que en este tipo de delitos la versión de las víctimas resulta ser una de las pruebas más trascendentes de su comisión (fs. 12).
III. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurrente se desentendió de los argumentos expuestos por el Tribunal intermedio para declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
1. En efecto, el Tribunal de Casación, luego de aludir a lo normado por el artículo 494 del Código Procesal Penal, observó que en el sub judice no se hallaba abastecido el requisito vinculado al monto de la pena.
De seguido, puntualizó que si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales (cfe. “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”), la admisibilidad del reclamo no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza. Sobre el punto, señaló que tal situación no se patentiza en la especie pues el reclamo “se desentiende de lo efectivamente resuelto por e[s]e Tribunal, precisamente porque e[s]a Magistratura dio acabada respuesta al planteamiento que oportunamente efectuara la parte en su recurso de casación, explicando los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de base para sustentar la decisión” (fs. 7 vta./8).
En virtud de ello, consideró que la parte no consiguió demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estima comprometidas.
Recordó que la arbitrariedad reviste carácter excepcional y que no constituye una tercera instancia para las simples discrepancias del impugnante.
Concluyó que el intento del recurrente “no constituye una crítica concreta y razonada de los argumentos en que és[a] Sala sustentó el fallo impugnado por lo que el recurso carece en este tramo de fundamentación autónoma”.
2. De lo reseñado se advierte que el quejoso se limitó a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios y a reeditar los planteos llevados a conocimiento de la instancia anterior.
En definitiva, no removió los obstáculos formales en base a los cuales el a quo desestimó el recurso en cuestión, dejando incontrovertido su fundamento.
De este modo, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado (cfr. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la defensa técnica de Víctor Eduardo Molina; con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales del doctor Aquilino José Giacomelli por la labor desempeñada ante ésta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia