Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128342
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Martín Enrique Zamora, con costas (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 18 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 128.342-RQ, caratulada: “Zamora, Martín Enrique s/ Recurso de queja, en causa n° 71.697 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Martín Enrique Zamora, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 8 de Lomas de Zamora que, en el marco de un proceso abreviado, lo había condenado a la pena de tres años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de portación ilegítima de arma de guerra y abuso de arma, en concurso real (fs. 42/44).
II. Frente a ello, el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- articuló recurso de queja (fs. 47/50 vta.).
En primer lugar, alegó el cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma y reseñó los antecedentes del caso (fs. 47/48 vta.).
Con respecto a la fundabilidad del reclamo, transcribió -parcialmente- la respuesta brindada en la sede intermedia y señaló que en el carril extraordinario local se denunció la arbitrariedad del fallo casatorio por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte federal, en clara afectación de la defensa en juicio -derecho a ser oído- y del debido proceso (fs. 48 vta.).
Entendió que el órgano a quo “no realizó una revisión amplia e integral de la sentencia de condena” (fs. 49).
De seguido, sostuvo la presencia de un planteo federal en su ensayo que debió ser abordado por este Cuerpo, conforme la doctrina sentada por la CSJN in re “Strada” y “Di Mascio”. En ese discurrir, expuso que el a quo , con su competencia material abierta, se apartó de tales lineamientos en relación al modo en que debe realizarse la revisión de la sentencia de condena, con mención de los arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDC y P (fs. cit. y vta.).
Agregó a su postura que el Tribunal de Casación “no [hizo] más que encubrir su propia omisión”, y trajo a colación lo resuelto en la causa P. 85.977. Así, esgrimió que deviene inadecuado que el propio órgano revisor sea quien analice si se incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del CPP, situación que -desde su óptica- involucra la cuestión sobre imparcialidad judicial. Al efecto, citó varios precedentes de la CIDH (fs. cit./50).
Como colofón, arguyó que se vedó el derecho de su defendido al acceso a la jurisdicción en tiempo útil, por lo que requirió la intervención de éste alto Tribunal a los fines de evitar la desnaturalización del instituto (fs. 50 vta.).
III. La queja formalizada no prospera en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado.
En efecto, el órgano casatorio no encontró abastecidos los presupuestos de recurribilidad del art. 494 del digesto adjetivo, en tanto Zamora fue condenado a una pena inferior al monto allí exigido y los agravios formulados en la impugnación no presentan una denuncia concreta de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal referida a ella (fs. 43).
A continuación, a tenor de la cuestión de naturaleza federal invocada por la parte, observó que sus referencias “no se hallan presentadas con un específico desarrollo que, con la suficiencia y carga técnica necesarias y en relación a las circunstancias comprobadas de la causa, sea capaz de sortear los recaudos objetivos inexistentes a fin de habilitar la instancia extraordinaria pretendida” (fs. cit.).
En ese raciocinio, juzgó que, en rigor, el recurrente propuso “denuncias correspondientes a cuestiones de prueba y a la interpretación y aplicación de normas de derecho procesal y local que denotan que, en el caso, no se encuentra involucrado de manera directa e inmediata un embate del cariz prealudido” (fs. cit. vta.).
Por otra parte, en punto a la vulneración al derecho a la revisión integral del decisorio, indicó que “a poco que se observe la cuestión planteada -y en el limitado marco de la verificación de la admisibilidad que se encomienda a e[s]e Tribunal intermedio-, (…) el derecho a obtener la revisión integral de la sentencia de condena es precisamente el que la parte ejerció con su recurso de casación”, y citó lo resuelto por este Cuerpo en causa P. 125.464 (fs. cit.).
IV. De todo lo expuesto se advierte que la vía de hecho intentada no controvirtió de modo eficaz los fundamentos de la resolución en crisis, en tanto el recurrente limitó sus esfuerzos en reeditar los planteos expuestos en el carril extraordinario local desestimado (v. fs. 64/67 vta.).
Desde otro andarivel, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la CADH) no prospera en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Martín Enrique Zamora, con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia