Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128315
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Juan José Daniel Medero Suárez, con costas (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 1 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 128.315-RQ, caratulada: "Medero Suárez, Juan José Daniel s/ Recurso de queja en causa N° 71.276 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado el 16 de junio de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que -denegando el recurso de casación- confirmó lo resuelto por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Lomas de Zamora que condenó a Juan José Daniel Medero Suárez a la pena de diez años de prisión y costas, por reprocharle la autoría del delito de homicidio (v. fs. 60/66).
II. Contra lo así fallado, el señor defensor oficial Adjunto ante el mencionado órgano, doctor José María Hernández, articuló recurso de queja en los términos del art. 486 bis , Código Procesal Penal (v. fs. 70/81).
En primer lugar, efectuó un pormenorizado desarrollo de los antecedentes del caso (v. fs. 69 vta./76). A continuación, afirmó que el recurso extraordinario fue erróneamente desestimado, toda vez que -a pesar de no reunir el monto punitivo exigido- resulta aplicable al presente la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos "Strada", "Di Mascio" y "Christou". Adunó que lo así decidido importa una negación de la competencia apelada de la Corte provincial, que priva a este Tribunal de velar por la supremacía de la Constitución nacional y el bloque federal -arts. 5 y 31 de la C.N.- (v. fs. 76 y vta.).
De seguido, tachó de arbitraria la decisión en crisis por aparente fundamentación "mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas" (fs. 76 vta.).
Explicó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal, pues los agravios postulados en el remedio local revestían carácter federal -vulneración del derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, al in dubio pro reo y la defensa en juicio-, que la misma había sido oportunamente planteada, que se encontraba acreditada su relación directa e inmediata con la solución del caso, y que el gravamen era actual (v. fs. cit./77).
Coligió en que resulta aplicable la doctrina de los fallos citados, debiendo dejarse de lado o declarar la inconstitucionalidad del límite que en razón del monto y la materia trae el art. 494 del Código Procesal Penal, a fin de tutelar el derecho del doble conforme prealudido (v. fs. 77 vta./78).
Agregó que el órgano, no sólo negó la concurrencia de los requisitos a tenor de la doctrina de cita, sino que formuló consideraciones dogmáticas inaplicables al caso (v. fs. 78 in fine ).
Entendió, asimismo, que el auto denegatorio incurrió en exceso al ingresar -impropiamente- en aspectos que rebasan las facultades conferidas por el art. 486 del código de rito (v. fs. 78 vta.). Denunció que se desnaturalizó la manda del art. 486 del Código Procesal Penal, al haber utilizado el control de admisibilidad para realizar una defensa de su propio decisorio. Reforzó lo expuesto con citas de precedentes de esta Suprema Corte y doctrina (v. fs. cit./78).
Adunó que el órgano casacional le reprochó, además, la falta de relación directa de las cuestiones federales denunciadas con la solución del caso (v. fs. 79). Advirtió que no aprecia qué otra fundamentación podría portar la vía rechazada, y repasó lo llevado. Señaló que no sólo tenía la fundamentación mínima requerida para su admisibilidad, sino que también demostraba su procedencia y la vinculación entre la declaración de las infracciones constitucionales denunciadas y su consecuencia directa (v. fs. 79 y vta.).
Discrepó respecto a la falta de fundamentación del carril. Explicó que el órgano no se expidió respecto a lo llevado a su conocimiento. Desde dicha óptica, ancló la infracción al in dubio pro reo en la ratificación de lo fallado por la instancia de mérito en punto a la autoría de Medero Suárez, a pesar de la ausencia de prueba objetiva. Agregó que en el remedio extraordinario se denunció el tránsito meramente aparente, en frustración al doble conforme, y confrontó con la divergencia que el reprochó el auto adverso (v. fs. 79 vta.).
Para concluir, alegó que no se garantizó el derecho a la doble instancia, pues el órgano revisor se limitó a estudiar la prueba a la luz de la restrictiva doctrina del absurdo valorativo. Reiteró la tacha de arbitrariedad y peticionó que se haga lugar a la queja y se declare admisible el remedio denegado (v. fs. 80 y vta.).
III. La queja es improcedente en atención a que el remedio fue bien denegado por el a quo (art. 486 bis, CPP).
1. El Tribunal de Casación, halló ausentes las exigencias rituales de la vía -art. 494, CPP- (v. fs. 61). De seguido, identificó que la parte intentó sortear dicha limitación agraviándose de una aparente revisión de la sentencia de condena (v. fs. cit. in fine ). No obstante, razonó que desconoce "o hace caso omiso a lo resuelto", esgrimiendo una opinión discrepante, y reeditando agravios. Reforzó lo expuesto con cita del precedente P.112.218 (v. fs. 61 vta.). Concluyó en la falta de aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que en el caso se encuentren involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales. Bajo dicho marco, trajo a colación lo fallado en P.108.624 (v. fs. 62).
A continuación, expuso que si bien el absurdo o la arbitrariedad podrían sortear el valladar de la norma ritual, lo cierto es que no resultan eficaces. Explicó que, bajo un pretendido ropaje federal, sus planteos se vinculan con cuestiones de orden probatorio y derecho procesal, expresando la parte una esquemática oposición al criterio expuesto por el tribunal el recurso. Ello, a partir del criterio sentado en P. 106.222 de esta Corte, entre otros (v. fs. 62 vta./63).
Finalmente, descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal, en tanto -conforme lo fallado- el valladar ritual no se erigió como un obstáculo para la admisibilidad de la vía (v. fs. 64).
2. Frente a ello, la defensa dirigió sus esfuerzos a reiterar los cuestionamientos llevados en la vía extraordinaria, y aseverar que revisten entidad para ser tratados, lo que no logra contrarrestar la falta de aptitud del planteo federal cimentado -por un lado- en que la parte no logró demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que alega infraccionadas y lo debatido y resuelto; y -por otro- en la discrepancia con el análisis probatorio.
3. De lo expuesto se advierte que el auto impugnado cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha de arbitrariedad esgrimida por la parte.
4. Resta agregar que la denuncia de exceso en confronte con las facultades conferidas por el art. 486 del Código Procesal Penal -v. fs. 78 vta.-, tampoco es de recibo. Pues, tiene dicho esta Suprema Corte que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP -según ley 14.647-; P. 125.506, res. del 3-VI-2015; P. 126.907, resol. de 19-X-2016; P. 128.408, resol. de 12-VII-2017; e.o.). En definitiva, en contra del reproche efectuado por la parte, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
5. Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal no puede prosperar, en tanto -conforme lo especificó el auto adverso- dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por el Tribunal de Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Juan José Daniel Medero Suárez, con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia