Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127928 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Matías Enrique Ramos y Maximiliano José Ramos, con costas (art. 486 bis y conc. del CPP según ley 14.647).
///Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 127.928-RQ, caratulada: “Ramos, Matías Enrique y Ramos, Maximiliano José s/ Recurso de queja en causa N° 71.998 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”;
1. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de abril de 2016, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por el Defensor Oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 10 de Lomas de Zamora, que condenó a Matías Enrique Ramos a la pena de ocho años y diez meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego y violación de domicilio, en concurso real; y a Maximiliano José Ramos a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego, violación de domicilio y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, agravada por registrar el autor antecedentes penales por un delito doloso con el uso de armas, en concurso real.
En consecuencia, condenó a Matías Enrique Ramos a siete años y diez meses de prisión, accesorias legales, costas de primera instancia y declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego y violación de domicilio, en concurso real; y a Maximiliano José Ramos a ocho años de prisión, accesorias legales, costas de primera instancia y declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego, violación de domicilio y portación ilegal de arma de fuego de guerra, agravada por registrar el autor antecedentes penales por un delito doloso con el uso de armas, en concurso real (fs. 28/36 en relación a fs.8/39 vta.).
2. Contra ello, el Defensor Oficial Adjunto ante aquella instancia Dr. Ignacio Juan Domingo Nolfi dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Matías Enrique Ramos y de Maximiliano José Ramos (fs. 78/86 vta.), el que declarado inadmisible (fs. 87/89 vta.), motivó la interposición de queja ante esta instancia en los términos del art. 486 bis del CPP (Ley 14.647) (fs. 93/99 vta.).
Luego de efectuar una reseña de los antecedentes relevantes del caso (fs. 93 vta.94 vta.), afirmó que el recurso local fue erróneamente desestimado (fs. 95).
En primer lugar, destacó que si bien resultó cierto que en el caso no se encuentran reunidos los recaudos que habilitan la competencia de esta Corte en los términos del art. 494 del ceremonial, resulta aplicable la doctrina federal sentada en los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”. Agregó que contrariando esos pronunciamientos, la decisión del a quo importó una negación de dicha competencia (fs. 95 vta.).
Además, tachó de arbitrario el fallo por cuanto estuvo fundado de modo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que obstruyen la jurisdicción de esta Corte (fs. 96).
En el sentido señalado, insistió con el carácter federal de los agravios que fueron llevados en el recurso extraordinario, los cuales consistieron en que “…el Tribunal de Casación: 1) incumplió el derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de la pena recaída (arts. 18 y 75 C.N., 8.1 C.A.D.H.); 2) que impuso una pena que puede no tender a la resocialización a la que está obligado el estado argentino (art. 5.6 C.A.D.H.) […]; lo que a la vez import[ó], 3) el dictado de una pena arbitraria (arts. 1, 18 y 33 C.N.) por prescindencia de las circunstancias fácticas sobre las que deb[ió] asentarse” (fs. cit.).
Puso de relieve que la cuestión federal fue oportunamente planteada, y si bien reconoció que el planteo es originario en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, señaló que ello se debe ”a que se consagró de manera originaria con la sentencia casatoria” (fs. cit.).
También señaló la actualidad del agravio, y refirió que el auto denegatorio descartó erróneamente la existencia de relación directa e inmediata de la cuestión federal y el pronunciamiento recurrido. Afirmó que en el recurso local no se analizó la infracción a las garantías constitucionales, sino que -por el contrario- el a quo se limitó a decir que la omisión de visu era “procedimental”, cuando -en realidad- “no e[ra] otra cosa que el presupuesto fáctico de los planteos federales presentados” (fs. 96 vta. y 97).
De seguido, afirmó que “[c]on transcripción expresa de ‘Pin’ y su remisión a los considerandos 18 y 19 de ‘Maldonado’ […], se demostró que el visu del imputado antes de fijar pena integra el derecho a ser oído que deriva del art. 18 C.N. y del 8.1 de la C.A.D.H.”, y que “su existencia y extensión no dependen de una regla expresa como la del artículo 41 inc. 2° del Código Penal […] es ‘directamente reglamentaria’ ” (fs. 97), indicó que en el recurso que se intentó no se debatía la inaplicación o infracción a dicha normativa local, sino el derecho de rango supremo que tiene el imputado a ser oído, y, en ese punto, se demostró con la más precisa de las herramientas “un caso exactamente igual, fallado por la Corte Federal, en la que ésta -como máximo intérprete de la Constitución nacional- atribuyó a la omisión del visu del imputado el carácter de infracción al derecho a ser oído.” (fs. 97 vta.).
Además, sostuvo que el gravamen es claro pues el derecho federal en juego -a ser oído- ha sido lisa y llanamente suprimido en la instancia de mensura de la pena; en esta línea de pensamiento refirió que la decisión del Tribunal de Casación fue de no reenviar y dictar pena sin oír al imputado (fs. cit. y 98 vta.).
Solicitó en atención al límite de monto de pena y de limitación en razón de la materia que impone el art. 494 C.P.P., su inaplicación o bien la declaración de inconstitucionalidad del mismo a fin de tutelar los derechos de rango supremo, convencionalmente reconocidos, al doble conforme -arts. 75 inc. 22 CN y 8.2 h CADH y 14.5 PIDCyP- (fs. 99).
Por todo lo expuesto, solicitó que se declare procedente la queja interpuesta y admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 99 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado por la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis del CPP).
a. De la lectura del decisorio impugnado surge que el Tribunal intermedio, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del C.P.P., indicó que -en autos- si bien el monto de pena no supera las limitaciones objetivas que prevé dicha norma “la admisibilidad del reclamo no se satisface con la mera invocación de una cuestión federal, sino que será menester su correcto planteamiento, pues sólo así la Corte se encontraría obligada a abordarla según los precedentes” de la Corte Federal “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” (fs. 88vta. y 89).
De seguido, afirmó que “ni al momento de interponerse el recurso, ni al presentar el memorial, la defensa peticionó ante la Sala la realización de la audiencia que ahora denuncia omitida, ni tampoco alegó sobre su esencialidad” (fs. 89).
Adunó a lo expuesto que “el supuesto déficit en el procedimiento anterior a la sentencia, que se vincula con cuestiones típicamente procesales, no evidencia adecuadamente el compromiso directo de garantías constitucionales que imponga su abordaje en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que trae a colación “Maldonado”, a lo que se suma que la ausencia de señalamiento de un concreto gravamen conduce a la ineficacia de la pretensión, en tanto indica los perjuicios que conllevaría la omisión de haber convocado al procesado ante este órgano en los términos del artículo 41 inciso segundo, última parte del Código Penal” (fs. cit.).
b. Tal cual surge de la reseña efectuada, el “a quo” desestimó el carril extraordinario por estimar que la defensa no puso de relieve, con la suficiencia y carga técnica necesaria, el compromiso directo de las garantías constitucionales que arguye vulneradas (violación de los arts. 18 de la CN, 8.1. y 5.6. de la CADH).
Frente a ello, la defensa no logró remover con eficacia dicho obstáculo formal en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 78/86 vta.).
c. Por otra parte, la tacha de arbitrariedad por apartamiento de los fallos del Máximo Tribunal nacional tampoco es de recibo. Ello en tanto la parte la parte no evidenció de qué manera los precedentes jurisprudenciales citados (v. fs. 89), en especial “Maldonado”, resultarían aplicables al caso a pesar de las notorias diferencias causídicas entre aquéllos y el presente.
d. Finalmente, huelga poner de resalto que el temperamento adoptado por el a quo se corresponde con el criterio fijado por esta Corte en numerosos precedentes similares al sub lite (cfe. P. 110.459, resol. del 4/IV/2012; P. 109.331, resol. del 9/XII/2010, P. 109.001, resol. del 26/X/2010, P. 109.618, resol. del 2/VII/2010; P. 112.060, resol. del 12/XII/2012; P. 115.615, resol. del 3/VII/2013; P. 122.167, resol. del 17/XII/2014; P. 125.701, resol. del 15/VII/2015; P. 126.061, resol. del 11/XI/2015; P. 122.488, resol. del 6/IV/2016; P. 126.742, resol. del 1/VI/2016; P. 126.910, resol. del 22/VI/2016; P. 126.868, resol. del 13/VII/2016; P. 122.255, resol. del 21/IX/2016; P. 123.519, resol. del 5/X/2016; P. 122.853, resol. del 26/X/2016; P. 123.935, resol. del 30/XI/2016; P. 124.797, resol. del 21/XII/2016; e.o.).
4. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Matías Enrique Ramos y Maximiliano José Ramos, con costas (art. 486 bis y conc. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia