Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128140 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
“PORRO, PAULO OSCAR S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 71.790 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III”.
///Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.140 RQ, caratulada: “Porro, Paulo Oscar s/ Recurso de queja en causa n° 71.790 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 9 de agosto de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Paulo Oscar Porro contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Quilmes que lo condenó a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y autor de tenencia ilegal de arma de guerra (fs. 77/80 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que si bien se cumplió con el recaudo del monto de la pena del art. 494 del CPP, sin embargo, los agravios se vinculan con tópicos de índole federal que no abastecen la carga de motivación de los arts. 484 y 495 del citado cuerpo de leyes (fs. 78 vta.).
Puntualizó que las denuncias de violación a la garantías de doble conforme, revisión amplia, presunción de inocencia y derecho de defensa, en rigor, no abordaron los argumentos expuestos en la sentencia confirmatoria de la de primera instancia (fs. 78 vta./79).
De seguido, aseveró que la parte se limitó a reeditar lo expuesto en el recurso de casación y propuso una particular interpretación de la prueba aunque sin dar cuenta de los motivos por los cuales el fallo en crisis resultaría meramente formal. En función de ello, estimó que la supuesta violación de la garantía de doble conforme quedó huérfana de sustento argumental (fs. 79).
Por último, trajo a colación precedentes de esta Corte y señaló que no se demostró la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso. A su vez, citó precedentes en los que este Tribunal descartó el planteo de infracción al principio in dubio pro reo (fs. 79 vta./80).
2. El Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, Doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso queja (fs. 81/92).
Denunció que la Alzada excedió el control de admisibilidad y se pronunció sobre el fondo del asunto, desnaturalizando el art. 486 del CPP (t.o. según ley 14.647). Asimismo, explicó que no resulta adecuado que el Tribunal que resuelve la sentencia en crisis sea quien analice si ha incurrido en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del CPP (violación del derecho al recurso, presunción de inocencia e in dubio pro reo -fs. 86 vta./88 vta.-).
En subsidio, alegó que el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley se fundó de modo suficiente. Puntualizó que la prueba de descargo, en particular, los dichos de Pereyra y la mendacidad de Parra, no permiten concluir que Porro haya sido una de las personas que corrieron a la víctima. Concluyó que no existe certeza necesaria para sostener la coautoría de su asistido en el hecho y que no debió restarse credibilidad a la testimonial de Pereyra por el sólo hecho de haber sido incorporada por lectura (fs. 89 vta./92).
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis, CPP).
Si bien es cierto que el a quo efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites del art. 486 del C.P.P., sin embargo, el argumento basal que le dio sustento al juicio de admisibilidad negativo radica en la falta de carga técnica de los agravios de pretensa índole federal por no trascender de un mero criterio discrepante con lo fallado.
Sentado lo anterior, el planteo de exceso en la jurisdicción no puede tener acogida favorable ya que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión constitucional que en definitiva efectuó la Alzada es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfr. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del CPP según ley 14.647; P.125.455, res. del 13/V/2015, P. 125.523, res. del 20/V/2015, P. 125.506, res. del 3/VI/2015, P. 125.630, res. del 17/VI/2015, P. 125.577, res. del 17/VI/2015, e.o.).
Por otro lado, a pesar de los esfuerzos realizados por la parte dirigidos a probar la suficiencia de los embates llevados en la vía del art. 494 del ritual (fs. 89/92), lo cierto es que no lograron su propósito. En efecto, la defensa oficial no demostró que los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley trascendieran de un mero criterio discordante con la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Casación Penal (v. sentencia a fs.54/63 vta., en especial fs. 58/60) y configuraran tópicos de índole constitucional desarrollados con la carga técnica necesaria para superar la etapa de admisibilidad (“Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional a contrario sensu).
En suma, el recurrente no evidenció la relación directa e inmediata entre los agravios llevados en el remedio extraordinario en cuestión (fs. 68/76 vta.) y la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia (fs. 54/63 vta.; cfr. art. 15 de la ley 48).
En definitiva, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfr. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia