Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128832
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Rodrigo Alejandro Rozas (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.832-RQ, caratulada: "Rozas, Rodrigo Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 71.006 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 20 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de ese mismo órgano jurisdiccional que hizo lugar parcialmente al remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Azul que había condenado a Rodrigo Alejandro Rozas a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada. En definitiva, acogió lo solicitado por la Defensa en orden a que la pena no podía superar el monto pedido por el Fiscal y la determinó en tres años de prisión, accesorias legales y costas respecto de los delitos mencionados (v. fs. 48/53 vta.).
Para arribar a esta decisión, señaló que en el caso no se encontraban reunidos los presupuestos que exige el art. 494 del Código Procesal Penal para la procedencia de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, ni venía demostrada la existencia de una relación directa e inmediata entre lo debatido y resuelto en el caso con las infracciones alegadas (v. fs. 49).
Indicó que del desarrollo del agravio formulado, el recurrente desconocía o hacía caso omiso a lo resuelto en esa sede, esgrimiendo una opinión discrepante a lo requerido en el recurso casatorio y reeditándolos en el extraordinario (v. fs. 49 vta.).
De este modo, consideró que no se advertía que el remedio articulado presentara la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que en el caso estaban involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que debían ser atendidas por el superior tribunal de la causa (v. fs. 50).
Agregó que era doctrina de esta Corte que las limitaciones objetivas que establecía la legislación local debían ceder ante la existencia de absurdo y arbitrariedad, lo que no venía demostrado por el recurrente a lo largo de su impugnación (v. fs. 50 vta.).
También explicó que el señor Defensor no evidenciaba de qué forma se asimilaba y debían ser aplicados al presente los fallos de la Corte federal que citaba en el recurso de inaplicabilidad de ley a la vez que se vislumbrara que lo que quería ponerse en crisis eran cuestiones de prueba, ajenas a la instancia extraordinaria (v. fs. 51 y vta.).
II. El defensor oficial Adjunto, doctor José María Hernández, presentó queja por recurso extraordinario denegado (v. fs. 59/69 vta.).
Luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales de admisión de la vía y de repasar los antecedentes que consideró relevantes del caso, para justificar la fundabilidad de su intento, advirtió que resultaba aplicable al caso lo fallado en Strada, Christou y Di Mascio por la CSJN, y los arts. 5 y 31 de la Constitución nacional (v. fs. 65).
Tachó a la negativa de arbitraria pues se la fundó de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que cegaron la jurisdicción de este Tribunal al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la provincia (v. fs. 65 vta.).
Remarcó que el caso se encontraba en condiciones de ser conocido por la Corte federal en atención a que: a) los agravios planteados eran de índole federal en la medida que lo que se debatía el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria en tanto la Casación partió de un punto contrario al in dubio pro reo consagrando una infracción al derecho de defensa en juicio; b) dicha cuestión federal se vincula de manera directa con la solución del caso porque amerita la anulación de la sentencia atacada y su reenvío para el dictado de un nuevo pronunciamiento que -revisando todo lo materialmente revisable- incline la decisión final a favor del imputado; c) fue oportunamente planteada pues se originó en la sentencia casatoria y e) el gravamen es actual (v. fs. 65 vta./66).
Con sustento en la doctrina de los aludidos fallos federales, expresó que esta Corte se encontraba obligada a intervenir como instancia previa al Máximo Tribunal nacional (v. fs. 66). Agregó que las limitaciones estipuladas por la ley procesal sobre la materia debían ser inaplicadas o declaradas inconstitucionales por quebrantar los arts. 5, 31, 75 inc. 12, 116, 121 y 124 de la Constitución nacional "a fin de tutelar el derecho de rango supremo, convencionalmente reconocido, al doble conforme" (fs. 67).
Puso de resalto que la sede intermedia, defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia e ingresó en aspectos que excedieron el mero examen de admisibilidad formal, desnaturalizando así la función asignada por el art. 486 del digesto adjetivo. Citó, al efecto, lo resuelto en causa P. 85.977 (v. fs. 67 y vta.).
De seguido, alegó que el auto denegatorio no dijo nada respecto a la infracción denunciada por esa parte en cuanto a que el Tribunal de Casación limitó su revisión sobre los hechos a la concurrencia de un absurdo valorativo; sobre todo teniendo en cuenta que ese fue uno de los defectos centrales de la sentencia casatoria, desde que confirmó una condena basada en conjeturas plausibles pero no verificadas con valor de verdad (v. fs. 68 vta.).
Concluyó que de manera arbitraria se negó la concurrencia de los requisitos que determinan la inaplicación de los límites que en razón del monto y de la materia impone el art. 494 del Código Procesal Penal. A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad de dicha norma (v. fs. 69).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis , CPP).
La denuncia de exceso en la jurisdicción, vinculada con la afectación del principio de imparcialidad judicial, no puede prosperar. Cabe recordar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal -fundamento que dio sustento a la resolución en crisis- es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P. 125.455, resol. de 13-V-2015, P. 125.523, resol. de 20-V-2015, P. 125.506, resol. de 3-VI-2015, P. 125.630, resol. de 17-VI-2015, P. 125.577, resol. de 17-VI-2015, entre otros).
En contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo de agravio que habilite su admisibilidad.
De este modo, la parte no demostró haber planteado correctamente una cuestión de índole federal -núcleo decisivo de la desestimación por parte del a quo - que impusiera a aquél la admisión de la vía interpuesta en los términos de la doctrina sentada por la Corte nacional a raíz de los fallos Strada, Di Mascio y su progenie.
Por el contrario, insiste con los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (su relación directa e inmediata con lo resuelto en el sub examine ), desentendiéndose de los demás argumentos que coadyuvaron a la desestimación, tales como que la parte se limitaba a esbozar un criterio divergente con lo resuelto, o que las críticas formuladas ponían en crisis cuestiones de prueba (ajenas -por su naturaleza- a la instancia extraordinaria).
En el mismo sentido, dejó incontrovertido el fundamento por el cual el a quo señaló que el recurrente no demostraba de qué forma debían ser aplicados al caso los fallos de la Corte federal que citaba en la vía impetrada.
En definitiva, el decisorio impugnado cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
IV. Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal tampoco prospera en tanto dicha norma no ha sido obstáculo para la admisibilidad del carril extraordinario sino la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso.
En suma, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Rodrigo Alejandro Rozas (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia