Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128932
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por la Defensa Oficial a favor de Ramón Pablo Ayala, y -en consecuencia- declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal (arts. 486, 486 bis , y 494, CPP).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley de fs. 46/55 vta..
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.932-RQ, caratulada: "Ayala, Ramón Pablo s/ Recurso de queja en causa N° 71.678 y acum. N° 70.449 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, rechazó los recursos de la especialidad interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora que condenó a Federico Martín Caraffini a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado criminis causa e en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego, y a Ramón Pablo Ayala a la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y coautor de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real entre sí (v. fs. 17/43 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, el señor defensor particular de Caraffini articuló las vías extraordinarias de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad; mientras que el doctor Ignacio Chiodo -letrado de confianza de Ramón Pablo Ayala- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 46/55).
III. La Sala Cuarta del mentado Tribunal de Casación, merced al pronunciamiento dictado el 16 de junio de 2016, declaró inadmisibles los remedios impugnativos intentados por ambas defensas (v. fs. 56/61).
Para así decidir, sostuvo que si bien en una primera aproximación el fallo impugnado era sentencia definitiva, donde los acusados fueron condenados a penas superiores a los diez años, lo cierto era que la doctrina de esta Corte establecía que aun cuando no estuvieran satisfechos los requisitos de admisibilidad del art. 494 del Código Procesal Penal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituía habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el superior tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal, conforme lo establecido por la CSJN en los precedentes Strada, Di Mascio y Christou de la Corte federal (v. fs. 57 y vta.).
En tal sentido, señaló que "...de la simple lectura del recurso deducido, surge que las críticas desarrolladas no habilitan la vía impugnativa..." (fs. 58), pues ellas se vinculaban a temáticas de neto corte procesal, tales como la valoración de la prueba en el marco de la participación penalmente responsable de los encausados y de los extremos legales del tipo penal analizado, las que conforme su naturaleza resultaban impropias para abrir la instancia extraordinaria.
Explicó que los recurrentes a través de los remedios intentados, bajo el ropaje de denunciar la violación a la garantía constitucional consagrada en el art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se limitaban a esbozar un criterio divergente en cuanto a la revisión de la valoración probatoria efectuada por el órgano sentenciante, e intentaban obtener una tercera revisión de los hechos y la prueba por vía oblicua, lo cual resultaba materia ordinaria, y de ninguna manera se condecía con la naturaleza jurídica del recurso en trato (v. fs. 58).
Agregó que los agravios deducidos en los recursos casatorios habían sido abordados y desestimados, exponiéndose claramente las razones por las cuales se atribuía la autoría y coautoría penalmente responsable por los delitos reprochados a Caraffini y Ayala, y la pena que les correspondía en orden a los mismos, examinando al efecto el plexo probatorio y explicando las razones que motivaron sopesar determinados elementos por sobre otros, sin que ello implicara soslayar el mérito de prueba alguna (v. fs. 58 y vta.).
Entendió, así, que las críticas desarrolladas no trascendían de una cuestión de derecho común consistente en la mera discrepancia subjetiva con la valoración de las pruebas y al modo en cómo el Tribunal las ponderó, configurando un agravio sustentado en la inobservancia de normas procesales (v. fs. 58 vta.).
En definitiva, afirmó que de las críticas desarrolladas en los escritos impugnativos no se vislumbraba elemento alguno que hiciera presumir la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional, "...toda vez que del contenido de los mismos se desprenden cuestionamientos meramente genéricos y dogmáticos que no resultan susceptibles de ser abordados a través del recurso de inaplicabilidad de ley..." (fs. cit.).
También consideró que no se había efectuado un planteo federal suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad "...pues no logra evidenciar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se dicen conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo" (fs. 59).
Concluyó que los reclamos que invocaban la violación de garantías constitucionales no reunían la suficiencia y carga técnicas necesarias que ese tipo de demandas tenía que evidenciar en la medida que los hechos debatidos no tenían vinculación directa con un agravio federal (v. fs. 59 y vta.).
De ahí que entendió que no había demostración de que existiera una relación directa e inmediata entre la cláusula constitucional invocada y lo debatido y resuelto en el caso, como así tampoco se demostraba que la decisión impugnada fuera contraria al derecho invocado por el recurrente con fundamento en aquélla (v. fs. cit.).
En cuanto al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, reseñó los supuestos en los que procede dicha vía y expuso que los agravios esgrimidos por la defensa no encuadraban en ninguno de ellos, por lo que se imponía su rechazo (v. fs. 60).
Adunó que en el caso, la primera oportunidad para plantear la presunta inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua había sido al formular los alegatos en la audiencia de debate ante la acusación fiscal efectuada por el representante de la vindicta pública, y llegado el caso realizar la interposición del recurso de casación refutando los argumentos esbozados por el a quo (v. fs. 60 y vta.).
IV. Ante lo así fallado, y en lo que es de interés, el señor defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia dedujo recurso de queja a favor de Ramón Pablo Ayala (v. fs. 65/70 vta.).
Tachó de arbitrario el auto denegatorio del recurso sosteniendo que los términos empleados eran sumamente genéricos lo que evidenciaban que el Tribunal no analizó circunstanciadamente cada uno de los agravios invocados en relación a su defendido, además de tratarlos conjuntamente con los de otro recurso articulado a favor del coimputado (v. fs. 67 vta.).
En tales condiciones, entendió que la decisión era infundada "...porque resulta imposible distinguir a qué agravios se está refiriendo el fallo cuando motiva su supuesta inadmisibilidad" (fs. cit.)
Asimismo, alegó que el a quo se excedió en sus facultades incurriendo en una desnaturalización de las normas procesales que rigen el perjuicio del encartado, privándolo del acceso a la justicia.
Consideró que el tribunal intermedio aplicó erróneamente el art. 494 del Código Procesal Penal, dado que habiéndose verificado todos los requisitos de admisibilidad exigidos por dicha norma (en relación a la errónea aplicación del art. 165, 45 a 49 y 41 bis del Cód. Penal) exigió la existencia de una cuestión federal para abrir la instancia extraordinaria (v. fs. 68).
Agregó que en orden a los agravios de aquella naturaleza vinculados al principio de culpabilidad, in dubio pro reo , y sentencia arbitraria, también excedió los límites del control de admisibilidad, pronunciándose con fundamentos sobre el fondo del asunto, resolviendo los agravios que la Defensa pretendía los decidiera esta Corte (v. fs. 68 y vta.).
De este modo, adujo la desnaturalización del art. 486 del Código Procesal Penal y trajo a colación el precedente P. 85.977 sosteniendo que se le vedó a Ayala el acceso a la jurisdicción en el marco de la garantía de revisión amplia del fallo de condena (v. fs. 69/70).
V. La queja prospera (art. 486 bis , CPP).
De la reseña efectuada surge que, en el desprolijo análisis efectuado, el Tribunal intermedio -además de tratar conjuntamente los recursos presentados por las defensas de los imputados sin individualizar las respuestas concernientes a cada agravio formulado en uno u otro remedio impugnativo- excedió la competencia que le es propia al realizar el juicio de admisibilidad contemplado en el art. 486 del Código Procesal Penal -t.o. según ley 14.647-, avanzando indebidamente en el examen de la fundabilidad del reclamo, en un clara invasión a la competencia que a esta Suprema Corte le corresponde como juez de la impugnación (conf. causas P. 125.630, res. de 17-VI-2015; P. 125.652, res. de 24-VI-2015; P. 125.578, res. de 12-VIII-2015; P. 125.376, res. 14-X-2015; entre otros).
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja (art. 486 bis CPP).
VI. Sentado lo expuesto, incumbe a esta Corte analizar la admisibilidad de la vía incoada por el doctor Ignacio Chiodo a favor de Ramón Pablo Ayala.
El art. 494 del Código Procesal Penal establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo podrá interponerse contra la sentencia definitiva que, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella, revoque una absolución o imponga una pena de reclusión o prisión superior a diez años.
De la copia del escrito recursivo -v. 46/55 vta.- surge que la impugnación ha sido interpuesta en término, por quien se encuentra legitimado a tales fines y la pena de veinticinco años de prisión a la que fue condenado el nombrado supera el quantum establecido en el citado precepto rituario.
Asimismo, los planteos que allí efectúa la defensa involucran cuestiones vinculadas con la transgresión de la ley sustantiva (arts. 165, 166, 45 a 49 y 41 bis del Cód. Penal) y con denuncias de cariz federal (arts. 18 y 19, Const. nac.; XXVI, DADDH; 11 inc. 1, DUDH; 8 inc. 2, CADH; 14 inc. 2, PIDCP); sentado lo cual, y sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde declarar mal denegado el recurso, admitirlo, y requerir al órgano casatorio las actuaciones principales (art. 486 bis in fine y 494 del CPP -texto según ley 14.647).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por la Defensa Oficial a favor de Ramón Pablo Ayala, y -en consecuencia- declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal (arts. 486, 486 bis , y 494, CPP).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley de fs. 46/55 vta..
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa al a quo mediante oficio de estilo (art. 486 bis , 487 y concs., CPP).
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia