Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128746
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja deducida por la Defensa Oficial a favor de Luis Ernesto Escalante, con costas (arts. 486 bis y concs., CPP y 31 bis, ley 5827).
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.746-RQ, caratulada: "Escalante, Luis Ernesto s/ Recurso de queja en causa n° 71.465 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 21 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el imputado Luis Ernesto Escalante -por derecho propio y patrocinio legal de la señora Defensora Oficial Adjunta, Ana Julia Biasotti- contra la decisión de ese órgano que si bien rechazó el recurso de la especialidad deducido, en lo que aquí importa, por aplicación del art. 435 del Código Procesal Penal, corrigió la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 5 de Morón en el nivel lógico de la calificación legal con relación al delito contra la seguridad pública atribuido al nombrado, absolviéndolo en orden a la figura de tenencia ilegal de arma de guerra sin la debida autorización legal. En consecuencia, atendiendo a la absolución dispuesta y teniendo en cuenta las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal que permanecían firmes, condenó a Escalante a la pena de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada (v. fs. 101/105).
Para así decidir, consideró que además de encontrarse insatisfechos los requisitos del art. 494 del Código Procesal Penal -monto de pena y naturaleza de los agravios-, tampoco eran idóneas las pretensas cuestiones federales introducidas por la parte para habilitar ese escenario de excepción (v. fs. 103 vta.).
Señaló que la crítica esgrimida contra la determinación de la pena sin tomar previo conocimiento de visu se dirigía, en lo esencial, a poner en evidencia un supuesto defecto procedimental anterior a la sentencia que se vinculaba con cuestiones típicamente procesales que resultaban ajenas a la vía articulada, sin que el impugnante hubiera conseguido formular adecuadamente el compromiso directo de las garantías constitucionales citadas en la impugnación que impondría su conocimiento por la Suprema Corte provincial. Para ello citó el precedente de esta Corte P. 125.427, resol. de 24-VI-2015 (v. fs. 103 vta./104).
Por otra parte, explicó que los reclamos contra la porción del fallo que declaraba la inadmisibilidad de los planteos contenidos en el memorial presentado por la defensa, estaban referidos a la interpretación y aplicación de las normas que regulaban la instancia casatoria (arts. 451 y 458, CPP) y, por lo tanto, constituían una temática de naturaleza procesal que, conforme inveterada doctrina de la CSJN, resultaba ajena a la competencia federal pretendida (v. fs. 104).
Sumó a lo dicho que a pesar de que el impugnante intentaba asignarle naturaleza excepcional con fundamento en las previsiones del párrafo 4 del art. 451 del ritual, lo cierto era que sus apreciaciones no iban más allá de la exposición de su particular interpretación acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos aludidos (v. fs. cit.).
Por lo expuesto, decidió que mantenían plena aplicación las limitaciones objetivas del art. 494 del Código Procesal Penal, en tanto la defectuosa formulación de los planteos de pretendida índole federal permitía descartar la concurrencia de algún supuesto de excepción que impusiera dejar a un lado el citado precepto rituario (v. fs. 104 vta.).
II. Contra dicha decisión, la señora Defensora Oficial Adjunta dedujo el recurso de queja -conf. art. 486 bis, según ley 14.647- (v. fs. 107/113 vta.).
Tildó de arbitrario el juicio de admisibilidad al sostener que se lo funda de un modo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas (v. fs. 110).
De seguido, se encargó de reproducir cada uno de los agravios llevados en el recurso extraordinario local y de explicar su posición respecto de su naturaleza federal, además de la relación directa e inmediata que -a su juicio- guardaban con lo decidido en el caso.
Así afirmó que en dicho carril impugnativo no se discutió una cuestión procesal, sino se reputó infringido el derecho a obtener un examen integral de la sentencia de condena, en tanto en lugar de disponerse el reenvío de los autos a la instancia ordinaria, directamente se fijó la pena en la instancia casatoria, vedándose al imputado la posibilidad de que dicho tramo de la sentencia fuera revisado por un tribunal superior (v. fs. 110).
Del mismo modo, aludió a la transgresión del derecho a ser oído que deriva del art. 18 de la Constitución nacional y su reconocimiento expreso en el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en tanto se omitió llevar a cabo la audiencia de visu, siendo éste solo un presupuesto fáctico dentro de dichas infracciones federales (v. fs. cit.)
Y, por último, que se planteó la violación a la utilidad de la defensa en juicio en el contexto de la obligación de la revisión amplia del fallo de condena al reclamar inadmisibles -por extemporáneos- los agravios introducidos en el memorial (v. fs. 111 vta.).
Concluyó que pese a la formulación de las aludidas cuestiones de cariz federal, el pronunciamiento denegatorio del remedio extraordinario no se refirió a ninguna de ellas omitiendo, además, analizar el primer cuestionamiento referido a la revisión amplia del pronunciamiento condenatorio -en lo que hace a la determinación de la pena- por un tribunal superior (v. fs. 111 vta.).
III. La queja intentada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
1. En lo que refiere al embate por el cual se agravia de la imposición de una nueva pena sin tomar previamente conocimiento de visu del imputado, en infracción -según lo afirma el quejoso- al derecho a ser oído, tal como surge de la reseña efectuada, fue resuelto por el Tribunal de Casación de conformidad con el criterio de esta Corte sobre el punto en discusión (conf. P. 110.459, resol. de 4-IV-2012; P. 109.331, resol. de 9-XII-2010, P. 109.001, resol. de 26-X-2010, P. 109.618, resol. de 2-VII-2010, entre otras), por lo cual el temperamento debe ser mantenido.
2. Con relación a la denuncia de afectación a la utilidad de la defensa en juicio en razón de haberse desestimado -por extemporáneos- los embates introducidos en oportunidad de presentar la memoria que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal, el quejoso no logra conmover las bases argumentales sobre las que se cimentó el juicio de admisibilidad negativo efectuado por la Casación.
De acuerdo a la reseña efectuada en el acápite I, el a quo juzgó dicho planteo y consideró que, bajo su amparo, lo que en definitiva se introdujo fue un tópico de naturaleza procesal. Tal aserto era el que debía controvertirse para remover el óbice adjetivo y lograr poner en juego un agravio federal, susceptible de habilitar la instancia. Las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública, el derecho de defensa y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que la parte pretende reprochar al órgano intermedio, aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cuál es la relación con lo acontecido en el sub lite.
De acuerdo con lo expuesto, la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la pretensa afectación de la garantía prevista en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. 22-XII-2004; P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; entre otras.; art. 31 bis de la ley 5827).
3. Ahora bien, atento a que le asiste razón a la señora Defensora Oficial Adjunta en orden a que el pronunciamiento denegatorio omitió "...analizar el primer cuestionamiento referido a la revisión amplia del fallo condenatorio -en el caso, respecto de la pena- por un tribunal superior ordinario..." (fs. 111 vta.), a los fines de no dilatar el trámite del proceso (art. 2, CPP), corresponde a este Tribunal llevar adelante el juicio de admisibilidad del planteo, desde que su examen no modificará la solución a la que arribó el tribunal intermedio.
En efecto, el reclamo formulado no prospera, pues la índole de las críticas efectuadas se encaminan a poner en tela de juicio la interpretación de normas de derecho común.
Es decir, bajo la denuncia de una cuestión de cariz federal (violación al debido proceso, defensa en juicio y doble instancia) lo cierto es que los desarrollos esgrimidos en el escrito impugnativo intentan controvertir el razonamiento llevado a cabo por el a quo en oportunidad de determinar la cuantía de la sanción aplicada a su asistido en función de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Y en ese marco, no encontrándose abastecido el monto de pena que exige el art. 494 del Código Procesal Penal (en tanto como sostuvo el Tribunal intermedio "...Escalante no fue condenado a una pena superior a diez años de prisión..." -fs. 213 vta.-) el embate no puede ser atendido en esta instancia extraordinaria
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja deducida por la Defensa Oficial a favor de Luis Ernesto Escalante, con costas (arts. 486 bis y concs., CPP y 31 bis, ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia