Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128948
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el doctor Gustavo Adolfo De Simone a favor de F.C.N., con costas (art. 486 bis del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
3Declarar inoficioso el tratamiento de la queja interpuesta por el doctor Federico Alejandro Saint Jean a favor de Falcone (art. 488 CPP).
4Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Saint Jean ante esta instancia, a los fines regulatorios (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
"F.C.N. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 71.920 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA VI Y SU ACOLLARADA P. 129.495-RQ F.C.N. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 71.920 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN, SALA VI".
La Plata, 13 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.948-RQ, caratulada: "F.C.N. s/ Recurso de queja en causa N° 71.920 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI" y su acollarada P. 129.495-RQ " F.C.N. s/ Recurso de queja en causa N° 71.920 del tribunal de Casación, Sala VI",
I. De las copias aportadas por la parte se infiere que la Sala VI del Tribunal de Casación Penal, por auto dictado el 18 de abril de 2017, denegó por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular contra la decisión de dicha sala por la que se confirmó la condena impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Isidro a F.C.N. a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal (v. fs. 11-13 vta.).
II. El doctor Gustavo a. De Simone, invocando su calidad de defensor de F.C.N., articuló queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal, el día 2 de mayo de 2017 a las 11.57 hs. (v. fs. 15-22 vta., causa P. 128.948-RQ).
A su vez, el doctor Federico Alejandro Saint Jean, aduciendo la misma calidad de defensor del nombrado, interpuso queja el día 22 de agosto de 2017, a las 09.33 hs. (v. fs. 21-28 vta., causa P. 129.495-RQ).
III. Cabe señalar, en primer lugar, que no habiéndose aportado en la segunda presentación soporte documental alguno para fundamentar la calidad de defensor particular de Falcone y toda vez que el doctor De Simone fue el letrado que presentó el remedio extraordinario denegado (v. fs. 1-10), a quien se le notificó por cédula la denegación del recurso (v. fs. 14 y vta.) y el que articuló la vía de hecho primeramente, cabe declarar inoficioso el medio de impugnación incoado por el doctor Saint Jean.
Es que, además, es criterio reiterado de esta Corte que cuando se ha incoado una vía recursiva no procede presentar nuevamente otra contra el mismo acto impugnado, pues el perfeccionamiento del acto de recurrir impide su reiteración (conf. Ac. 103.238, res. del 3-IX-2008; P. 109.241, res. de 19-V-2010; P.117.730, res. del 3-X-2012; P.115.448, res. del 21-VIII-2013; P. 116.540, res. del 25-IX-2013; entre otras).
IV. El doctor De Simone señaló en la queja que el monto de la pena impuesto no debería ser un óbice para tratar el recurso denegado en razón que por imperio del art. 2 de la ley 13.812 que modificó el art. 31 bis de la ley 5827, cuarto párrafo, en casos de gravedad institucional esta Corte debería intervenir (v. fs. 15 vta.).
Afirmó que en el presente se encuentran debatidas cuestiones federales y que la resolución que decretó la inadmisibilidad es contradictoria en tanto, por un lado, sostiene que el recurso es inadmisible y, por el otro, lo analiza abordando cuestiones que son propias del ad quem y ajenas a las condiciones de admisibilidad, tal como se señalara en la decisión dictada en P. 127.800-RQ, res. 2 de marzo de 2017, que transcribió en su parte pertinente (v. fs. 15 vta.-17).
Puso de relieve que tampoco acertó la decisión al sostener la insuficiencia del planteo recursivo de la defensa por no señalar los elementos de juicio que propiciarían una decisión distinta ya que se agravió de la gravedad institucional del hecho al resolverse dejando de lado probanzas, interpretándolas de forma arbitraria y en violación a los principios de inocencia, debido proceso e in dubio pro reo; de la no aplicación del principio procesal de elasticidad, de la afectación del debido proceso y la defensa en juicio, la aplicación errónea de las reglas del art. 367 del Código Procesal Penal en cuanto incumbe a la acusación la prueba de la culpabilidad del acusado que goza de la presunción de inocencia, la falta de contralor de la prueba en sede casacional, la ausencia de valoración de ciertas piezas procesales que demostrarían que la víctima estaba en condiciones de consentir las relaciones y de la prueba pericial que responsabilizaría a su asistido de la colocación de benzodiacepina sin probanza alguna en base a un informe en el que no se valora la cantidad de estupefaciente hallado y la omisión de tratamiento de la cuestión esencial de las necesidades de la tipicidad subjetiva dolosa en cabeza de su pupilo que no se han acreditado en la causa (v. fs. 17-22 vta.).
V. La queja articulada resulta improcedente.
En efecto, más allá de que ciertos tramos del resolutorio incursionan en un terreno reservado a la competencia exclusiva y excluyente de esta Corte (v. fs. 12 vta., primer párrafo), el a quo sostuvo básicamente que el recurso esgrimido carecía de fundamentación autónoma al no desarrollar de manera suficiente las cuestiones federales que se invocaron ni vislumbrarse la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que se reputan conculcadas. A ello sumó el carácter excepcional de la doctrina de la arbitrariedad y que el recurrente no ha logrado demostrar que la decisión sea el fruto de la voluntad de los juzgadores, se asiente en premisas falsas o inconciliable con las pruebas producidas en la causa o desconozca manifiestamente el derecho positivo vigente en tanto se ha ensayado una exposición genérica y esquemática de las causales de arbitrariedad invocadas (v. fs. 11 vta.-13 vta.).
El autor de la queja sólo ha ofrecido una perspectiva diversa a la esbozada en el primer control de admisibilidad negativo sin que pueda colegirse de la lectura del escrito de fs. 15-22 vta. argumentos que puedan revertir la motivación de dicho decisorio.
Es que, en primer lugar, la pretendida gravedad institucional que obligaría a este Tribunal a intervenir de acuerdo al art. 31 bis de la ley 5827 t.o., además de que no ha sido traída con sólidos fundamentos que pongan de relieve la existencia de una situación aprehensible por dicho concepto, no importa en el carril utilizado por el quejoso- más que una facultad que la reforma de la ley 13.812 le otorgó a esta Corte pero, de por sí, no constituye un motivo que pueda esgrimirse como un agravio propio de la presentación directa.
El somero repaso de las referencias traídas para sustentar la existencia de cuestiones federales y de arbitrariedad en la inadmisibilidad decretada por la Casación no constituyen un mecanismo idóneo para el cometido anunciado ya que si bien es cierto que no existen fórmulas sacramentales para introducir la cuestión federal, es indispensable que en la primera oportunidad concreta, se haga mención del derecho federal que se entiende conculcado, así como la demostración de su vínculo con la materia del pleito, lo cual presupone un mínimo de desarrollo argumental sobre el punto (conf., CSJN, Fallos: 286: 71; 294: 50; 306: 979; etc.), máxime si algunas de las argumentaciones ensayadas se relacionan con constancias comprobadas de la causa que no han sido traídas en la queja a pesar de la clara manda del art. 486 bis del Código Procesal Penal en cuanto prescribe que la parte deberá incorporar copia de cualquier otra actuación de la que intente hacerse valer para revertir el primer juicio negativo.
En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el doctor Gustavo Adolfo De Simone a favor de F.C.N., con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
3. Declarar inoficioso el tratamiento de la queja interpuesta por el doctor Federico Alejandro Saint Jean a favor de Falcone (art. 488 CPP).
4. Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Saint Jean ante esta instancia, a los fines regulatorios (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia