Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128606
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Maximiliano Héctor Díaz Reynoso, con costas (art. 486 bis , CPP).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.606-RQ, caratulada: "Díaz Reynoso, Maximiliano Héctor s/ Recurso de queja, en causa n° 71.190 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Maximiliano Héctor Díaz Reynoso, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad incoado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Azul, que lo había condenado a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas -más declaración de reincidencia-, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por haberse cometido en lugar poblado y en banda (v. fs. 52/56).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor José María Hernández- articuló recurso de queja (v. fs. 59/68).
Liminarmente, indicó el cumplimiento de los recaudos formales y reseñó los antecedentes relevantes de la causa (v. fs. 59/63 vta.).
En punto a la fundabilidad, sostuvo que el carril extraordinario fue erróneamente denegado, toda vez que resultaba de aplicación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada", "Christou", "Di Mascio" y su prole. Asimismo, tildó de arbitraria la conclusión intermedia pues se fundó de modo aparente mediante fórmulas genéricas y abstractas (v. fs. 63 vta./64).
Adunó que el caso se hallaba en condiciones de ser conocido por el cimero Tribunal, en tanto los agravios son de índole federal -frustración del derecho a la revisión de la sentencia de condena-. En ese derrotero, arguyó que la casación examinó la sentencia condenatoria desde un punto contrario al in dubio pro reo (v. fs. 64).
De igual modo, se refirió a la vinculación directa de sus cuestionamientos con la solución del caso, a la oportunidad del planteo y la actualidad del gravamen (v. fs. cit. y vta.).
A continuación, postuló la declaración de inconstitucionalidad de las limitaciones que en razón del monto y la materia trae el art. 494 del Código Procesal Penal, a fin de tutelar el derecho del doble conforme (v. fs. 65).
Entendió que la sede intermedia ingresó impropiamente en aspectos que exceden del análisis de admisibilidad formal, en contraposición a la manda del art. 486 del digesto adjetivo. En abono, citó lo resuelto por el Tribunal en P. 85.977 (v. fs. cit. vta./66).
Repasó los planteos llevados en el canal extraordinario y señaló que el mismo no sólo portaba la fundamentación mínima requerida para su admisibilidad, sino que también demostraba su procedencia y la vinculación entre tal modo de resolver y su consecuencia ineludible -frustración del control por parte del Superior- (v. fs. 66 y vta.).
Recordó que su ensayo explicaba que la sede casatoria no había otorgado respuesta a las puntuales críticas esbozadas -infracción al favor rei al afirmar la coautoría de su asistido en el suceso "cuando [la] base probatoria permitiría tenerlo como mero encubridor"-, razón por la cual -arguyó- el tránsito ante aquella instancia de revisión resultó meramente aparente (v. fs. cit.).
Finalmente, adujo que en el caso no se garantizó el derecho a la revisión amplia de la sentencia de condena, pues el órgano revisor se limitó a estudiar la prueba a la luz de la restrictiva doctrina del absurdo valorativo (v. fs. cit./67).
III. La queja no prospera, en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue bien denegado por el a quo .
1. El Tribunal de Casación descartó el ensayo defensista pues, ausentes los presupuestos de recurribilidad del art. 494 del Código Procesal Penal para la vía en trato, juzgó que -por un lado- los agravios del recurrente versaban sobre cuestiones procesales (v. fs. 53).
No obstante, entendió que -en las restantes postulaciones- la parte intentó excepcionar dicha limitación bajo la denuncia de una "revisión aparente de la sentencia de condena" (fs. cit.).
En ese derrotero, sostuvo que -en rigor- la defensa esgrimió una opinión discrepante y reeditó planteos ya llevados ante esa instancia "en vez de rebatir concretamente los argumentos dados en la sentencia que aquí pone en crisis" (fs. cit. y vta.).
Así, concluyó en la falta de aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, se encuentren involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que debieran ser atendidas por el Tribunal. En abono, citó diversos fallos de esta Corte (v. fs. 54 y vta.).
Finalmente, remarcó que la vía escogida es excepcional y no un remedio ordinario donde se busca una tercera instancia para reeditar planteos ya tratados en el legajo casatorio (v. fs. 55).
2. De lo reseñado, se desprende que el argumento basal sobre el cual la sede intermedia edificó el juicio de admisibilidad negativo radicó -por una parte- en que las críticas esbozadas en la impugnación referían a una temática procesal, y -por otra- en la ausencia de suficiencia y carga técnica necesaria de los pretendidos planteos federales.
En efecto, estimó que ellos no sólo se limitaron a esbozar un criterio divergente con lo decidido sino que, además, no rebatieron concretamente las conclusiones del fallo atacado merced a la reedición de críticas ya abordadas en aquella instancia.
Frente a ello, las argumentaciones de la parte no resultan eficaces para remover dicho obstáculo formal, pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre los agravios desarrollados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 47 vta./51), las supuestas garantías constitucionales vulneradas y la sentencia casatoria (v. fs. 28/37; arts. 14 y 15 de la ley 48).
3. En función de todo lo expuesto, cabe concluir que la resolución impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
4. Solo resta agregar que, frente al esbozo defensista vinculado a la extensión del escrutinio desplegado por el tribunal intermedio en la oportunidad prevista en el art. 486 del Código Procesal Penal, esta Corte ha sostenido reiteradamente que el análisis de la suficiencia y carga técnica de las cuestiones de naturaleza federal forman parte del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs., CPP según ley 14.647; P. 125.455, resol. del 13-V-2015, P. 125.523, resol. del 20-V-2015, P. 125.506, resol. del 3-VI-2015, P. 125.630, resol. del 17-VI-2015, P. 125.577, resol. del 17-VI-2015, e.o.).
5. Por último, la solicitud de inconstitucionalidad del art. 494 del digesto de forma tampoco prospera, en tanto dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por el Tribunal de Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Maximiliano Héctor Díaz Reynoso, con costas (art. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia