Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128358
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales de la doctora Norma Isabella de González por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.358, "López, Justo José. Recurso de queja en causa n° 71.018 del Tribunal de Casación, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de octubre de 2016, declaró admisible el recurso de queja y acogió el recurso interpuesto por el señor fiscal general del Departamento Judicial de La Plata contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del mismo Departamento Judicial de que había confirmado la concesión de la libertad condicional a Justo José López. En consecuencia, casó el pronunciamiento impugnado y declaró que recobraba plena vigencia la resolución de 30 de diciembre de 2013 dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata (v. fs. 74/78 vta. -legajo n° 71.018-).
La defensora particular -doctora Norma Isabella de González- presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 83/88), el que fue desestimado por inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 89/92 vta.) y tras la queja promovida por esa parte (v. fs. 32/34, del legajo de copias agregadas por cuerda), fue admitida la queja y concedida la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por resolución de esta Suprema Corte (v. fs. 191/193).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 199/202 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 203) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La recurrente denunció la violación de los principios constitucionales consagrados en los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional y la transgresión de los arts. 2 y 13 del Código Penal, el segundo conforme su redacción a la fecha del hecho (v. fs. 84 vta.).
Explicó que le causa agravio a su asistido que el Tribunal de Casación haya omitido valorar que la libertad condicional le fue otorgada bajo la óptica del art. 13 del Código Penal vigente a la fecha del hecho. Por ello, denunció vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y el principio non bis in idem, postuló la arbitrariedad de la resolución impugnada y la violación de los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal (v. fs. 85).
Entre sus planteos alegó que la Sala de Casación que se pronunció por segunda vez con una nueva integración no podía tratar nuevamente lo que ya había sido decidido por el mismo órgano el 14 de octubre de 2014, pues había quedado firme y consentido por no haber sido motivo de agravio para la fiscalía. Consideró que de ese modo se incurrió en las infracciones ya mencionadas así como en la afectación de los derechos de defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 83 vta./84 bis).
En cuanto al derecho de fondo, adujo que el tribunal revisor "...exige los requisitos de la actual redacción del art. 13 del Cód. Penal y no en su redacción anterior a la ley 25.892" pese a que la jueza de ejecución penal lo había concedido a instancias de lo resuelto por el órgano casatorio el 14 de octubre de 2014, atendiendo a los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense como lo establece la normativa vigente a la fecha del hecho (v. fs. 85 y vta.).
En ese discurrir, señaló que los informes del Servicio Penitenciario de fs. 31, 33, 46 y 47, dan cuenta también de que López tenía concepto bueno, conducta ejemplar (diez), sin sanciones disciplinarias, ni motines, ni fugas, ni sumario administrativo alguno. Adunó que, antes de ello, el nombrado venía sosteniendo salidas transitorias y con posterioridad a la concesión de la libertad condicional cumplió las condiciones que le fueron impuestas y ha demostrado durante todo ese período su reinserción a la sociedad (v. fs. 85 vta.).
Afirmó que, de modificarse la libertad de la cual goza López, también se estaría violando el principio de progresividad de la ejecución de la pena aplicando una normativa que no corresponde (v. fs. 86).
Reiteró que la Cámara, en la decisión de 30 de diciembre de 2013, evaluó la petición según la actual redacción del art. 13 del Código Penal, modificada por la ley 25.892, como así del art. 28 de la ley 24.660, ambas promulgadas con posterioridad a la fecha del hecho (v. fs. cit.).
En suma, estimó que la valoración que hizo el tribunal de los informes de las pericias psicológicas sobre los cuáles fundó su rechazo importó sumar un requisito que no existía a la fecha del hecho y que resolver la cuestión de tal modo implicó violar el principio constitucional que otorga ultra actividad a la ley penal más benigna (v. fs. 86 vta. y 87).
II. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no puede prosperar (v. fs. 199/202 vta.).
III.1. En primer lugar, es conveniente realizar una reseña de los antecedentes de la causa:
III.1.a. El 28 de noviembre de 2013, la doctora María Silvia Oyamburú -en su intervención como jueza de ejecución- resolvió rechazar la solicitud de libertad condicional deducida por la defensa de Justo José López (v. fs. 3/8 -del legajo casatorio n° 63.463-).
En lo que interesa destacar, estimó que las circunstancias que fueron reseñadas en dicho pronunciamiento revisten entidad suficiente como para coincidir con el dictamen emitido por el Servicio Penitenciario Bonaerense de fs. 58 y vta. -reseñado a fs. 4 vta. y 5-, y concluyó que no se encontraban cumplidos los requisitos previstos por el art. 13 del Código Penal -en su redacción anterior a la ley 25.892- y por el art. 28 de la Ley Nacional de Ejecución Penal n° 24.660 (v. fs. 7 vta.).
La jueza tomó en cuenta, para resolver el incidente, "...las características del hecho delictivo" por el cual fue condenado el acusado (v. fs. 7). Sobre este punto corresponde aclarar que se trató de las torturas seguidas de muerte del estudiante Miguel Bru cometidas por personal policial, sin que hasta el día de la fecha se haya dado con los restos de la víctima a pesar de reiteradas búsquedas llevadas adelante en múltiples ocasiones.
En definitiva, la magistrada computó los informes de los organismos técnicos de intervención y concluyó que "...aún no se observa un proceso revisor ni autocrítico tendiente a modificar cambios conductales" (fs. 7 y vta.).
III.1.b. Deducido un recurso de apelación por la defensora particular (v. fs. 9/12), la Sala Primera de la Cámara lo rechazó el 30 de diciembre de 2013 y confirmó el pronunciamiento, ratificando expresamente la aplicación del art. 28 de la ley 24.660 (v. fs. 19 vta. y 20). En lo medular sostuvo que "...todos los informes vertidos por las diversas áreas del Servicio Penitenciario como así también las pericias, deben ser utilizadas para satisfacer los extremos que imponía el art. 13 del código de fondo: 'observar con regularidad los reglamentos', exigencia que faculta a los magistrados a requerir todos aquéllos informes y pericias que le permitan adquirir un amplio conocimiento y pronóstico de los distintos factores conductales, psicológicos, psiquiátricos y socioambientales que considere pertinentes para mejor decidir" (fs. 20 vta. y 21).
Por otra parte, destacó que si bien no resultan vinculantes para el juez los informes del Servicio Penitenciario y las pericias practicadas, éstos deben analizarse y valorarse, pues en los mismos se basa el Magistrado para poder evaluar si el justiciable ha observado los reglamentos carcelarios (no sólo en cuanto a su conducta sino también respecto de su evolución psicológica y/o psiquiátrica). En tal sentido, sostuvo que no podía dejar de valorar la pericia psicológica de fs. 111/113 vta., y resolvió denegar la libertad condicional, teniendo en cuenta también las características del hecho por el cual fue condenado López (v. fs. 22 y vta.).
III.1.c. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, el 14 de octubre de 2014, hizo lugar al remedio de la especialidad incoado por la defensa de Justo José López contra dicha resolución por entender que, según el texto del art. 13 del Código Penal anterior a la ley 25.892, no podía denegarse la libertad condicional en base a un pronóstico desfavorable derivado de informes criminológicos y periciales.
En consecuencia, casó tal decisión y devolvió las actuaciones al a quo para que, previa solicitud de informes al Servicio Penitenciario acerca del cumplimiento o no de los reglamentos carcelarios por parte del penado, se dictara un nuevo fallo (v. fs. 52/57).
III.1.d. Cumpliendo lo así dispuesto, la jueza de ejecución, el 23 de diciembre de 2014, concedió la libertad condicional (v. fs. 1/6 del presente legajo 71.018).
III.1.e. Interpuesto un recurso de apelación por la señora agente fiscal, mediante el pronunciamiento de 1 de abril de 2015 el Tribunal de Alzada lo desestimó y confirmó el fallo atacado (v. fs. 7/9 vta.).
III.1.f. Contra ello, el fiscal de Cámaras impetró el remedio casatorio (v. fs. 10/23) que, ante su rechazo por inadmisible (v. fs. 24/25), generó la interposición de la respectiva queja ante la sede casacional (v. fs. 26/29), la que fue sostenida por el fiscal de Casación penal (v. fs. 33/35).
El fiscal de Cámaras señaló, entre otros fundamentos, que "...López se encuentra condenado por la comisión de gravísimas violaciones a los derechos humanos dadas por la tortura, muerte y desaparición de Miguel Bru en la Comisaría 9° de la ciudad de La Plata, siendo por entonces el encausado un funcionario policial de alto rango" por lo cual el caso "...debe ser evaluado bajo la óptica de las obligaciones relativas al respeto y efectiva vigencia de los derechos humanos" (fs. 19 vta. y 20). En ese sentido invocó el derecho a la verdad, delineado en la jurisprudencia interamericana y que incluye el derecho al esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida, ya que "...la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos" (fs. 21 vta.). Añadió el fiscal de Cámaras que, en el caso, los autores contaron con diversos mecanismos de impunidad que dificultaron la investigación y obstaculizaron el hallazgo del cuerpo de la víctima, razón por la cual hasta "...el día de la fecha aún no han podido hallarse sus restos, a pesar de diversos esfuerzos en tal sentido, permaneciendo el imputado y cualquiera que tuviera información fehaciente, en total silencio sobre el punto" (fs. 21 vta. y 22). Así, concluyó que de obtener la libertad "...podría valerse aún más de su influencia y conocimiento del circuito de impunidad, para de esta forma continuar evitando el descubrimiento de la verdad y el hallazgo de los restos de Miguel Bru" (fs. 22 y vta.).
III.1.g. Así es que llegamos a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Casación dictada el 11 de octubre de 2016 (v. fs. 74/78 vta. del legajo n° 71.018), reseñada en los antecedentes, la que resolvió con nueva integración por las excusaciones de los doctores Violini y Borinsky (v. fs. 66 y vta.), y ahora es recurrida ante esta Corte.
III.2. En ese fallo, al declararse admisible el recurso de queja y hacerse lugar al de Casación, se sostuvo que: "...el 'a quo', para arribar a su decisorio, ha perdido de vista los informes elaborados por el organismo técnico-criminológico y la pericia psicológica que, si bien no revisten carácter vinculante, resultan determinantes para la concesión de la libertad condicional, constituyendo un requisito insoslayable para otorgar dicho beneficio" y que "El análisis de los informes a los que hace mención el art. 13 del Código Penal debe ser un parámetro para la concesión del beneficio requerido. Es que la liberación anticipada debe ser fundamentada en la demostración de que se está en condiciones de volver e integrar una sociedad, por lo que si dicho proceso no se verifica, no debe proceder la misma" (fs. 76).
Señaló, además, que "No existe otra forma de arribar a la conclusión apuntada por la ley si no es por los informes emanados del organismo especializado que los emite, por lo que resulta casi inviable apartarse de ellos cuando están debidamente fundados para decidir la cuestión. Con los elementos objetivos de la temporalidad del encierro y -eventualmente- la conducta del sujeto no alcanza para formar juicio de valor acerca de si ha cumplido con los parámetros que lo habilitan a acceder al beneficio" (fs. 76 vta.).
En tal sentido, trajo a colación diversos precedentes de la Cámara Nacional de Casación Penal -los que fueron dictados con anterioridad a la aludida ley 25.892; ver fs. 76 vta. y 77-, a partir de los cuáles concluyó que la evolución de la personalidad, en función de su readaptación social es lo que debe ser premiado con una liberación anticipada al vencimiento de la condena. Entre los precedentes mencionó un pronunciamiento que fundó en el art. 28 de la ley 24.660 la pertinencia de computar los informes criminológicos en el régimen del art. 13 del Código Penal anterior a su reforma por la ley 25.892. Agregó el a quo que tal criterio fue fijado por la Sala II de la aludida Cámara cuando resolvió que "El derecho que el artículo 13 del Código Penal otorga a los penados se halla igualmente condicionado a las muestras que estos hayan dado durante su reclusión una reforma positiva en su personalidad, que es el fundamento para apreciar mismo del derecho otorgado, de modo que para apreciar si ello ha ocurrido o no la evolución jurisdiccional no resultaría prudente si se apartara, sin razón que lo justifique, del dictamen de la junta asesora de egresos anticipados" –el destacado figura en el original- (fs. 77).
Finalmente, se pronunció en línea con el Ministerio Público Fiscal (v. fs. 77 vta.), y resolvió casar el pronunciamiento impugnado declarando que recobraba plena vigencia la resolución de la Cámara del 30 de diciembre de 2013 que ya ha sido reseñada.
III.3. El recurso no puede prosperar, pues es inidóneo para demostrar la alegación de arbitrariedad e infracción del principio non bis in idem y de los derechos de defensa en juicio y debido proceso.
La base del argumento de la recurrente radica en que el fallo emitido por la Casación el 14 de octubre de 2014, que revocó la denegatoria de la libertad condicional, quedó firme y consentido por la fiscalía. Sin embargo, esto no es así ya que ante el pronunciamiento que le fue adverso la fiscal adjunta del Tribunal de Casación formuló una reserva de interponer un recurso extraordinario en el momento oportuno, por no poder hacerlo en esa ocasión teniendo en cuenta que lo decidido por la Casación no constituía una sentencia definitiva en la medida en que disponía un reenvío sin decidir íntegramente el asunto en discusión (v. fs. 59, causa 63.463). Así lo explica, también, la Procuración General en su dictamen a fs. 202.
Por lo tanto, el planteo no resulta eficaz, más allá de lo que pudiera decirse acerca del criterio de la Sala Tercera de Casación que, mediante una nueva integración volvió a decidir, y en sentido contrario, sobre lo ya resuelto en esa instancia sobre el litigio planteado, sin que quede claro si de esa manera estaba haciendo lugar al planteo fiscal según el cual lo dispuesto en aquella primera ocasión había sido mal interpretado por la jueza de ejecución y la Cámara (v. fs. 12 vta. y sigs.).
En definitiva, sin perjuicio de las particularidades impresas al trámite de esta incidencia, el argumento formulado por la defensa para cuestionarlo, es decir la presunta firmeza de la sentencia emitida en su primera intervención por la Casación, no se corresponde con las constancias de la causa y, por ende, no conduce al progreso del reclamo (art. 495, CPP).
Por consiguiente, no ha podido demostrarse la transgresión de las garantías constitucionales invocadas.
III.4. En cuanto al derecho de fondo ha quedado fuera del alcance de la admisibilidad resuelta a fs. 137/140 de la causa 71.018, sin reclamo de la parte.
En efecto, allí se concedió la impugnación en virtud de que la defensa "...cimentó su crítica en la arbitrariedad de lo resuelvo por la nueva integración de la Sala -el 1 de diciembre de 2016- por violación al derecho de defensa y al debido proceso -entre otros- en tanto el órgano jurisdiccional emitió su pronunciamiento sin valorar la firmeza del decisorio del 14 de octubre de 2014, por el que se establecieron los parámetros a ponderar a los fines del otorgamiento de la libertad condicional de López". Consideró esta Corte en tal ocasión que "Así, el quejoso ha logrado demostrar la suficiencia del planteo federal esbozado, el que debe ser atendido por este alto Tribunal..." (fs. 192 vta.).
Restringida, entonces, de tal modo la competencia abierta en esta instancia, ninguna otra cuestión debe ser abordada.
IV. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales de la doctora Norma Isabella de González por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia