Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129608
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja interpuesta por la señora defensora adjunta ante el Tribunal de Casación Penal y, en consecuencia, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado a favor de Ángel Jesús Molina en la parcela que fuera declarada inadmisible (arts. 486 bis, 494 CPP t.o., ley 14.647).
La Plata, 21 de marzo de 2018.-
La presente causa P. 129.608-RQ, caratulada: "Molina, Ángel Jesús S/ Recurso de queja en causa N° 71.621 y su acum. 71.619 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de agosto de 2016, rechazó el recurso homónimo interpuesto en favor de Matías Alfredo Concha e hizo lugar parcialmente al deducido en beneficio de Ángel Jesús Molina incoados contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de de Azul, con asiento en Tandil, que condenó al primero de los nombrados a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, y al segundo a la de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables del delito de homicidio simple. En consecuencia, casó el fallo a nivel de las circunstancias agravantes de la pena, y condenó a Molina a diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 385/417 vta., leg. cas. 71619).
Frente a lo así resuelto, la señora defensora adjunta ante aquella instancia, doctora Ana Julia Biasotti dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Ángel Jesús Molina (v. fs. 438/447, causa P. 129.720), haciendo lo propio el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi en beneficio de Matías Alfredo Concha (v. fs. 453/472).
La citada Sala Segunda del Tribunal a quo -mediante auto del 15 de agosto de 2017 (v. 473/482)-, declaró parcialmente admisible el primero y concedió el segundo.
II. Contra esa forma de decidir se alzó la doctora Biasotti deduciendo la queja que obra a fs. 225/229 en causa acollarada P. 129.608 (conf.. art. 486 bis del CPP, t.o. según ley 14.647).
II.1. Luego de hacer alusión al cumplimiento de los recaudos formales de la presentación en estudio, y efectuar una reseña de los antecedentes relevantes del caso (v. fs. 225/226 vta.), se ocupó de los fundamentos de la queja.
En relación a ello, puntualizó que la casación desestimó por inadmisibles los agravios invocados en el acápite V puntos "b", "c" y "d" del recurso extraordinario, en los cuales se denunciara: "...1) violación al debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia (arts. 18 de la C.N., 15 de la Constitución Provincial, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP) al asumir competencia positiva para fijar la pena, 2) violación al derecho del condenado a ser oído (arts. 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCP, 41 del CP) en el marco del derecho a defenderse una vez más -reconocido por la doctrina legal de VV.EE in re P. 73366 'G' del 31 de agosto de 2007 y P. 85.467 'Castro' del 10 de septiembre de 2008 y la Corte Suprema de la Nación in re Maldonado (Fallos 328:4343) y P. 1659. XL 'recurso de Hecho' Pin, Hugo, correa, Ángel Abel y otro' del 8 de septiembre de 2009-, por haber fijado pena sin llevar a cabo la audiencia de visu , 3) violación a la utilidad de la defensa en juicio en el contexto de la obligación a la revisión amplia y con esfuerzo del fallo condenatorio al no tratarse los planteos introducidos en la instancia casatoria", y "En todos los casos se relacionó el compromiso de aquella decisión con las disposiciones que consagran dichos principios de raigambre constitucional y convencional" (fs. 227 vta./228).
Argumentó que al decidir como lo hizo, el Tribunal intermedio excedió los límites del control de admisibilidad, en tanto que sólo debía corroborar si se encontraban satisfechos los requisitos formales previstos por la ley para el recurso en cuestión, sin embargo al desestimar parte de los planteos de la defensa, utilizó el control de admisibilidad para realizar una defensa de los fundamentos de su propio fallo, efectuando una desvaloración del contenido del recurso (v. fs. 228 y vta.).
Es decir, excedió la competencia que le ha atribuido el art. 486 del ceremonial "...avanzando indebidamente en el examen de fundabilidad del reclamo, en clara invasión a la competencia qua a [esta] Suprema [C]orte le corresponde..." (fs. 228 vta.).
III. La queja es fundada.
III.1. Conforme surge del recurso extraordinario intentado, la doctora Biasotti impugnó el fallo del tribunal intermedio que -en lo que interesa- había casado parcialmente la sentencia de condena en el rubro agravantes y descartado como tal "...la conducta observada por Molina en el tramo final del homicidio de Maciel, aplicando puñaladas con su cuchillo sobre la espalda del cuerpo inerte [...] de la víctima", ello en razón de haberse transgredido el art. 371 del Código Procesal Penal, condenándolo a diecinueve años de prisión y rechazando en lo demás el recurso casatorio articulado por la defensa del nombrado (v. en particular fs. 417 y vta., causa P. 129.720).
Concretamente, en el acápite "V" formuló cuatro agravios que fueron desarrollados en los apdos. a, b, c y d.
En primer lugar, denunció la errónea aplicación del art. 79 y la no aplicación al caso del art. 95 ambos del Código Penal (v. fs. 440/441). En segundo término alegó violación al debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. provincial; 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP) (v. fs. 441/442 vta.). En tercer lugar, consideró vulnerado el derecho del condenado a ser oído (v. fs. 442 vta./443 vta.). Finalmente, denunció la afectación a la utilidad de la defensa en juicio en el contexto de la obligación a la revisión amplia y con esfuerzo del fallo condenatorio (v. fs. 444/446 vta.).
III.2. A su turno el Tribunal recurrido declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario.
Luego de reseñar los agravios llevados y hacer referencia a los recaudos formales del medio revisor incoado (v. fs. 473 vta./476), sostuvo que sólo el vinculado a la errónea aplicación de la ley sustantiva cumplía con el requisito contemplado en el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 476).
Respecto de los restantes reclamos, señaló que la recurrente no había demostrado que estuviese involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de naturaleza federal, susceptible de excitar la competencia revisora de este Superior Tribunal provincial como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48 (v. fs. cit.).
Así, con relación al agravio reseñado en el apdo. "V.b)", sostuvo que "...las críticas se relacionan con una temática de derecho común, cuál es la determinación de la pena en concreto, la que conforme su naturaleza resulta impropia de una eventual cuestión federal, argumento éste que si bien fue expuesto no ha sido acompañado de la debida explicación a los fines perseguidos en el recurso", y siguió un poco más al agregar que "...la defensa se ha limitado a exponer su disenso con la decisión recurrida expresando su particular interpretación acerca del modo en que debió resolverse en [esa] instancia (reenviando para la imposición de pena al encausado), circunstancia expuesta desde su óptica personal que no posibilita establecer la relación directa e inmediata entre lo decidido en el fallo y las garantías constitucionales que fueron invocadas por la impugnante" (fs. 476 vta.).
En cuanto al reclamo contenido en el acápite "V.c)", señaló "…está dirigido, en lo esencial, a poner en evidencia un supuesto defecto procedimental anterior a la sentencia y que se vincula -en rigor- con cuestiones típicamente procesales que son ajenas a la vía deducida, sin que la defensa haya conseguido formular adecuadamente el compromiso directo de las garantías constitucionales citadas en la impugnación que impondría su conocimiento por la Suprema Corte provincial..." (fs. 477).
Por último, destacó que la crítica enderezada contra la resolución de ese organismo por no haber tratado los novedosos planteos expuestos en la oportunidad prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal, también era inadmisible. En ese sentido, entendió que la cuestión federal argumentada no era tal, ello en tanto que bajo la apariencia de un pretendido supuesto constitucional, la disconformidad de la parte involucraba planteos de interpretación de normas de orden local (arts. 451 y 458, CPP), materia ajena a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 477 y vta.).
Pero además agregó "...a pesar de que la recurrente procuró asignarles esa naturaleza excepcional con fundamento en las previsiones del párrafo 4 del art. 451 del ritual, sin que resulte atinente a esta evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección de esa exégesis legal, cabe indicar que sus apreciaciones no van más allá de la exposición de su particular interpretación acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en la aludida presentación".
De tal manera, indicó que ese reclamo tampoco cumplía con los recaudos pertinentes desde que su argumentación no autorizaba a entender que pudiera estar involucrada una cuestión federal de manera directa e inmediata con aptitud para sortear el requisito objetivo del art. 494 citado, ausente en el caso (v. fs. 477 vta. y 478).
III.3. En el derrotero descripto no puede confirmarse el juicio negativo de admisibilidad parcial elaborado por la instancia anterior.
Ello en tanto que al analizar el contenido de los agravios que fundaron la articulación federal, se adentró en alguno de ellos en el acierto de las razones brindadas por la defensa, por ejemplo, para sostener la denunciada infracción al debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. provincial; 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP) invadiendo la competencia privativa de esta Suprema Corte como Tribunal de la impugnación. (conf. doctr. causas P. 125.630, resol. de 17-VI-2015; P. 125.652, resol. de 24-VI-2015; P. 125.578, resol. de 12-VIII-2015; P. 125.376, resol. de 14-X-2015 e/o).
Por otro lado, sin perjuicio de lo que pueda concluirse en torno a la fundabilidad de los agravios de pretenso cariz federal, lo cierto es que la defensa técnica del encartado introdujo en la primera oportunidad procesal disponible a tales fines planteos de ese tenor, y los vinculó en concreto con el pronunciamiento cuestionado y circunstancias específicas del caso, justificando la relación directa e inmediata, y el perjuicio que de dicho proceder se derivó a su asistido (v. fs. 441/446 vta., causa P. 129.720).
Siendo ello así, y sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde declarar procedente la queja, y admisible la parcela del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuestionada (arts. 486, 486 bis, 487 y 494 del CPP, t.o., ley 14.647).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar a la queja interpuesta por la señora defensora adjunta ante el Tribunal de Casación Penal y, en consecuencia, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado a favor de Ángel Jesús Molina en la parcela que fuera declarada inadmisible (arts. 486 bis, 494 CPP t.o., ley 14.647).
Regístrese y notifíquese.-
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°305
Fin de la sentencia