Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128652
En la ciudad de La Plata, a 18 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.652-RQ, "Zuñiga Melillan, Manuel Antonio; Zuñiga, Manuel Antonio y Quanto, Mirna Elisabeth s/ Recurso de queja en causa n° 71.157 y su acumulada n° 71.161 del Tribunal de Casación Penal, Sala V" y su acumulada P. 128.839-RC, "Zuñiga, Daniel Esteban s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 71.161 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 15 de diciembre de 2016, admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Daniel Esteban Zuñiga y desestimó por inadmisibles las vías extraordinarias de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidas por la defensa pública a favor de Manuel Antonio Zuñiga Melillan, Manuel Antonio Zuñiga y Mirna Quanto, todas en oposición al fallo de dicha Sala que rechazó los recursos casatorios y confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos del Departamento Judicial de Bahía Blanca que condenó a Daniel Esteban Zuñiga a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado en los términos del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal; a Manuel Antonio Zuñiga a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas; a Mirna Elizabeth Quanto a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas y a Manuel Antonio Zuñiga Melillan a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlos coautores del delito de abandono de persona agravado por el resultado muerte, en los términos del art. 106 párrafo tercero del Código Penal (v. fs. 298/301 en función de fs. 194/237, leg. 71.157 y acum.).
En lo que respecta a la vía del art. 494 del Código Procesal Penal articulada respecto de Daniel Esteban Zuñiga (causa P. 128.839-RC), el a quo la admitió por juzgar que el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua configura una cuestión de índole federal suficiente (v. fs. 300 vta.).
Por otra parte, la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Manuel Antonio Zuñiga (hijo), Mirna Elizabeth Quanto y Manuel Antonio Zuñiga Melillan (padre), derivó en la queja deducida por el señor defensor oficial Daniel Aníbal Sureda, registrada como P. 128.652-RQ. El 14 de junio de 2017, esta Corte declaró procedente el recurso de hecho y concedió el carril extraordinario en cuestión (v. resol. de fs. 264/265). Este Tribunal entendió que las cuestiones de cariz federal relativas a la arbitrariedad por indebida fundamentación, defensa en juicio, debido proceso y derecho al recurso habían sido desarrolladas con la suficiencia y carga técnica necesarias para sortear el estadio de admisibilidad y guardaban relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto por el órgano casatorio al confirmar la sentencia de primera instancia (v. fs. 264 vta.).
Oído el señor Procurador General quien propició el rechazo del recurso (v. fs. 318/323), dictada la providencia de autos (v. fs. 324) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Daniel Esteban Zuñiga?
2ª) ¿Lo es el articulado a favor de Manuel Antonio Zuñiga Melillan, Manuel Antonio Zuñiga y Mirna Elizabeth Quanto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. A tenor del alcance que surge del juicio de admisibilidad relacionado con el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Daniel Esteban Zuñiga, en razón del planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua prevista para los delitos descriptos en el art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal -ver fs. 298/301 vta., en particular, fs. 300 vta.-, dicha parte alega que esa especie de pena contraviene los principios de culpabilidad por el acto y de proporcionalidad (v. fs. 274, leg. 71.157).
Tras discurrir acerca del primero de los indicados, sostiene que existe la posibilidad de otorgar una interpretación constitucional a dicha clase de pena si se le asigna un contenido numérico de hasta veinticinco años de prisión (v. fs. 277, ibíd.).
Añade que sus críticas poseen andamiaje a partir de la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, del cual reprodujo algunos fragmentos (v. fs. cit./278, ibíd.).
Señala que de concluirse que la sanción perpetua no habilita la interpretación propuesta, no restaría otra opción que la declaración de inconstitucionalidad de aquella forma de prisionización, por contrariar lo normado en los arts. 1, 4, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 278 cit.). No obstante, refiere, que por tratarse de una declaración de ultima ratio, deberían efectuarse los esfuerzos interpretativos necesarios para adecuar a derecho el instituto, merced al control de convencionalidad derivado del art. 1 del citado Pacto de San José de Costa Rica (v. fs. 279/281 y vta., leg. indicado).
También afirma que la pena de prisión perpetua vulnera el principio de proporcionalidad entre la sanción aplicada y el bien jurídico afectado por conllevar el encierro de por vida del condenado que se traduce en su eliminación social (v. fs. 282 vta.), en contradicción del art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
II. El recurso no procede.
La parte se desentiende de los argumentos por los cuales la casación rechazó análogos cuestionamientos a los aquí traídos. Pues, sobre la inconstitucionalidad achacada a la pena de prisión perpetua, el a quo, convalidando lo actuado por el tribunal de la instancia, recordó que tal declaración es una medida de extrema gravedad institucional, a la que cabe echar mano como ultima ratio del orden jurídico, a tenor de la doctrina de fallos de la Corte federal que citó (v. fs. 213 y vta., ibíd.).
Expuso que en nuestra legislación no existen las penas a perpetuidad estricto sensu pues todas habilitan la posibilidad de obtener la libertad a condición de verificarse una serie de requisitos temporales y exigencias de buen comportamiento y progresión en el tratamiento penitenciario, con cita de los arts. 13 del Código Penal; 16, 23 y 54 de la ley 24.660 y 101 de la ley 12.256.
Agregó que el supuesto por el que fue condenado Daniel Esteban Zuñiga no vulnera el principio de legalidad toda vez que la severidad de la sanción prevista es correlato de la gravedad del delito tipificado en el art. 80, importando para el imputado el cumplimiento de un lapso de treinta y cinco años de encierro como uno de los requisitos para obtener la libertad condicional. Señaló que los diversos beneficios de salidas anticipadas previstos en la ley de ejecución penal determinan que en la mayoría de los casos la duración efectiva del encierro no pueda precisarse al momento del cómputo de pena, pudiéndose efectuar pronósticos más o menos cercanos sobre la fecha de liberación, sin que ello importe una vulneración del principio de legalidad (v. fs. 214, ibíd.).
Sostuvo que la discriminación que realiza el legislador para asignar la pena de prisión perpetua a los delitos del art. 80 del Código Penal se funda en el grave disvalor de acción, consistente en la mayor ilicitud que comporta tanto la acción homicida llevada a cabo contra su cónyuge como aquella que es resultado de la violencia de género contra la mujer. Añadió que en el primer caso se evidencia un menosprecio del respeto que se deben mutuamente los esposos, atentando contra las relaciones de familia y en el segundo se busca resguardar a la mujer frente a la violencia ejercida por un hombre que la coloca en situación asimétrica, lo que impone que la protección legal sea más enérgica a través de la pena acentuada; y que ese extremo disvalor de acción determina la pena fija, sólo modulable en su gravedad por la especie de pena: prisión o reclusión (v. fs. 214 vta.).
Asimismo, la casación desechó el planteo relativo a la vigencia de la ley 26.200 y su examen comparativo con el requisito temporal del art. 13 del Código Penal pues entendió que reducir el monto punitivo impuesto a Zuñiga por dicha norma importa la avocación de facultades legislativas impropias de la magistratura y que, además, los agravios expuestos por la parte a su respecto habían sido desarrollados de manera dogmática (v. fs. 215 vta. y 216).
Finalmente, sostuvo que la prisión a perpetuidad no comportaba una pena cruel, inhumana o degradante ni podía equipararse a la pena de muerte, porque la privación de la libertad que conlleva no viola el derecho fundamental a la vida y de ninguna manera resulta una pena análoga a la pena capital (v. fs. 216 y vta.).
III. En ese marco, las genéricas consideraciones vertidas en el recurso dejan al descubierto que el quejoso se desentiende de las respuestas dadas por la casación, en tanto no se ocupa de la discusión concretamente entablada en el caso, y de esa forma no puede justificar que el examen del a quo haya importado un menoscabo a los principios invocados (art. 495, CPP).
En efecto, en la pretendida inconstitucionalidad de la pena perpetua, se destaca que su previsión sólo lo es para la afectación de los bienes jurídicos de mayor importancia y en condiciones particularmente graves, tales los supuestos del art. 80 del Código Penal, por lo cual esa pena, cuya duración se determinará en la etapa de ejecución, no resulta inconstitucional en la medida que guarda racional vinculación con la gravedad del ilícito, sin que dichas respuestas hayan sido idóneamente replicadas en la impugnación bajo estudio.
Por otra parte, tampoco se advierte la relación de la especie de pena aplicada con la pena de muerte.
En cuanto a la reclamada cuantificación numérica de la prisión a perpetuidad, cabe recordar lo resuelto por este Tribunal en reiteradas oportunidades en el sentido que la pretensión de que la pena perpetua se traduzca en un valor numérico o, en su defecto se declare su inconstitucionalidad, no posee agravio actual en tanto el asunto concierne a la etapa de ejecución de la condena. De la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe inferir que aun para el caso de las penas de esa especie o absolutas deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN causa "Ibáñez", sent. de 14-VII-2006; SCBA, causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006 y P. 94.377, sent. de 18-IV-2007).
En tal entendimiento, la pretendida necesidad de fijar un límite temporal surgiría, eventualmente, al momento de peticionar su libertad por considerar agotado su cumplimiento o con derecho a alguna alternativa consustancial al régimen de progresividad propio de la etapa de ejecución de la pena, sin advertirse ahora interés actual en el reclamo (arg. art. 421, CPP).
Por ello, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Manuel Antonio Zuñiga Melillan -padre-, Mirna Elizabeth Quanto y Manuel Antonio Zuñiga -hijo- (v. fs. 257/266), el señor defensor oficial, en miras de franquear la interdicción que impone el art. 494 del Código Procesal Penal en orden al monto de pena, alega que se encuentra en juego el derecho de los imputados a la revisión amplia de la sentencia de condena por un tribunal superior. Según sostiene, este no ha sido satisfecho a cabalidad (v. fs. 257 vta.), pues el a quo se limitó a dar una respuesta formal, que ha importado un tránsito meramente aparente por la instancia revisora (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.; fs. 261 vta. y 264/265).
En ese discurrir, tacha de arbitrario el fallo en crisis con base en diversas consideraciones que aunque carentes de un adecuado orden expositivo, pueden resumirse en las siguientes.
I.1. Denuncia, de un lado, "apartamiento notorio de las constancias de la causa", pues la casación no abordó los planteos desarrollados por los entonces defensores de los imputados con el alcance en que fueron sometidos a su conocimiento. Repasa los formulados en cada uno de los recursos casatorios y en el memorial ante esa sede, los cuales -a su entender- fueron rechazados con el déficit referido.
Respecto de Zuñiga Melillan (padre –leg. 71.157-) recuerda que cuestionó la afectación al principio de congruencia por divergencias entre la acusación y la sentencia de condena en lo que hace al medio comisivo del art. 106 del Código Penal; la errónea aplicación de ese precepto por falta de prueba suficiente y por no haberse demostrado la configuración del dolo; y en subsidio, la reducción de la pena impuesta por arbitraria aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 260). En tanto que con relación a Zuñiga (hijo) y Quanto (leg. 71.161), también le atribuyó arbitrariedad al fallo porque -a su criterio- con apartamiento de las constancias probatorias del caso afirmaron el supuesto de hecho típico y el dolo; por la contradicción emergente de sostener que la muerte de Daniela Torres fue producto de la acción de Daniel Zuñiga (condenado por homicidio agravado), a la par que del supuesto abandono de persona; y finalmente, en subsidio, por lo actuado en el acápite de determinación de la pena (v. fs. 260 y vta.).
Refiere que en la oportunidad prevista por el art. 458 del Código ritual la defensa alegó que el pronunciamiento de grado adolecía de defectos lógicos pues si Daniela Torres estaba incapacitada por la acción de su marido, entonces ya estaba "desamparada", por lo que Zuñiga Melillan (padre), Zuñiga (hijo) y Quanto nunca pudieron colocarla en ese estado, dado que "...no puede ponerse en peligro a quien ya estaba incapacitada con anterioridad". Explicó que no se sacó a la víctima de un ámbito donde estuviera protegida poniendo en riesgo su salud o su vida (v. fs. 260 vta. y 261), de modo que denuncia la infracción del art. 106 del Código Penal. A su criterio, al quedar acreditado que ninguno de sus asistidos convivía con la víctima ni con el homicida y, ante el cuadro de violencia material constante en dicha pareja, estaban todos tristemente acostumbrados a ello, sin representarse que en esta oportunidad hubiera un fatal desenlace, lo cual demuestra la falta de dolo que requiere el tipo subjetivo del precepto citado (v. fs. cit./262). Del conocimiento que pudieran tener acerca de "una situación familiar violenta", sostiene, no es dable concluir en el delito que se les reprocha, al menos, beneficio de la duda mediante (arg. art. 1, CPP).
En suma, afirma que no se efectuó una evaluación objetiva de la prueba ni se constató si los indicios fueron plurales, inequívocos y concordantes para de ese modo arribar a la certeza requerida sobre la responsabilidad de sus defendidos (v. fs. 262 y vta.).
I.2. También alega igual déficit revisor en lo concerniente a la denuncia de violación al principio de congruencia respecto del hecho que le fuera imputado a Manuel Antonio Zuñiga Melillan (padre), en tanto se justificó la decisión en la inexistencia de una mutación esencial del factum contenido en la acusación fiscal en correlación con el de la condena, sin entidad para comprometer el derecho de defensa, afirmación que reputa absurda (v. fs. 262 vta.).
I.3. Aduce que no se otorgó un tratamiento serio e independiente a los cuestionamientos llevados en la memoria en torno a la falta de materialización de la acción reprochada (v. fs. 263).
I.4. Finalmente, resalta que la denuncia de adecuada fundamentación en la determinación de la pena, se resolvió de modo dogmático, exhibiendo el mismo déficit motivacional que descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido con arreglo a la doctrina de la Corte federal sobre arbitrariedad de sentencias (v. fs. 263).
Por todo lo expuesto, solicita la absolución de sus defendidos con sustento en el principio in dubio pro reo, merced a que el órgano intermedio desatendió el agravio central que versaba sobre la orfandad probatoria en cuanto a la responsabilidad penal de los imputados en el delito de abandono de persona. En subsidio, requiere una disminución de las penas por haberse impuesto montos alejados del mínimo legal sin fundamentación fáctica ni jurídica (v. fs. 263).
Explica que este apartamiento quebrantó el derecho a ser oído derivado del derecho de defensa en juicio e hizo que el trámite recursivo fuera meramente aparente, en contraposición a los lineamientos fijados en los fallos "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y "Casal" del Máximo Tribunal nacional (v. fs. 263 vta./265).
II. De modo preliminar y a los fines de lograr una mayor claridad expositiva resulta preciso aclarar que en la condena de primera instancia confirmada por el a quo se tuvieron por debidamente probados dos hechos que se vincularían con la fatídica muerte de Daniela Torres:
II.1. Hecho I: En fecha indeterminada pero entre los días 25 y 28 de octubre de 2013 a las 23 hs. aproximadamente, "...una persona de sexo masculino mayor de edad en el domicilio [que se indica] le aplicó a su cónyuge conviviente desde hacía diez años y madre de sus cuatro hijos menores de edad, Daniela Torres, una feroz golpiza con sus puños y objetos contundentes, como así también le produjo un padecimiento innecesario, prolongándole su agonía al privarla de hidratación, alimento y la debida asistencia médica durante al menos tres días, todo lo cual le provocó politraumatismo generalizado de cráneo con hematoma en ojo izquierdo y escoriaciones varias, por golpes de puño y objeto contundente en forma rectangular de un centímetro de ancho y más de quince centímetros de largo aproximadamente, excoriaciones y hematomas en varios estadios de evolución, con lesiones de reciente data de un día a más de cinco días de evolución, ambas manos con edemas importantes con coloración rojiza en las muñecas que se corresponde con edema por presión por ataduras e inmovilización; cuadro de estupor profundo, deshidratación e hipotensión severa por falta de líquidos y alimentos de varios días, lesiones pulmonares por fracturas costales de novena y décima costillas flotantes del hemitórax izquierdo con contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, siendo intervenida quirúrgicamente por esta razón. En región abdominal presenta hematomas y escoriaciones varias en región anterior y posterior con hemorragia digestiva alta, alteración de la función hepática, renal e intestinal por lo que fue intervenida quirúrgicamente, derivando en su deceso el día 29 de octubre de 2013 a las 21:35 hs. por paro cardio respiratorio por fallo múltiple orgánico debido a politraumatismo generalizado" (fs. 68/69 y 197 vta./198 y vta.).
Este hecho -que llegó incontrovertido a esta Corte- se le endilgó exclusivamente a Daniel Esteban Zuñiga en calidad de autor del delito de homicidio calificado en los términos del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal.
II.2. Por otra parte, el tribunal de primera instancia tuvo por debidamente probado como Hecho II el que describió del siguiente modo: "En fecha indeterminada pero aproximadamente y al menos durante el transcurso del día 28 de octubre de 2013, los imputados de autos Manuel Zuñiga Melillan, Manuel Zuñiga (h) y Mirna Quanto pusieron en
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