Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128051 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Néstor Claudio Cuce y Stella Maris Santerre contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°1282
P. 128.051 -RQ - “Cuce, Néstor Claudio y Santerre, Stela Maris s/ Recurso de queja en causa n° 71012 y su acumulada N° 71014 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.-
//Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.051 -RQ, caratulada: “Cuce, Néstor Claudio y Santerre, Stela Maris s/ Recurso de queja en causa n° 71012 y su acumulada n° 71014 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. Conforme surge de las piezas aportadas, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de agosto de 2016, en lo que interesa, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Néstor Claudio Cuce y Stella Maris Santerre contra la decisión de dicho órgano que había resuelto rechazar el recurso de la especialidad articulado por la defensa oficial, confirmando así la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca, por la que se los había condenado -en trámite de juicio abreviado-, al primero de los nombrados -Cuce- a siete años y seis meses de prisión, multa de dos mil doscientos cincuenta pesos, accesorias legales y costas, como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis destinadas al consumidor doblemente agravado, y autor del de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, en concurso real; y a Stella Maris Santerre a seis años y seis meses de prisión, multa de dos mil doscientos cincuenta pesos, accesorias legales y costas, como coautora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis destinadas al consumidor doblemente agravada (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 55 y 189 bis, inciso 2°, primer párrafo, del C.P.; 5 inciso c) , 11 incisos a) y c) y 34 inciso 1° de la ley 23.737) -fs. 72/75 y fs. 49/58, respectivamente-.
2. Contra esa decisión se alzó el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, Dr. Ignacio Juan Domingo Nolfi, mediante queja por remedio extraordinario denegado (fs. 78/83).
Luego de transcribir los fundamentos por los cuales se declarara inadmisible el remedio de inaplicabilidad interpuesto, individualizó dos motivos como los utilizados por el a quo para ello: a) carencia de relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo resuelto, y de qué modo estas fueron vulneradas por lo decidido por el Tribunal casatorio y b) la falta de argumentos que demostrasen el error o la arbitrariedad en lo resuelto, por el tribunal intermedio (fs. 80).
En primer lugar, destacó que en el recurso interpuesto había denunciado correcta y acabadamente la arbitrariedad de la sentencia por entender que la misma afectaba el principio de legalidad y las garantías de debido proceso, defensa en juicio y derecho a una revisión amplia de la sentencia de condena (fs. cit. y vta.).
En cuanto al primer motivo de inadmisibilidad apuntado, expuso que resultaba llamativo el razonamiento efectuado, “toda vez que [esa] parte [del recurso denegado] fue clara y contundente al explayarse sobre las garantías constitucionales avasalladas (…) efectuando un análisis de lo sucedido en autos y demostrando de qué modo [se] … dictó una sentencia arbitraria” (v. fs. cit. vta.). Para ello, se refirió a los agravios llevados en el remedio de inaplicabilidad de ley, con transcripción de los tramos que estimó pertinentes (fs. cit. vta./81).
Respecto al segundo motivo de inadmisibilidad argüido por el tribunal intermedio entendió que “lejos” de consistir en “una mera transcripción de lo resuelto por la Sala, carente de fundamentos y que no refuta los argumentos dados por la misma, nos encontramos frente a un recurso extraordinario que desarrolla satisfactoriamente el agravio esgrimido y la solución pretendida” (fs. cit. vta.).
En ese sentido, transcribió nuevamente los tramos del remedio que estimó conducentes y concluyó en que “surge claramente que (…) no sólo no efectuó una mera transcripción de lo resuelto (…) sino que cuestionó –suficiente y satisfactoriamente- cada uno de los argumentos brindados” (fs. 82).
Entendió que la decisión de la casación al declarar inadmisible la vía extraordinaria con base en un supuesto planteo incorrecto de la cuestión federal “no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía (…) intentada para acceder a la jurisdicción de los tribunales superiores” ya que, con tal proceder, se violaron principios y garantías constitucionales.
Expuso que al haberse sancionado la Ley 14.647 con posterioridad al hecho cuya comisión se le imputa a sus pupilos procesales y establecer un “doble juicio de admisibilidad”, deben evitarse los rigorismos en la evaluación del caso por el propio órgano revisor (fs. cit. vta.).
Finalmente, solicitó a este Tribunal el establecimiento de parámetros a observar por parte del órgano casatorio al realizar el control de admisibilidad a fin de evitar la desnaturalización del instituto en desmedro de los derechos y garantías de los imputados, quienes de otro modo verán frustrado su acceso a la jurisdicción en el marco de su derecho a defenderse una vez más contra la sentencia de condena (fs. 83).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado por la Sala III del Tribunal de Casación.
1. El Tribunal Intermedio estimó que no se encuentra reunido el recaudo vinculado con el monto de pena exigido por el art. 494 del C.P.P.
Luego, recordó que si bien de conformidad con la doctrina de los fallos “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” los límites del art. 494 deben ceder ante el correcto planteamiento de una cuestión federal, tal situación no se patentiza en la especie pues el pretendido planteo constitucional no es eficaz (fs. 73 vta./74).
En tal sentido, aseveró que “la defensa no logra demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso”, pues “se limita a transcribir la respuesta dada por la Sala al planteo, pero sin proporcionar ningún argumento que, más allá de la queja, demuestre el error o la arbitrariedad que pregona, especialmente, en lo que atañe al razonamiento formulado a fs. 61 vta., párrafos quinto y sexto”, segmento del fallo en el que se diera respuesta negativa al reclamo relativo a las pautas mensuradoras de la pena que formulara la parte en el respectivo remedio casatorio (fs. cit. y vta. y 55 vta.).
Por otra parte, observó que si bien el recurso afirma la violación a las garantías del debido proceso y defensa en juicio, como así también al principio de legalidad en materia penal “paralelamente, no existe una sola línea que aborde, en estos ítems, la sentencia impugnada y proporcione un argumento sobre el modo como dichas garantías se habrían vulnerado” (fs. 74 vta.).
Por ello, estimó “inmotivada la cuestión federal” denunciada y declaró que mantenían “plena validez los límites de recurribilidad impuestos por el artículo 494 del ritual” (fs. cit. vta.).
2. De lo expuesto surge que los argumentos desarrollados en la queja no resultan eficaces para remover el defecto formal que dio sustento a la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En efecto, el impugnante, por una parte desplegó una técnica infructuosa pues se limitó a reeditar lo expuesto en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 80 vta./82) y, por la otra, no ha logrado demostrar con suficiencia que la interpretación de la norma procesal que propone (art. 395 C.P.P., v. fs. 79 vta.) tuviera en el caso una relación directa e inmediata con la denunciada afectación del derecho a una revisión amplia de la sentencia de condena (arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C.yP.) o la tacha de arbitrariedad intentada por afectación a aquél derecho y al principio de legalidad y las garantías de debido proceso y defensa en juicio, siendo -además- que tampoco evidencia que lo expuesto en el remedio de inaplicabilidad de ley no trascienda de un mero tópico de carácter procesal.
De ese modo, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Néstor Claudio Cuce y Stella Maris Santerre contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia