Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128853
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, por improcedente, la queja traída por la defensa particular con costas (art. 486 bis CPP, ley 14.647).
2Declarar la inoficiosidad de la tarea profesional desarrollada por la doctora Lucia Boggio ante esta instancia a los fines regulatorios (art. 30 del decreto ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"DIAZ, NAHUEL HERNÁN S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 71.414 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA I".
La Plata, 29 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.853 RQ, caratulada: "Díaz, Nahuel Hernán S/ Recurso de queja en causa N° 71.414 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 23 de junio de 2016, en lo que aquí interesa, declaró inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la entonces defensa oficial de Nahuel Hernán Díaz contra la decisión de ese mismo órgano que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mar del Plata que lo condenó a la pena de siete años y seis meses de prisión por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego (v. fs. 30/36).
Para arribar a tal decisorio, afirmó que las cuestiones federales (revisión aparente de la sentencia de condena arts. 8.2.h., CADH y 14.5. del PIDCP-) no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias para sortear las limitaciones del art. 494 del Código Procesal Penal.
Aseveró que la defensa se desentendió de lo efectivamente resuelto en el caso y reeditó las críticas oportunamente llevadas en la impugnación casatoria, sin probar la relación directa e inmediata con lo fallado.
Finalmente, señaló que se expuso un criterio divergente con la valoración de la prueba, sin demostrar las causales de absurdo, arbitrariedad ni el modo en que los fallos del Máximo Tribunal nacional resultarían aplicables al caso. En su apoyo, citó precedentes de esta Corte.
II. La defensora particular, doctora Lucía Boggio, el 10 de abril 2017, dedujo queja (v. fs. 39/53 vta.).
III. El recurso de hecho es manifiestamente inadmisible por haberse presentado una vez vencido el plazo previsto en el art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Tal cual surge de las copias adjuntas al presente, Nahuel Hernán Díaz, se notificó del pronunciamiento en crisis el 29/VI/2016 y manifestó su voluntad impugnativa en el asiento de la unidad penitenciaria (v. fs. 38).
Por su parte, la defensa particular como se adelantara- articuló queja el 10/IV/2017 (v. cargo a fs. 53 vta.).
Cabe destacar que no se acompañaron copias que acrediten el momento en que la defensa tomó conocimiento de la voluntad de apelar de Díaz, a pesar de ser ésta una pieza útil para, eventualmente, sortear el recaudo de la temporaneidad (conf. art. 486 bis del CPP; P. 125.385, res. del 15/IV/2015; P.125.499, res. del 13/V/2015; P.125.601, res. del 27/V/2015; P.125.576 y P.125.591, ambas res. del 3/VI/2015; P. 125.603, res. del 17/VI/2015, entre otras).
IV. En función de lo expuesto, y tal como se adelantara, el plazo previsto en el citado art. 486 bis venció holgadamente en tanto, tomando en cuenta la única notificación que se adjuntó al presente (la del imputado de fecha 29/VI/2016 por no haberse acompañado la fecha en que la defensa oficial tomó conocimiento de la misma), transcurrieron más de nueve meses hasta la presentación de la queja ante esta Corte.
V. Frente a tal situación, la defensa no efectuó ninguna alegación en el recurso de hecho tendiente a justificar su presentación fuera de plazo legal (v. fs. 39/53 vta.).
Si bien es cierto que los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley, y que es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda, lo cierto es que no puede admitirse que la defensa deje sin efecto los plazos correspondientes para la interposición de los recursos de ley sin argüir al menos- alguna circunstancia razonable que permita excepcionar dicho plazo de ley (conf. mutatis mutandi P. 123.447, res. del 1-VII-2015).
VI. Frente a cualquier eventualidad, teniendo en especial consideración la manifestación in pauperis del imputado (v. fs. 38), aún para el caso de soslayar la extemporaneidad del recurso de hecho, de todos modos, éste no podría tener acogida favorable.
En efecto, el argumento troncal que le dio sustento a la inadmisibilidad decretada por el a quo relativo a que los agravios de pretensa índole federal (arbitrariedad y errónea revisión de la sentencia de condena) no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias por no trascender de meras cuestiones de índole procesal y probatoria (conf. Strada, Di Mascio y Christou de la Corte nacional), no pudo ser removido por la defensa.
En rigor, la parte se limitó a efectuar afirmaciones genéricas y dogmáticas vinculadas con el derecho al recurso, la presunción de inocencia y reeditó los planteos llevados oportunamente en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en torno al modo en que se valoró la prueba, insistiendo en que debió aplicarse la garantía del in dubio pro reo (v. recurso de queja a fs. 39/53 vta.). Sin embargo, esta técnica resulta infructuosa en tanto no se evidenció que dichas críticas trascendieran una mera opinión discrepante con la valoración de la prueba ya que no se demostró la relación directa e inmediata entre ellas, las garantías constitucionales supuestamente afectadas y lo fallado por el Tribunal de Casación Penal al revisar la sentencia de primera instancia (v. sentencia a fs. 15/22).
En suma, aun para el supuesto de soslayar la extemporaneidad, lo cierto es que no cambiaría la suerte de lo decidido pues la queja, igualmente, no sería de recibo.
VII. Lo decidido precedentemente importa la declaración de inoficiosidad de la labor profesional de la letrada interviniente.
En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos.
Lo expuesto es atinente más allá que en la concreta situación de autos se arribe a tal temperamento aplicando el régimen anterior o la nueva regulación (vid. Art. 30 de ambas legislaciones).
Por ello, la suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar, por improcedente, la queja traída por la defensa particular con costas (art. 486 bis CPP, ley 14.647).
2. Declarar la inoficiosidad de la tarea profesional desarrollada por la doctora Lucia Boggio ante esta instancia a los fines regulatorios (art. 30 del decreto ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia