Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127265 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja articulada por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación Penal, a favor de Alba Noemí Gutiérrez y Franco Nicolás Gutiérrez; con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. -según ley 14.647-).
P. 127.265-RQ “Gutiérrez, Alba Noemí y Gutiérrez, Franco Nicolás s/ Recurso de queja en causa N° 71.453 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 127.265-RQ, caratulada: “Gutiérrez, Alba Noemí y Gutiérrez, Franco Nicolás s/ Recurso de queja en causa N° 71.453 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, el 21 de abril de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que -rechazando la vía homónima- confirmó lo fallado por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Campana que condenó a Alba Noemí Gutiérrez y Franco Nicolás Gutiérrez a las penas de once y diez años de prisión -respectivamente-, accesorias legales y costas, por el delito de homicidio simple, en calidad de partícipe necesaria y coautor (fs. 97/102).
2. Contra lo así resuelto, el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, presentó queja por recurso extraordinario denegado -cfe. art. 486 bis, ley 14.647- (fs. 105/111).
Afirmó que el a quo halló incumplida la exigencia de un planteo de índole federal con la aptitud y carga técnica necesaria para sortear los recaudos objetivos -arts. 494 del C.P.P., y 14 de la ley 48- (fs. 107 y vta.).
En confronte, afirmó -en primer lugar- que la parte tachó de arbitrario el fallo casatorio por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Máximo tribunal, con afectación a la defensa en juicio y el debido proceso legal (fs. 107 vta.).
Puntualizó que la revisión de la sentencia de origen se limitó a una transcripción de los hechos y una enumeración de las constancias probatorias ponderadas. Adunó que ello se replicó -tal como se denunciara en la vía extraordinaria- en el tratamiento al planteo sobre legítima defensa a favor de Franco Gutiérrez (fs. cit.). Coligió que el mero tránsito aparente motivó la tacha de arbitrariedad con cita de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 8.1 y 8.2.h de la C.A.D.H., 14.5 del P.I.D.C. y P., 168 y 171 de la Constitución provincial (fs. 107 vta. in fine/108).
Reiteró que, “contrariamente a lo establecido por el Tribunal de Casación”, se encuentra configurado un planteo federal, oportunamente “acompañado con la fundamentación correspondiente”, que debe ser abordado a tenor de lo fallado en “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” por la C.S.J.N. -art. 14 de la ley 48- (fs.108).
Mencionó que al analizar la admisibilidad el Tribunal casatorio encubre su propia omisión, “excediendo en dicho análisis lo normado por el art. 486 del CPP”, se explayó respecto al principio de imparcialidad judicial, y agregó que lo fallado veda el derecho a la jurisdicción de quienes asiste (fs. 108 vta./109 vta.).
En segundo lugar, expuso que la extemporaneidad de los planteos introducidos en el marco del art. 458 del C.P.P. -irrazonabilidad de la pena- fue denunciada en el carril extraordinario por entender que, al así fallar, el revisor quebrantó la garantía a la revisión amplia e integral del fallo de condena y el derecho al recurso (fs. 109 vta./110).
Sindicó afectada la utilidad de la defensa pública en menoscabo de los derechos de sus representados, y afectado el estado jurídico de inocencia (fs. 110). Tildó nuevamente de arbitrario el fallo y -finalmente- solicitó la intervención de ésta Corte a los fines de evitar la desnaturalización del instituto (fs. cit y vta.).
3. La queja no es de recibo.
a. La Sala Quinta del órgano casatorio entendió reunidas las exigencias de los arts. 482 y 483 del Código de rito, y -no obstante hallar inabastecida la exigencia del quantum respecto a Franco Nicolás Gutiérrez- especificó que las limitaciones de la vía impetrada deben ceder, en casos excepcionales, cuando la parte hubiere puesto en juego una cuestión federal. No obstante, agregó que “e[l] recurrente no exhibió, más allá de su genérica alegación, que en el caso estuviese involucrada de manera directa a inmediata una cuestión de tal naturaleza” (fs. 99).
En esa tarea, trajo a colación lo fallado por la Corte federal respecto a la doctrina de la arbitrariedad, y concluyó en que “[n]inguno de los agravios expuestos…alcanzan a demostrar que en el caso se configuró uno de esos supuestos” (fs. 99 y vta.). De seguido, explicó que las críticas de la parte se vinculan -en rigor- con una temática de neto corte procesal, como es la valoración de la prueba, impropia de la naturaleza exigida (fs. 99 vta.).
En puridad, estimó que el recurso no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, estén involucradas de manera directa a inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa, “en tanto no resultan aptas para sortear los requisitos objetivos, los que, cabe reiterar, están ausentes en esta situación en particular” (fs. 100).
Finalmente, respecto de los planteos novedosos, afirmó que el recurrente soslayó la doctrina de esta Suprema Corte “que establece que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación y que una vez vencido ese término ‘el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos’”. Expuso, que de las argumentaciones tributarias del concepto de la revisión amplia “no se deriva -siquiera indiciariamente- que queden desplazadas las condiciones relativas a la recta y oportuna articulación de planteos recursivos”. En esa senda, razonó que de lo resuelto en “Casal” por la C.S.J.N. no surge que se hayan derogado las normas adjetivas respecto a la oportunidad para la introducir los agravios ante las instancias revisoras (fs. 100 vta.). Añadió que, asimismo, el art. 458 del Código de rito habilita a la parte a completar el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad (fs. 100 in fine/101).
A continuación desestimó el pretenso control de convencionalidad por entender que “descansa sobre la inteligencia que cabe asignarle a instituciones de naturaleza procesal”, esto es, extemporaneidad de los planteos merced a la malla preclusiva del art. 451 del C.P.P., privativa de los tribunales locales y ajena -como regla- a la competencia federal. Finalmente, desestimó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 451 y 458 del C.P.P. por entender que la parte no lo desarrolló de modo suficiente (fs. 101 vta.).
b. De lo reseñado, se advierte que los planteos traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de los planteos, ello es, la tacha de arbitrariedad por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la C.S.J.N., lo que -entendió- afecta las garantías de defensa en juicio y el debido proceso -v. fs. 107 y vta.-, desentendiéndose de los motivos por los cuales el a quo obturó su progreso y que han quedado expuestos precedentemente.
Para más, las diversas consideraciones vinculadas -por un lado- al exceso del órgano, la imparcialidad judicial y el acceso a la jurisdicción (v. fs. 108 vta./109), y -por el otro- respecto a la utilidad de la defensa y el estado de inocencia de quienes asiste, aparecen como argumento genéricos que no logran evidenciar cual es la relación con lo acontecido en el caso.
A mayor abundamiento, y más allá de la ineficacia de los argumentos desarrollados por el quejoso para revertir el juicio negativo en punto a los agravios que fueran desestimados por novedosos, lo cierto es que -en línea con lo expuesto por el a quo- la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la pretensa afectación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C y P. (cfe. P. 78.901, sent. Del 7/XI/2001; P. 75.534, sent. del 21/XI/2001; P. 77.329, sent. del 10/IX/2003; P. 81.725, sent. del 16/IX/2003; P. 83.841, sent. del 9/X/2003; P. 89.368, sent. del 22/XII/2004; P. 99.549, sent. del 8/VII/2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja articulada por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación Penal, a favor de Alba Noemí Gutiérrez y Franco Nicolás Gutiérrez; con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. -según ley 14.647-).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia